Vínculos con el chavismo, un solo avión operativo, menos de 900 vuelos por año y una cuota de mercado del 0,1%. Esa es la situación de la aerolínea Plus Ultra que el gobierno socialista español rescató con un masivo subsidio de 53 millones de euros que marcó como “indispensable” y “estratégico”.

La aerolínea se fundó en 2011 y comenzó a operar recién en 2016, pero nunca tuvo ganancias y siempre ha estado con números en rojo. En el último ejercicio fiscal tuvo un resultado negativo de 2,1 millones de euros. Plus Ultra ya estaba quebrada antes de que estalle la pandemia, pero por las restricciones a los vuelos que impuso el gobierno, quedó como candidata para recibir un rescate económico del Ministerio de Hacienda.

Antes de la pandemia, en 2019 Plus Ultra realizó un total de 823 vuelos con 154.915 pasajeros de los 144 millones que viajan por año en España. Esto la sitúa en el puesto 166 de las aerolíneas que operan en España, con menos del 0,1% de cuota de mercado. Pero los números de la aerolínea al momento de su rescate son aún más escandalosos.

En enero de 2021, a pesar de que se levantaron parcialmente las restricciones a los viajes, la aerolínea sólo realizó dos vuelos en los aeropuertos españoles, y en febrero ninguno. Aun así, las ministras de Hacienda y de Economía, María Jesús Montero y Nadia Calviño se apresuraron a lanzar un paquete de rescate económico para esta empresa.

Pero lo que hace más ruido es que otras aerolíneas que operan en España, con cuotas de mercado y niveles de operación infinitamente más elevados que Plus Ultra, no recibieron ni 1 euro de ayuda, como es el caso de Ryanair.

Según el gobierno, Plus Ultra ha presentado un plan de viabilidad que asegura, entre otros puntos, que devolverá los créditos recibidos en un plazo de 7 años. El ex juez Baltasar Garzón, condenado a 11 años de inhabilitación por haber realizado escuchas ilegales, llevó a cabo las gestiones actuando como abogado de la compañía.

Bajo ningún aspecto la empresa debería haber recibido este rescate. Primero y principal, la ley indica que cualquier empresa subsidiada debe haber conseguido beneficios el año anterior al rescate, algo que Plus Ultra nunca hizo.

Además, a día de hoy, adeuda una cantidad que supera los 155.000 euros a sus clientes por reclamaciones de retrasos de vuelo, cancelaciones, overbooking o problemas de equipaje, mientras que en 2019 fue la segunda aerolínea con más denuncias de pasajeros ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), casi cuatro veces más que la media del sector.

AESA está adscrito a la Secretaría de Estado de Transporte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, órgano superior del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana bajo la dirección del ministro socialista José Luis Ábalos Meco.

Ábalos mintió sobre su implicación en el rescate de Plus Ultra, asegurando que su Ministerio no había tenido nada que ver en el rescate y señalando al Ministerio de Economía, pero ha salido a la luz un informe que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) utilizó para justificar el subisidio de los 53 millones de euros, y fue elaborado por AESA, que responde a él.

La compañía no solo no reúne los requisitos para acceder al rescate, también podría estar incumpliendo la normativa europea para operar como aerolínea. El 45,3% de las acciones pertenecen a Snip Aviation, cuyo presidente es Rodolfo Reyes Rojas, que al mismo tiempo es administrador de la sociedad FlySpain, poseedora del 11,4%. Para mantener la licencia de explotación, al menos el 50% de las acciones deberían estar en manos europeas.

Snip Aviation, presidida por Rodolfo Reyes Rojas, cuenta con Raif El Arigie Harbie como vocal, y Roberto Roselli Mieles (consejero delegado de Plus Ultra) como apoderado. Todos ellos han sido relacionados con negocios vinculados al dictador Nicolás Maduro y la vicedictadora, Delcy Rodríguez.

Las reacciones de la oposición a este insólito rescate económico, cuando el país enfrenta una de las peores crisis de su historia y el desempleo no para de subir, han sido contundentes.

VOX presentó una querella contra el gobierno de Pedro Sánchez ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y pide que se investigue sobre un posible fraude fiscal y entramado societario fraudulento.

El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados la solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre este rescate.

Por su parte, Ciudadanos ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que se exprese su posición con respecto a este rescate y que eleve el asunto a la Unión Europa, de cuyo Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, salieron los 53 millones de euros para la compañía aérea vinculada al chavismo.