Cumplió una condena de siete años y medio de cárcel por abusar sexualmente de cinco menores cuando era profesor de la Fundación Municipal de Cultura y en la actualidad ejerce como monitor de talleres infantiles en una finca ubicada en Vega-La Camocha gestionada por la Asociación de Parados y Precarios.

La voz de alerta sobre la presencia de F. J. F. V. en las actividades con niños la dio la madre de una de las menores que acudió a uno de los talleres y que reconoció al que había sido su profesor dos décadas atrás y con el que había tenido «una mala experiencia». Sabía que había sido condenado por abusos sexuales y también denunciado por los padres de una menor por una supuesta violación. Ocurrió en 2003. En el juicio, celebrado en el juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, reconoció los graves cargos que pesaban sobre él y aceptó una condena de más de siete años de prisión, a lo que se sumaban tres años de inhabilitación para cualquier actividad relacionada con menores y una orden de alejamiento de las víctimas.

Según quedó recogido en el fallo judicial, les practicó tocamientos y les sacó fotografías en ropa interior, semi desnudas y en posiciones obscenas. Las víctimas tenían edades comprendidas entre los 9 y los 14 años. Antes de eso, en 1989, los padres de otra niña lo habían denunciado por hechos similares ocurridos en las clases extraescolares en un centro educativo.

Los graves episodios por los que fue luego condenado tuvieron lugar cuando era profesor de teatro e imagen en la Fundación Municipal de Cultura de Gijón. Ahora, con 62 años de edad, recibe y asiste a los grupos de menores que acuden a los talleres que se ofrecen en la finca de Vega-La Camocha. La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor establece la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores. Ese certificado se obtiene solo si no se ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

«No era necesario apartarlo»

En la Asociación de Parados y Precarios, que gestiona la finca, explicaron que conocían desde hace tiempo «la condena por abuso sexual, pero entendimos que al no ser el responsable directo de la actividad ni estar a solas con los niños, no era necesario apartarlo».

Los talleres infantiles comenzaron a desarrollarse hace unos dos años, y según la asociación, «en poco tiempo él dejaría de desempeñar esa labor». La organizadora de la actividad, que gestiona de forma autónoma y únicamente utiliza esas instalaciones, explicó que desconocía que el hombre tuviera antecedentes.