L.T.Y.- En los últimos tiempos, siguiendo las huellas de otros paises occidentales, España se ha venido dotando de una serie de leyes “antirracistas” concebidas, nos dicen, para combatir las prácticas y los delitos xenófobos, racistas y antisemitas (y pronto islamófobos).

El derecho actual ha entrado en una deriva perversa consistente en abandonar la imparcialidad y el objetivismo del derecho positivo en provecho de un retorno a una justicia subjetiva y moral que condena según criterios parciales a los pecadores  opuestos a la super ideología de los Derechos Humanos, auténtico cáncer moral y espiritual de Occidente. El arsenal, cada día más grande de las leyes llamadas antirracistas, es una máquina de guerra (y un pretexto) contra la libertad de expresión de todos aquellos que se oponen en realidad a los dogmas del sistema.

En el sistema actual, represivo y liberticida, agravado por un gobierno de izquierdistas dementes que ha reforzado la tendencia inmigracionista y antinacional ya existente, no hay delitos más graves que los llamados racistas y xenófobos. Actualmente la ley autoriza a castigar con penas más severas los delitos cuando estos se consideren haber sido cometido bajo una influencia o una motivación racista, xenófoba o antisemita. Este móvil y esta intención son determinadas por el juez. Salimos, pues, definitivamente del derecho imparcial y positivista de la tradición occidental para entrar en una lógica parareligiosa, en un derecho neomedieval, en el que la corte decide si el acusado es “pecador” o no.

Pero hay peor aun: estas leyes, votadas unánimamente por la izquierda, la derecha y demás hierbajos nacionalistas, restablecen (colmo de la paradoja de parte de los apóstoles fanáticos de la doctrina igualitaria) un privilegio racial y étnico, esta vez en favor de los alógenos y los no blancos. Pues, en la práctica y teniendo en cuenta el hecho de que el pecaminoso racismo no es imputable más que a los europeos de origen, la ley actual instaura una disimetría penal que perjudica a los autóctonos.

Imaginémonos, por ejemplo una reyerta entre un blanco y un negro con heridas recíprocas. El negro arriesgará, por ejemplo, un año de prisión por agresión con heridas (o será directamente absuelto con derecho a indemnización), mientras el blanco estará seguro de ser condenado a dos años, ya que que se le supondrá evidentemente que actuó con un móvil racista. De todas las decenas (o centenares) de miles de agresiones sufridas al cabo de un año por españoles a mano de extranjeros, ¿alguno de estos últimos ha sido condenado por su delito con el agravante de racismo? Incluso en los casos más flagrantes en que los propios imputados han admitido haber actuado bajo el influjo de sentimientos racistas contra las víctimas blancas, el agravante de racismo no ha sido aplicado, pues es un principio al parecer admitido por la jurisprudencia española que un inmigrante no puede ser racista en ningun supuesto ni circunstancia.

El juez, nuevo inquisidor antiheréticos, sondeará las conciencias, examinará las ideas y hurgará en los corazones. Si alguien es conocido por sus ideas y sentimientos patrióticos e identitarios (españolista y europeísta se entiende, que cualquier otro nacionalismo e identificación étnica será siempre considerado legítimo y progresista), mejor que no tenga que presentarse ante un tribunal, pues está condenado de antemano. Este tipo de leyes es la expresión misma de la dictadura del pensamiento único: la derecha y la izquierda se hacen mutuamente la competencia a ver quien es más moral y bienpensante. Estas leyes no tienen más efecto que fomentar aún más la impunidad de los actos antiespañoles (y antieuropeos en general) cometidos por el ejército de delicuentes extranjeros que pulula en nuestras calles y plazas y de paralizar aún más las legítimas y naturales reacciones de los españoles de origen que están cada día más culpabilizados y discriminados en su propia tierra.

