Alfonso Galdón

(Valores/ Remitido) En la tarde de hoy jueves día 27, se reunió de urgencia el Comité de Dirección y los Servicios Jurídicos de Valores para denunciar ante la Opinión Pública el despropósito de haber puesto en marcha el Observatorio Regional LGTBI según la Ley 8/2016 aprobada a la carrera, sin informes ni consultas previas.

El presidente nacional de Valores, Alfonso Galdón, ha denunciado que la creación del Observatorio LGTBI “supone una discriminación a las familias y demuestra las dos varas de medir de los políticos regionales” y ha comentado la negativa del TSJ a participar en el mismo: “Es lógico que el TSJ haya hecho lo correcto y no se convierta en juez y parte de un organismo que empezará a inmiscuirse en la libertad de pensamiento de colegios, instituciones y asociaciones”

“No entendemos las prisas con este nuevo órgano cuando el Observatorio de la Familia de la Región, aprobado en 2009, está inoperativo casi una década después”, señala Galdón. “Es muy triste que al Ejecutivo murciano y a sus socios de gobierno se les llene la boca hablando de familia, de defensa de derechos, y sigamos sin ley y sin reformar este órgano para convertirlo en un punto de encuentro transversal con las asociaciones de familia para buscar propuestas y soluciones conjuntas a los problemas reales de este colectivo”.

Desde Valores Región de Murcia se apremia al Gobierno Regional a trabajar realmente por la Igualdad de oportunidades y no discriminación con la tramitación de la Ley de Familia que necesitamos los murcianos y seguir con esa demora voluntaria en su aprobación y aplicación supone una merma de derechos y oportunidades para las familias murcianas.

Por último, el presidente ha querido mandar un mensaje directo al jefe del ejecutivo murciano, López Miras: “Exijo que se disuelva el Observatorio por ser claramente discriminatorio y convertirse en una policía política con capacidad sancionadora dependiente del Ejecutivo Regional, porque lo que se quiere hacer es una justicia paralela para evitar que la gente piense y opine. Es muy llamativo que a los políticos de la Asamblea les urja tanto el desarrollo de la Ley LGTBI regional mientras que la Ley de Protección de la Maternidad, aprobada hace más de 10 años, sigue aparcada y nadie habla de prevaricación en este caso”.