La propiedad privada es sinónimo de posibilidad de decisión del ciudadano. Algo que cada día gusta menos en las castas políticas.

Es lo que hay. Sólo se escuchan proclamas por todos lados “en defensa de lo público”, mientras hay continuos ataques a la sanidad privada, a la educación privada y al ahorro. A lo que pertenece, realmente, a la sociedad. Hurtándose posibilidad de decisión al ciudadano, en favor de la casta política.

Ahora mismo, se está debatiendo el cálculo del periodo para la pensión pública, y la filtración de que puede incrementarse en 10 años enfureció al ministro Escrivá. Sea lo que sea, parece claro que Bruselas nos va a imponer condicionalidad si queremos que sigan financiándonos nuestra deuda, que es con la que pagamos nuestro gasto público. No hay que ser un genio para verlo: las pensiones son más de 10.000 millones de euros al mes. La mayor partida de gasto (un 40% aproximado de los Presupuestos), hasta más de 144.000 millones de euros, lo cual supone más del 11% sobre PIB, y el propio Escrivá prevé que llegará sin problemas al 15%.

Un dineral, complejo de financiar en una economía en la que no se ven vectores de crecimiento pujantes. Las empresas Ibex despiden a la gente y presentan resultados para llorar, el paro sube, ¿qué recaudación fiscal puede esperarse a medio plazo? La pyme ni está ni se le espera.

Pues, además de esto, se baja la aportación máxima a los planes de pensiones privados hasta unos casi testimoniales 2.000 euros, manteniendo la sanción al exceso del límite, dándose la situación kafkiana de tener el sistema público de pensiones en entredicho por su complicadísima financiación y a la vez se prohíbe de facto aportar más de un pequeño límite a la previsión privada.

Mientras tanto, se siguen escuchando proclamas de nacionalización como quien no quiere la cosa. Proclamas muy gratuitas y desde el desconocimiento, algo habitual en la estructura podemita. Si en el programa electoral el objetivo eran las eléctricas, ahora no dudan en hablar de las empresas farmacéuticas. Así es: sostienen sin rubor que las vacunas se han desarrollado gracias a la sanidad pública, y si hay problemas en la distribución, habrá que expropiar. Por cierto, no hace falta aclarar que lo público siempre tiene que ser de izquierdas. Si se construye un hospital Zendal, hay que desprestigiarlo todo lo que se pueda, o boicotearlo.

Sanidad y ahorro, nunca privados. Y con la educación no terminan de atreverse del todo, porque hasta el político más inepto se da cuenta de que como se retiren los conciertos a la escuela, la enseñanza pública colapsaría en el acto. Cuidado: lo mismo ocurre con la sanidad, aunque haya voces obtusas que critiquen que los centros privados hagan test Covid…

Se realizan proclamas de subidas de impuestos a los ricos, mientras se evita el debate de la asfixiante fiscalidad en España, donde coexisten impuestos directos, indirectos y dobles imposiciones por doquier. Meternos la mano en el bolsillo es la mejor manera de retirarnos opciones de decisión. Amancio Ortega en un cortijero que hace donaciones de señorito y los Gobiernos deben tener más resortes en la economía para decidir sobre nosotros, según sostienen Iglesias y le secunda Irene Montero.

Las apelaciones fiscales por vía del patriotismo reflejan que los políticos son una casta dedicada a regir nuestros destinos, en lugar de administrar un presupuesto bajo la rendición de cuentas a la sociedad.

Claro que no es sólo en España. Ese Foro de Davos que nos quiere acelerar una agenda que nadie les ha solicitado o ese pool de gobernantes populistas en Latinoamérica tan del gusto de Zapatero son sólo más ejemplos de las actuales tendencias, que buscan más control político y menos de la sociedad, a quien hay que quitarles sus palancas de decisión con impuestos y dádivas públicas.