LDD.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta semana mediante sus redes sociales que vetará la Ley Anual de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) sino se incluye en la ley la eliminación de la llamada “Sección 230”.

La Sección 230 es un fragmento de la Ley de Decencia de las Telecomunicaciones, aprobada por el Congreso en el año 1996 con el objetivo inicial de regular ciertos problemas que se encontraban cuando el Internet comenzaba a hacerse masivo.

Con el paso del tiempo y el crecimiento del Internet, esta sección se transformó en una especie de escudo legal para las grandes redes sociales actuales, como Facebook, Twitter, Instagram o Snapchat.

Gracias a las inmunidades legales que le ofrece el Estado a las empresas de redes sociales, ningún usuario puede demandar o iniciar ningún proceso legal contra estas empresas por las acciones abusivas o ilegales que ocurran en sus plataformas.

Esto fue otorgado bajo la condición de que las redes sociales se comporten como distribuidoras de contenido, mientras que actualmente las mismas actúan como editoras de contenido, ya que limitan y censuran a su antojo a los usuarios que no comulguen con su discurso. Para el Estado, las redes sociales operan como una plaza pública administrada por entes privados que, como bien ocurre en las plazas, nadie te puede negar el ingreso a las mismas.

Ya en los años 2000s había surgido la polémica por las bases y condiciones que las redes sociales hacían firmar a sus usuarios, y muchos senadores en aquél entonces habían cuestionado si la Sección 230 debería seguir protegiendo a las empresas que pongan reglas más estrictas que las mismas leyes del país para ingresar la misma.

Ahora, la disputa volvió a aparecer, ya que las empresas tecnológicas no solo restringen el acceso (reservándose el derecho de admisión), si no que editorializan el contenido, yendo más allá de lo estipulado en sus bases y condiciones para decidir arbitrariamente qué publicaciones son verdaderas o falsas y cuáles están verificadas por ellos mismos. Legalmente, esto convertiría a cualquier empresa en un publisher, y debería perder la inmunidad legal de la Sección 230.

La Sección 230 forma parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que autoriza ciertos gastos del Ejército Nacional y las agencias de seguridad para el siguiente año fiscal.

El Presidente Trump quiere eliminar completamente esta sección no sólo para ponerle un freno al poder de las redes sociales y de las grandes compañías tecnológicas, sino también porque, al ser parte de la NDAA, este fragmento representa una seria amenaza a la Seguridad Nacional del país.

Cabe aclarar que lo que pide Trump no es descabellado. Las mismas empresas que están bajo la lupa ya trabajan respetando su condición de distribuidora de contenido en sus subsidiarias.

Por ejemplo, mientras Facebook en su red social no respeta la Sección 230, en WhatsApp sí lo hace, ya que jamás se censuró a nadie por mandar un mensaje ni se le pone un cartel al texto de “este contenido es falso” cuando uno habla con sus familiares o amigos.

Tampoco editorializan el contenido Twitter o Instagram en sus “mensajes privados”, lo que evidencia más que estas empresas buscan aprovecharse de la Sección 230 para frenar la difusión masiva de información.

Luego de pedir por la abolición de esta sección y al ver que los legisladores republicanos no lo iban a apoyar en este asunto, el Presidente Trump no tuvo más remedio que anunciar que vetaría la Ley de Defensa si no le hacen caso.

Trump apuntó contra Jim Inhofe, senador republicano por el Estado de Oklahoma, quien está a cargo del tratamiento de la Ley Anual de Defensa y que se opone a la medida.

El Presidente viene queriendo disminuir el absurdo poder censurador que tienen las redes sociales y las compañías tecnológicas desde que asumió en el cargo en enero del 2017. Sin embargo, se ha encontrado no sólo con la negativa de los demócratas, sino también con la de muchos senadores republicanos moderados o anti-Trump que observan este proceso como algo “perjudicial” para la democracia.

La necesidad de hacer algo para socavar el poder de las redes sociales es cada vez más imperiosa. En los últimos cuatro años y fundamentalmente en los últimos meses, plataformas como Twitter o Facebook han sistemáticamente censurado y suspendido a los votantes de Trump y hasta a su Secretaria de Prensa, Kayleigh McEnany, por supuesto “discurso de odio”, un concepto que no existe legalmente en Estados Unidos.

El ejemplo más claro de esto es cuando Twitter, por orden de su dueño Jack Dorsey, suspendió la cuenta de unos de los diarios más importantes y prestigiosos de los Estados Unidos, el New York Post, luego de que en octubre de este año el medio neoyorquino haya filtrado correos de uno de los hijos de Joe Biden, Hunter Biden, que probaba su participación en un esquema de corrupción internacional con China.

Por su parte y aunque suene raro, los demócratas también coinciden con Trump en la abolición de la Sección 230, pero por diferentes razones.

Como ya lo expresó el candidato demócrata Joe Biden, los miembros de su partido quieren eliminar las protecciones legales a las plataformas porque consideran que hace falta un “mayor patrullaje al discurso de odio de la derecha” en sus redes. Eliminando la Sección 230 se abriría la puerta a la redacción de una nueva ley que le otorgue un marco legal a la operación de las redes sociales, una ley que los mismos demócratas quieren redactar para darle más poder a las empresas y menos a los usuarios.

En otras palabras, están pidiendo más censura, no menos.

Por último, Trump también tiene otras razones para vetar la nueva Ley Anual de Defensa, ya que la misma propone renombrar bases militares que se llaman así en memoria de muchos Generales de la Confederación.

Algunas de las bases más prestigiosas de la historia del país fueron establecidas en los tiempos de la Guerra Civil estadounidense, en territorio confederado, y mantuvieron su histórico nombre luego de la guerra, en un plan que tenía Estados Unidos de no generar nuevas divisiones y no violar la cultura de los Estados sureños.

Siglos más tarde, las bases Fort Bragg, Fort Hood, Fort Lee, Fort Hill y Camp Beauregard han conseguido instalar esos nombres en la cultura militar del país, incluso en muchos casos sin que nadie sepa quién era Bragg o Lee.

Esta propuesta, liderada por la senadora de ultra-progresista Elizabeth Warren, y avalada por algunos republicanos, impulsa un peligroso camino del país hacia al revisionismo histórico y a la cultura de la cancelación de la historia estadounidense.

Trump, como muchos conservadores, cree que la historia debe respetarse y no borrarse, por más que ofenda a algunas personas. Con todas sus falencias y sus conflictos, gracias a ese pasado, hoy Estados Unidos es el país que es.

Tirar abajo estatuas, reescribir los acontecimientos históricos, y borrar los nombres de las figuras más importantes del pasado no debería ser nunca la manera de superar la grieta y crecer como Nación.