En este país, antes llamado España, calumniar e injuriar resulta gratis. El honor no existe, al menos desde el punto de vista del derecho. Y no me refiero sólo al derecho penal, dónde es prácticamente imposible conseguir la condena de nadie, basta con decir que no se tenía ánimus injuriandi, o calificar a alguien de criminal anteponiendo la palabra presunto, con lo cual parece que no se dice de él lo que se expone públicamente, con mofa y escarnio.

Los periodistas titulados, con una formación francamente lamentable, en la mayoría de los casos, y los panfleteros, que son mayoría, que escriben igual que podrían estar cultivando patatas o criando cerdos, sólo que es más pesado, ponen a caer de un burro a cualquier persona, sin respetar para nada la presunción de inocencia, constituyéndose en tribunal popular, y menos mal que no tienen –por ahora- la posibilidad de mandar a la gente a la hoguera, o de torturarles, pero todo se andará.

Y no vamos a hablar de los contertulios de la tele basura, que también. Unas personas sin oficio ni beneficio, procedentes de grupos sociales minoritarios –homosexuales, lesbianas, bisexuales, etc.-, que intentan por la vía de hecho hacer normales sus “gustos”, defendiendo a las personas que practican las mismas inclinaciones sexuales, y que pontifican desde la ignorancia más absoluta sobre temas jurídicos, sociales, políticos, económicos, pues el que no sabe nada suele creer que domina todas las ramas del conocimiento.

La necesidad de acudir al acto de conciliación previo, donde el injuriador puede retractarse de lo dicho, como normalmente hacen, y el poco interés de los tribunales penales y de la propia fiscalía en llevar adelante estos asuntos, hace que el jurista acabe prefiriendo la vía civil.

Procedimientos civiles en los que sigue aplicándose la normativa de la llamada “Ley Fraga”, pues fue promulgada durante su mandato como Ministro de Información y Turismo, y que establece una triple responsabilidad en cascada, podríamos decir, del periodista –o injuriador correspondiente-, del director del medio, por haber autorizado su publicación, y de la empresa editora, como responsable civil del desaguisado. (En realidad, esa ley ya está derogada).

Demanda contra tres personas, dos físicas y una normalmente jurídica, que puede suponer que acudan a juicio con tres abogados y tres procuradores, lo que, si hay condena en costas, puede suponer la ruina del demandante…Jurisdicción civil que, además, es un largo viacrucis, con primera, segunda y tercera instancia, y finalmente el Tribunal Constitucional, al tratarse del derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión. Total, de diez a quince años, por término medio. Yo mismo he pleiteado por esta vía, y rebasado con creces los diez años de duración del litigio.

Con el peligro cierto de obtener la desestimación de la demanda, y una posible condena en costas, que puede ser millonaria, ya que las costas se fijan en función del petitum de la demanda, es decir, de lo pedido, no de lo obtenido, que en muchas ocasiones es nada.

Y con la imposibilidad de pedir la ejecución provisional de la condena, pues se reformó la ley precisamente para evitarlo, de forma que hay que esperar a que haya una sentencia definitiva para poder instar la ejecución.

En resumen, que a los doce o trece años de haber sido calumniado o injuriado, se puede obtener, en el mejor de los casos, una reparación judicial. ¿Y a quién coño le importa ya el asunto?

Como digo a mis alumnos del grado en derecho, este tipo de litigios si se emprenden hay que empezarlos de joven, para poder verlos.

Si pleitear en España es llorar, parodiando a Larra, defenderse de las calumnias e injurias es para suicidarse. La próxima vez que un periodista me ponga a parir iré directamente a darle un par de hostias. Por lo menos obtendré la satisfacción extra judicial del asunto, aunque luego sea condenado por un delito leve de malos tratos. Pero es que donde no hay justicia la gente acaba administrándola de su propia mano.

*Abogado y escritor.
https://www.ramirograumorancho.com/