La decisión del Tribunal Constitucional alemán que bloquea la aprobación de los fondos europeos y su posterior retraso en la entrega a los países miembros tiene consecuencias directas para la economía española y sobre todo para el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado presentado por el gobierno de coalición, ya que la propuesta de cuentas públicas prevé contar con 27.000 millones de estos fondos.

Una demanda presentada ante el Tribunal Constitucional alemán por un grupo minoritario euroescéptico dejó este viernes en suspenso la ratificación del fondo europeo de recuperación post-pandemia, un paquete de 750.000 millones de euros que incluye la emisión de deuda común.

El TC alemán respondió a la demanda por vía de urgencia formulada este viernes, de acuerdo al procedimiento habitual y detuvo el último trámite que se precisaba: la firma del presidente del país, Frank-Walter Steinmeier, sobre la ley previamente aprobada tanto por la cámara baja (Bundestag) como por la lalta (Bundesrat), este mismo viernes.

En lugar de la esperada luz verde al proceso de ratificación, el TC deberá evaluar ahora el contenido de la demanda.

Se trata este de un procedimiento no extraño en Alemania, donde durante la crisis del euro se presentaron sucesivas demandas contra los paquetes de rescate europeos, por partes o en su totalidad, lo que obstaculizó -pero no llegó a detener- su puesta en marcha. Es también lo habitual que el presidente responda al requerimiento del TC suspendiendo la firma de la ley afectada, hasta que se emita una decisión sobre sus contenidos y argumentos de los demandantes.

La decisión de este viernes se dirige contra el paquete presupuestario plurinacional de la Unión Europea (UE), para el periodo comprendido entre 2021 y 2027, y que incluye los 750 mil millones de euros destinados al fondo de recuperación post-pandemia.

Consecuencias directas para el plan de Moncloa

Esta decisión puede afectar de lleno a la estrategia económica de Moncloa, que contaba con 27.000 millones, de los 72.000 acordados con Bruselas hasta 2023, para poner en marcha su plan de recuperación, previsto dentro de los Presupuestos Generales del Estado.

La propuesta de Sánchez era vincular la viabilidad del Plan de Recuperación, que cuenta con esta primera partida de 27.000 millones, a la aprobación de los Presupuestos Generales. Uno de sus anuncios estrellas para conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas públicas y por tanto asegurar la continuidad del Gobierno de coalición.

“El plan se debe poner en marcha cuanto antes y solo es posible si se inyectan los fondos a través de los Presupuestos Generales del Estado”, explicaba el presidente durante la presentación del programa. Ahora, esta idea se ve paralizada y no se sabe si un corto plazo truncada. Esta primera partida de 27.000 millones, de un total de 80.000 comprometidos con Bruselas, querían ser utilizados por el Gobierno para lidiar las principales consecuencias negativas derivadas de la crisis provocada por la pandemia y generar 800.000 puestos de trabajo.

Si el dinero no llega este año, España deberá anotarse esta cuantía como déficit y realizar su financiación a través de deuda pública, en un escenario en el que ya se supera una deuda correspondiente al 120% del PIB. Por ahora es complicado conocer qué consecuencias va a tener esta decisión a largo plazo, lo que sí se puede asegurar es que se producirá un importante retraso en la entrega. En esta ecuación existe otra fecha importante y que puede marcar también el ritmo de las entregas, ya que la Comisión Europea tiene hasta el próximo 30 de junio para aprobar los diversos planes nacionales. Este movimiento es un nuevo jarro de agua fría para la economía de nuestro país, en una semana en la que el Banco de España ha rebajado las previsiones del Gobierno respecto al crecimiento de nuestra económica por el mal comienzo de año.

Si la entrega no se produce dentro de los plazos contemplados por el Gobierno, Sánchez puede solicitar a Bruselas dispensas debido al carácter excepcional de esta decisión, lo que evitaría que estos 27.000 millones computaran como déficit, alegando que tarde o temprano estas ayudas tendrán que llegar por la dependencia que las cuentas públicas de nuestro país, y de otros países miembros, tienen de estos de ingresos excepcionales. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía pensando anunciar el reparto de estos fondos durante la campaña en la Comunidad de Madrid, estrategia electoral que puede verse truncada por las informaciones que llegan desde Berlín.