La cúpula de Vox.

Begoña Vila.- La sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación tras la denuncia presentada por Alianza Cívica por los presuntos delitos de financiación ilegal y administración desleal.

El pasado 13 de mayo, Alianza Cívica presentó la denuncia contra Vox ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, administración desleal, financiación ilegal y organización criminal.

Los demandantes señalaron que los hechos y pruebas que se recogen en la denuncia han sido gracias a la información transmitida por “particulares, cargos y ex militantes indignados con su gestión”, lo que a su juicio probaría los presuntos delitos reseñados.

Se acompañaba la denuncia con testificales de ex altos cargos de la formación y 19 contundentes anexos de prueba documental. Entre los supuestos hechos que Alianza Cívica cree probados destacan “graves inconsistencias” en las contabilidades nacional y provinciales del partido, mensajes de dirigentes reclamando sobres con dinero recaudado en donaciones, así como pruebas de un posible falseamiento del número de afiliados que, en opinión de los querellantes, justificaría ingresos de procedencia desconocida disfrazados de cuotas.

Se presentaron asimismo facturas sin CIF ni registro “con las que Vox cargaría a cuenta de sus cargos locales los gastos de sus actividades y mercadotecnia, que venderían además en contra de lo estipulado en la Ley de Financiación de Partidos Políticos y emplearían para un presunto fraccionamiento de donaciones o el anómalo alquiler y reforma de su antigua sede central”. Detallaron que el inmueble es propiedad de la empresa de su vicepresidente primero, a cargo de las cuentas del partido, para su posterior realquiler al instituto afín a la política francesa Marine Le Pen.

Alianza Cívica señaló que inicia este proceso “con la firme determinación de poner luz y taquígrafos a la impunidad de la que gozan los partidos políticos tras el parapeto de las insuficientes y obscuras leyes con las que ellos mismos se regulan y promulgan en nuestro nombre, pero sin nuestra voz, en nombre de la democracia”.

Ampliación de la denuncia

Posteriormente, el 25 de mayo, Alianza Cívica presentó una importante ampliación de la denuncia que formuló contra Vox ante la Fiscalía Especial del Tribunal de Cuentas, aumentando la prueba documental hasta los 63 anexos y añadiendo 6 nuevas testificales de afiliados y altos cargos de Vox que probarían los supuestos delitos por los que solicitamos a la Fiscalía que abra una investigación.

Entre los nuevos documentos aportados, destacaron especialmente los Excel elaborados por un alto cargo provincial encargado de la gerencia del partido y que probarían una contabilidad paralela procedente de donaciones anónimas en metálico con la que se habrían pagado las campañas de 2019,

Asimismo, según se recoge en la denuncia, documentos bancarios demostrarían el presunto lavado de dinero recurriendo a personas interpuestas como cargos de confianza y familiares para depositar a su nombre donaciones de más de 1000 euros procedentes de la “caja B”.

También se incluyó el caso de una tienda oculta en la web nacional de Vox y que estaría dedicada a revender materiales de promoción a sus propios coordinadores añadiendo sobreprecios de un 500 % mediante un sistema similar a un multinivel.

Fraccionamiento de los beneficios por la venta de merchandising para evadir la identificación de donantes, tal y como exige la Ley de Financiación de partidos, e incluso pruebas de que Vox exigiría a sus candidatos locales financiar de su bolsillo sus propias campañas electorales si deseaban poder presentar una lista, son otros dos de los presuntos delitos incluidos en la ampliación de la demanda ante el Tribunal de Cuentas.

La avalancha de documentación recibida, ha hecho imposible analizarla por completo, por lo que desde Alianza Cívica no descartan una segunda ampliación si los hechos y documentos que les siguen llegando desde San Vicente de Raspeig, Callosa del Segura, Orihuela, Málaga, Granada, Valdemoro, Aranjuez, entre otros muchos municipios, arrojase nuevas pruebas susceptibles de ser aportadas a esta denuncia o a la que en próximas horas será presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid.

“Todas estas evidencias, de una relevancia indiscutible, proceden de multitud de municipios de toda España y han sido posibles gracias a la valentía de afiliados de Vox que han puesto sus principios por delante de las siglas y han decidido decir ¡basta! a los abusos nuestros políticos. A todos ellos, y a los que están por llegar gracias”, señaló Alianza Cívica en un comunicado.