Tras analizar el informe presentado por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria el pasado 5 de mayo por el cual, entre otras cosas, se reforma la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa creando una suerte de “recurso de casación exprés” contra las resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia en materia sanitaria, el Comité Permanente de Valores, junto a los servicios jurídicos, se reunieron de urgencia ayer para analizar el contenido del mismo y las gravísimas implicaciones que conllevan.

Al finalizar la reunión, el presidente de Valores, Alfonso Galdón y el secretario jurídico, Felipe Sánchez, han manifestado que este partido suscribe, punto por punto, el documento de la AJFV y lo hacen suyo, pues “entendemos que el magno tribunal no es un juzgado de guardia a gusto del consumidor que deba velar por los derechos y libertades que Sánchez y su tropa, día sí, día también, arrasan a todos los niveles”.

Desde Valores entienden que el Gobierno central ha gozado de mucho tiempo, más de seis meses, para establecer un marco jurídico por Ley Ordinaria que ordenara de modo beneficioso para los españoles la gestión de la pandemia, evitando más contagios y muertes. Pero todo lo contrario, gracias a sus perversas políticas pseudo genocidas, es cómplice de la muerte de más de 100.000 personas.

Cien mil compatriotas que “han sido, miles de ellos en residencias de mayores, abandonados de facto, sin pudor, por el infame de Sánchez, el ahora dimisionario Iglesias y sus ministros mariachis, con una gestión criminal de la pandemia y de la salud de los españoles y que deberán pagar, penalmente, en un futuro cercano, por la ruina moral y económica a la que han conducido a España”, denunciaba Galdón en la Sede Nacional de Valores ubicada en pleno centro de Murcia.

Asimismo, el partido de la Familia recordaba que este Real Decreto, el 8/21 que denuncia la AJFV, lo han lanzado el mismo día de la gran victoria de la Señora Ayuso, intentando tapar una derrota sin paliativos de la que, como buenos psicópatas y cobardes, quieren atribuirla a Franco y a Gabilondo.

Finalizaba Felipe Sánchez recordando que “trasladar toda la responsabilidad de su gestión, que debía ser centralizada, a las 17 Comunidades Autónomas y también a los Tribunales Superiores, y por ende, al Juzgado de Guardia del Supremo, es una inmoralidad, pues delega una función suya de forma ilegítima a quien no está facultado para ello.”

Por último, desde Valores han querido denunciar la actitud indigna del Presidente del Gobierno y lo han invitado a recuperar la dignidad abandonando el Gobierno de España y convocando Elecciones Generales.