Los centros penitenciarios de Lledoners y Wad-Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Gerona) propusieron ayer por segunda vez que los políticos condenados por el desafío independentista sean clasificados en tercer grado. Sus informes serán trasladados a la Secretaría de Medidas Penales de la Consejería de Justicia de la Generalidad, que tiene las competencias de prisiones en Cataluña y debe decidir en un plazo máximo de dos meses si concede o no esta semilibertad, que sería efectiva de inmediato, aunque es previsible que sea recurrida por la Fiscalía, que se ha opuesto a esta medida desde el primer momento.

Seis meses después de que el Supremo dictara sentencia (octubre del 2019) y condenara a los nueve dirigentes secesionistas a penas de nueve a trece años, las juntas de tratamiento de los penales catalanes y más tarde Servicios Penitenciarios de la Generalidad les concedieron este régimen de semilibertad, aunque fue revocado por el Tribunal Supremo en diciembre pasado, en contra del criterio de los juzgados de vigilancia penitenciaria. El alto tribunal argumentó que era preciso que hubiera transcurrido un período de tiempo mayor que el que llevaban entonces en prisión para evaluar adecuadamente su evolución, máxime cuando se trata de condenas elevadas de las que ninguno había cumplido la mitad, y la mayoría, ni siquiera una cuarta parte.

En cualquier caso, el Supremo no precisó qué tiempo sería el adecuado para que la concesión del tercer grado no fuera considerada «prematura».

La palabra del Supremo

Ahora, transcurridos ya otros seis meses, las juntas de tratamiento han considerado, a pesar de las resoluciones del Supremo y aunque ya no de forma unánime, que se dan las condiciones para volver a conceder a los presos del procés (Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez) el régimen de semilibertad, del que buena parte de ellos solo pudieron disfrutar dos semanas en la etapa anterior antes de su impugnación por la Fiscalía. El itinerario de posibles recursos es acudir primero ante el juzgado de vigilancia penitenciaria (que puede darle efectos suspensivos o no), y después ante el Supremo como tribunal que los juzgó.

El secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat, Armand Calderó, explicó ayer al exponer los argumentos para la nueva propuesta de tercer grado que los presos del 1-O llevan más de tres años encarcelados y algunos ya han cumplido un cuarto de su condena (Forn, Rull, Sànchez y Cuixart), mientras que al resto les quedan unos días para alcanzar esa cuarta parte y que todos la habrán completado el 11 de febrero. Pero la decisión de las juntas de tratamiento de las tres cárceles ha causado malestar entre los fiscales que llevaron el asunto en el Tribunal Supremo. La decisión de la autoridad penitenciaria catalana es calificada incluso de «choteo» dada la cercanía del auto por el que, con argumentos muy contundentes la Sala presidida por Manuel Marchena rechazó el pasado 4 de diciembre dicha reclasificación y otras medidas de semilibertad que venían aplicándose a los condenados, recoge Europa Press. Así lo señalan fuentes fiscales, que no dudan en adelantar que la respuesta de la Fiscalía tanto en Cataluña como ante el tribunal sentenciador, en el caso de que exista apelación, será contraria. «Habrá que endurecer el tono de los recursos», adelantan.