Nicolás Redondo Terreros.- La concesión del indulto parcial a los condenados por haber hecho una declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017 quebrando la legalidad constitucional, comporta tres errores fundamentales:

El primero, un error político puesto que no garantiza acabar con la tensiones secesionistas de los dirigentes políticos catalanes sino que crea un espacio más amplio para ellas; el segundo, un error jurídico al no cumplirse ninguna de las condiciones mínimas elementales para estudiar una medida de gracia como ésta, y el tercero, un error histórico dado que obvia no sólo el historial más reciente de los actores agraciados, sino muy especialmente la tradición política que arrastran y que representan en este momento.

Tras escuchar los argumentos esgrimidos por el presidente del Gobierno, desde “La España que Reúne” nos reafirmamos en el convencimiento de que es una estrategia construida sobre los tres errores básicos señalados anteriormente, e incluso con una probabilidad notablemente alta de que ni siquiera sirva para dar estabilidad parlamentaria transitoria a la coalición. Es una decisión en la que hay mucho que perder y poco que ganar como país. El nacionalismo, por definición, es insaciable, e inmediatamente cuando se toma una decisión favorable a sus intereses, busca construir nuevos espacios de confrontación y división, incorporando en esta ocasión un factor nada desdeñable de “riesgo moral”: van a tomar decisiones teniendo en cuenta que el máximo castigo al que se podrían enfrentar se ha reducido drásticamente gracias al indulto parcial y se reducirá mucho más si se produce la reforma del delito de sedición.

Por ello, ante una decisión táctica y estratégicamente errónea, es más necesario que nunca activar todos los mecanismos del Estado de Derecho para corregir un camino que empeora todo. Aunque a corto plazo esto no sea visible, lo será y mucho a medio y largo plazo. Y de ello es consciente la gran mayoría de la sociedad española, la cual está reaccionando y no con comprensión, al contrario de lo que declara la vicepresidenta Calvo, a la concesión de los indultos. Tras los diversos pronunciamientos públicos tanto de ciudadanos anónimos como de profesionales y especialistas, el Gobierno al menos tendría que haber escuchado sus argumentos, al igual que ha escuchado y puesto en valor los de otros colectivos que le han arropado en los últimos días en la escenificación pública de una supuesta unidad a favor de los indultos.

Pero, sobre todo, debería sentarse inmediatamente con los partidos constitucionalistas para tratar de buscar una solución real alejada de unos indultos que, como hemos comprobado por las intenciones de los líderes independentistas, no hacen más que demostrar las debilidades del actual Gobierno, dando concesiones a cambio de nada más que un daño enorme a nuestro país. Es necesario retornar la discusión al Parlamento, a la sede de la soberanía nacional, abandonando mesas paralelas formadas por personas a las que nadie se ha elegido, sobre las que no pesa ningún tipo de rendición de cuentas ante la sociedad y sobre las que no hay ni el más mínimo control parlamentario. No puede sustituirse la política sobre las bases del Estado de Derecho por una comunidad de intereses, sea de partidos políticos o sea de organizaciones de directivos empresariales, confesiones religiosas u otros sobre los que no se puede saber cuáles son los verdaderos intereses que están detrás de sus manifestaciones públicas.

En este sentido, sí que hay una alternativa a la “agenda del reencuentro” que plantea el presidente del Gobierno, y ésta pasa por debatir el más inmediato futuro donde reside la representación del pueblo español: el Congreso y el Senado. La alternativa que desde ‘La España que Reúne’ planteamos, consta de tres elementos esenciales: en primer lugar, rehacer las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña sobre las bases constitucionales y no sobre la idea de la “confederalidad”.

En segundo lugar, discutir en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y acordar por parte de los tres grandes partidos constitucionales el cierre de competencias de las CC.AA, completando un proceso de descentralización administrativa y política comenzado tras la aprobación de la Constitución Española. Y en tercer y último lugar, cerrar el modelo de financiación de los servicios públicos bajo el principio del “federalismo fiscal”, con una igualdad de oportunidades de base en todos los territorios y estableciendo la corresponsabilidad de los gobernantes (especialmente, en Cataluña) con sus decisiones frente a la ciudadanía.

En ningún caso podemos permitir que se cumplan las ambiciones ilegales de los independentistas, y menos que éstas estén presentes en la agenda planteada por el Ejecutivo central y por un partido en la más pura esencia constitucional como es el PSOE. El presidente del Gobierno se ha confundido de amistades, las mismas que ayer en el Liceo de Barcelona le criticaron por los indultos, pidiendo la amnistía de sus presos, y con el mensaje de no parar hasta sus objetivos.

Pedro Sánchez se ha dejado engañar, o se ha engañado a sí mismo, en la búsqueda de una supuesta concordia. Totalmente inexistente, por esa falta de perdón y propósito de arreglar el mal causado. El Gobierno se ha juntado con quien no debía. Estas amistades peligrosas, que son Podemos, Bildu o ERC están llevando al Gobierno a tomar una decisión totalmente equivocada que desencadenará, como la película, una serie de catastróficas desdichas que desarrollaremos de aquí en adelante.