En la imagen (Keystone/Hulton Archive/Getty Images), el rey Huseín de Jordania visita una posición de su Ejército en los territorios en disputa conocidos como Judea y Samaria.

Por Naomi Linder Kahn.- Ahora que el debate en torno a la extensión de la soberanía israelí sobre las comunidades judías de Judea y Samaria ha remitido por obra de los Acuerdos de Abraham, puede que haya llegado la hora de analizar con más detenimiento el estatus legal de esos territorios.

El cuadro resultante puede resultar sorpresivo. Cuando ha pasado más de un siglo de la disolución del Imperio Otomano, su espectro sigue ahí. Cuando han pasado más de cincuenta años de la victoria de Israel en la Guerra de los Seis Días, más de treinta de la pública renuncia del rey Huseín de Jordania a cualquier vínculo legal y administrativo con el territorio, y más de veinticinco del acuerdo de paz jordano-israelí, por el que Amán renunciaba oficialmente a cualquier reclamo territorial, el Estado de Israel sigue aplicando la legislación jordana, pese a sus fundamentos retrógrados y claramente racistas.

Tras la Guerra de los Seis Días de 1967, y pese a tener una clara justificación moral y legal para la completa anexión del territorio, Israel prefirió abstenerse de dar los pasos naturales, normales, esperados tras una guerra de autodefensa. Las autoridades israelíes optaron por llegar a unos “acuerdos provisionales” que han mantenido la zona en un limbo legal hasta el día de hoy. Hoy, el Estado de Israel sigue aplicando una combinación de legislación otomana y jordana, en vez de la suya propia, por temor a ser acusado en los foros internacionales, especialmente en el Consejo de Seguridad de la ONU, de llevar a cabo “actos de soberanía”.

En lo que se ha demostrado una decisión funesta, que sigue perturbando la vida de los judíos y los árabes residentes en la zona, Israel continúa haciendo honor a la legislación jordana que impide a las mujeres –tanto árabes como judías– heredar o comprar tierras. Los tribunales israelíes siguen haciendo honor a la legislación jordana antisemita que prohíbe a particulares judíos comprar terrenos en Judea y Samaria. Israel sigue haciendo honor a la periclitada legislación otomana –abandonada en cualquier otro lugar del mundo hace más de cien años– que permite el robo masivo de tierras mediante su utilización para fines agrícolas.

En este completo absurdo, todo hombre o mujer residente en los territorios en disputa conocidos como Judea y Samaria –o “Margen Occidental” (del río Jordán)– es privado de los derechos humanos más elementales, base de las democracias occidentales. No importa el enfoque político que adoptes: los residentes en esos territorios –árabes y judíos, palestinos e israelíes– son presa de una maraña jurídica y legislativa desde hace más de 50 años. El resultado es el caos jurídico, la injusticia, el conflicto incesante.

Paradójicamente, la reticencia legal israelí sigue alimentando el conflicto sobre la tierra, y provocando un enorme desperdicio de recursos –con monótonos ciclos de construcción de viviendas, demandas, demoliciones, reconstrucciones– que podría evitarse simplemente completando el proceso de supervisión y registro de tierras emprendido por el Imperio Otomano y continuado por los británicos y los jordanos.

Supervisar y registrar la propiedad de la tierra no fue percibido como un acto de soberanía cuando gobernaban los británicos; no hay razón para que sí lo sea ahora.

En resumen: el vacío legal y legislativo que ha resultado de la bienintencionada decisión israelí de preservar la legislación otomana y jordana en los territorios sigue privando de sus derechos elementales tanto a los árabes como a los judíos del lugar. Ese mismo vacío ha impedido formular políticas avanzadas de aprovechamiento del terreno, protección medioambiental, asentamiento y, quizá más críticamente, una solución negociada del estatus del territorio. Sin establecer quién posee qué es imposible proceder a un reparto justo de los recursos o a una resolución pacífica del conflicto.

Israel se ha pasado tantas décadas evitando cualquier acción para no ser mal visto, que ha creado un imperdonable vacío de derechos humanos y gobernanza y un agujero negro de legalidad y rendición de cuentas, lo que sigue haciendo la vida cotidiana de cualquier residente en la zona una pesadilla burocrática. Ha llegado la hora de acabar con los ajados espectros otomanos, jordanos y británicos y llenar el vacío legal en Judea y Samaria con un sistema legal moderno, humanista y democrático para todos.