Los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ya están vistos para sentencia. Las cuentas públicas de 2021 saldrán adelante tras haber prolongado sine die las últimas de la era Montoro. Los grandes culpables de que haya habido un cambio en materia presupuestaria son los nacionalistas vascos y catalanes, principales aliados del Ejecutivo en cuanto a este caballo de batalla.

Ese apoyo no ha salido gratis: País Vasco y Cataluña han pedido 40.000 millones de euros en total por haber respaldado a Pedro Sánchez. Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el PCR también se han puesto de su lado, pero ha pesado mucho más el ‘sí’ de ERC, EH Bildu, PNV y cuatro diputados del PDeCAT.

En el 55,3% de gestión autonómica del gasto público (un 34% le corresponde al Estado y un 10,7% a las corporaciones locales), las cantidades que van a manejar los partidos de las dos autonomías españolas más reconocibles son muy considerables. Desde luego, la factura vasca y catalana está a años luz de las demás en materia de apoyo regional a los Presupuestos.

País Vasco

El PNV se va a llevar 12.000 millones por haber dado el ‘sí’ a Sánchez. Por su parte, Bildu obtendrá 58 (48 para cercanías ferroviarias y 10 para el sector aeronáutico), además del acercamiento de los presos etarras. Y, quizá, un referéndum para la autodeterminación.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, contará con 10.131 millones para gestionar 560.000 pensiones. Se traspasarán las tres cárceles vascas, junto a 77,5 millones y 120 adicionales para financiar la construcción de una nueva prisión en San Sebastián. Habrá 570 millones en inversiones, de los cuales se destinarán 294 a alta velocidad.

También habrá 50 millones de cara a un plan renove para la automoción (incluida en otras partidas con valor de unos 700 millones). Además, no se aplicará la subida prevista para el diésel, no subirá el IVA para la sanidad y la educación y los cuarteles de Loyola pasan a ser gestionados por el Ayuntamiento de San Sebastián (y no por Interior).

Cataluña

ERC ha solicitado 25.575 millones para gestionar 1,7 millones de pensiones. Se armonizarán los impuestos cedidos a las autonomías (motivo de discordia con Madrid) y habrá un grupo para el impuesto a las grandes fortunas. También se liquidará la deuda respectiva a becas y ayudas educativas que existe desde 2005 con la Generalitat, con el castellano (otra polémica) dejando de ser lengua vehicular.

Se dejan de fiscalizar las finanzas catalanas y se invierten y transfieren 2.339 millones. Cataluña podrá gestionar el 54% de los fondos procedentes de la Unión Europea y también el Ingreso Mínimo Vital. Por último, se amplía hasta marzo de 2021 la moratoria en el pago de las cotizaciones de los autónomos y habrá libertad para los políticos catalanes encarcelados.