Militares en Cataluña.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha impuesto una sanción económica disciplinaria de ocho días al teniente coronel del Ejército de Tierra en situación de reserva Enrique Área Sacristán por «quebrantar el deber de neutralidad política al referirse en un artículo publicado en un medio de comunicación a una solución armada en Cataluña».

Los hechos objeto del expediente disciplinario se produjeron el 16 de julio del año anterior, cuando en ALERTA DIGITAL apareció un artículo firmado por el militar sancionado bajo el título “El teniente coronel Área advierte a los dirigentes separatistas: “No les quepa la menor duda que si no entran en razón, nos quedaría la solución armada con toda su contundencia”.

Por su interés informativo, reproducimos el artículo que ha dado pie a la sanción:

A medida que las nuevas circunstancias pluralistas han ido descomponiendo la unidad de los sistemas de valores, han aparecido diversas reacciones posibles a las que pueden recurrir las sociedades y sus dirigentes políticos responsables para lograr la cohesión social que tu estás dilapidando con la Ley de la Memoria Histórica, el conflicto catalán, el conflicto vasco y tus alianzas con la extrema morada izquierda que quiere dilapidar la Nación española como los artistas políticos del sexenio revolucionario.

La solución a los problemas que tenemos en nuestra Patria no se puede hallar en el restablecimiento de valores del pasado, específicamente de la II República, perdidos durante los 40 años del Régimen del Generalísimo, el perdón de los padres de la Constitución de ambos bandos y otros 40 años de democracia en los que no se han tenido en cuenta valores como la venganza, el rencor y la confrontación renacidos por tu irresponsable dirección sino todo lo contrario.

En el crisol de las sociedades pluralistas resulta posible la “estrategia de la vuelta atrás” fomentando valores y actitudes en unas sociedades, como la vasca y catalana, de adoctrinamiento en el odio y el rencor que se está divulgando o desarrollando en todo el territorio nacional.

Actualmente, el pluralismo no es sólo un fenómeno presente dentro de las Comunidades Autónomas, sino también entre ellas al percibir unos desequilibrios de reparto económico y poblacional absolutamente injustos y desequilibrados fruto de la discriminación positiva que impulsó, precisamente quien ahora es denostado: el Generalísimo.

La interacción entre Comunidades implica inevitablemente conflictos normativos de uno u otro tipo, sin que importe si se cree de verdad en las diferencias normativas o si sólo se utilizan para justificar intereses particulares enfrentados.

Prácticamente todas las sociedades humanas experimentan conflictos, como los provocados por PODEMOS en lo referente a los intereses de clase, aspiraciones políticas como la tuya personal o animadversión étnica como los partidos identitarios.

Las sociedades que conforman la Nación se mantienen unidas por diversas fuerzas, intereses comunes, la mera costumbre, la falta de alternativas, un bienestar económico razonable, una experiencia histórica común y concepciones compartidas acerca de sus adversarios y de sus aliados, consolidadas todas ellas por medio de las Instituciones que en España tienen diferentes objetivos dentro de un mismo sistema y que desde algunas de ellas se quieren corromper desde dentro por movimientos antisistema e inconstitucionales desde el más estricto sentido del término. No hace falta ser un sociólogo durkheimiano ortodoxo para aceptar que, tarde o temprano, nuestra sociedad se verá en problemas graves como están ya ocurriendo si no se encuentra aunada por orientaciones normativas comunes que no siempre han sido promulgadas por instituciones oficiales como el Estado, la Iglesia o tal o cual Movimientos ideológicos. Se trata de tradiciones normativas dadas por supuestas, en nuestro caso por la Constitución y la fase de transición, difundidas entre la población y mantenidas por lo que Thomas Luckmann ha denominado la “comunicación moral en la vida cotidiana” que tu has crispado. Sin embargo, si tomamos la expresión en un sentido estrictamente sociológico, esas tradiciones también deberían estar institucionalizadas de manera formal e informal.

Muchas de las Instituciones de mediación de esta sociedad están comprendidas bajo la expresión de “sociedad civil” prácticamente inexistente en España por lo que la labor de mediación la deben hacer las Instituciones formales que los supuestos líderes dirigís.

Pero, por otro lado, se deben señalar también los límites de estas Instituciones intermediarias como ocurre en Cataluña con los Ayuntamientos, la Generalidad, los medios de comunicación, o los Mosos que discriminan a la mitad de la población, para la solución del conflicto ligado a la identidad cultural que, hasta no hace mucho tiempo y por motivos particulares, eran étnicos y religiosos que erosionan hábitos de civilidad y polarizan la sociedad en campos ideológicos antagónicos.

Concluyo así, que las instituciones de mediación en Cataluña y Vasconia deben reducir su intensidad hacia una de las partes para no exasperar a las mismas por activa o por pasiva e indicar la importancia de atender al carácter de las ideas y los valores que deben inspirar a estas.

Me consta que todo lo dicho o gran parte de ello son declaraciones teóricas de solución de conflictos, pero no soy ajeno a las soluciones derivadas de la aplicación de la violencia legítima que, como última salida y si no entran en razón las partes, el Estado tiene la obligación de aplicar antes, durante y después del estallido real del enfrentamiento civil. Lo que sí me queda claro como sociólogo es que existe un problema que hay que solucionar con la buena voluntad de las partes, pero que, si ésta no existe, como militar nos quedaría la solución armada en la que se aplicará la Ley de Estados con toda su contundencia, pero, eso sí, sin rencor por nuestra parte ni ánimos de venganza que para eso somos profesionales y ustedes españoles, aunque no les guste. No les quepa la menor duda a los dirigentes de todas las partes en lid”.