En España se han adoptado, casi en la letra, los términos de las legislaciones totalitarias. El artículo 9 de la ley vigente sobre los partidos políticos dispone que “en sus actividades, los partidos políticos deberán respetar los principios democráticos y los valores constitucionales“, de lo contrario serán “declarados ilegales”. Traducción: en nombre de la libertad se suprime la libertad. Entre esos principios democráticos a respetar obligatoriamente, encontramos por supuesto el antirracismo y su vagón de mercancias habitual. La represión alcanza a quien se atreva a “promover la exclusión o la persecución de personas en razón de su idelogía o creencia, raza, orientación sexual”. Dicho de otra manera, un partido identitario que propusiera la inversión de los flujos migratorios, defendiera la preferencia nacional, pretendiera combatir la islamización u oponerse a la discriminación positiva hacia los extranjeros, se vería prohibido sin más rodeos. Estos textos legislativos (leyes “antirracistas”, leyes de partidos, etc…) reintroducen las nociones vagas del derecho costumbrista que permiten a los jueces, asalariados de la ideología hegemónica, condenar o absolver no unos hechos precisos según unas leyes positivas, pero si unas opiniones pecaminosas, según unas sospechas morales. La inquisición vuelve bajo el simulacro de un “Estado de derecho” y de una “Democracia”.

En realidad, no se trata en absoluto de luchar contra la discriminación y la violencia, ni de hacerlo en nombre de la filantropía: los inspiradores de esas leyes son los mismos que excusan y justifican la criminalidad extranjera, la discriminación contra los autóctonos, la corrupción explosiva de las clases dirigentes, las múltiples desviaciones sexuales, el enriquecimiento fraudulento, la letrina pornográfica, el derrumbe de la cultura…

Toda esta deriva represiva “antirracista” es un medio oblícuo para asentar una ideología totalitaria de inspiración a la vez izquierdista y capitalista, y sobre todo enemiga de la identidad europea. El sistema se esfuerza, con esa legislación despótica y parareligiosa, en desplazar el terreno de la moral y de la censura. El mecanismo es el siguiente: el sistema se reviste de una falsa virtud (la represión de los pecados de “fascismo/racismo”), con el fin de cubrir, de disimular, de legitimar los verdaderos vicios: la permisividad en la explotación económica de los autóctonos europeos, los nepotismos, las criminalidades sociales, la degradación imparable de la moralidad pública, la perversiones banalizadas y expuestas mediáticamente como un espectáculo legítimo y edificante (peor aun: como un ideal de vida y unos valores a seguir), etc… En breve, el antirracismo es el disfraz ético, la justificación por unas élites corrompidas de su propia degeneración moral, de su cinismo criminal.

En este sistema la Libertad se erige contra las libertades concretas. Un ganster, un violador, un asesino, un político corrupto, un Latin King, un mutilador sexual gambiano, un terrorista vasco o islámico, una escoria cualquiera en definitiva, tiene derechos. Permanecen en el campo sagrado de la moral. Un “ultraderechista” sospechoso de defender la integridad de su país y su identidad europea no ha de poseer ninguno. Es en este sistema en el que estamos instalados, mejor dicho al que estamos sometidos.

El antirracismo no es más que un pretexto grosero para ahogar la identidad europea y la de las diferentes naciones que la componen, y también para destruir toda libertad de expresión. La prueba de que este antirracismo no es sincero es que sólo se ejerce contra los europeos de origen y nunca contra los extranjeros, aunque sean racistas antieuropeos patentados. El mecanismo antirracista es, por lo tanto, un simulacro que reposa sobre un espectáculo mediático y sobre una tremenda manipulación. Los amos del sistema crean una seudo ética apoyada sobre una propaganda mediática a la vez potente y finamente eleborada (TV, escuelas, leyes, libros, prensa, etc…) a fin de legitimar su propia inmoralidad y justificar la corrupción ambiente.

El arsenal legislativo y mediático “antirracista” no es más que el perfeccionamiento perverso y notablemente eficaz de las técnicas de la tiranía, cuyo origen es medioriental y oriental. Y esta tiranía está actualmente al servicio de la triple alianza de las ideologías cosmopolitas izquierdista, capitalista, pero también del islam conquistador, según un objetivo muy claro: prohibir toda expresión de rebelión y de resistencia de los pueblos europeos en general y español en particular, condenados a desaparecer en su identidad inmemorial, y que sin embargo están en su pleno derecho de oponerse a su exterminio cultural y demográfico.

Pero no está dicho que esta empresa de destrucción de los pueblos europeos tenga éxito. La historia no está escrita. Colocado contra la pared, nadie sabe cómo puede reaccionar el animal acorralado. Y el “animal” europeo ya ha empezado a dar señales de inquietud y nerviosismo.