¿Cómo es posible que la ministra de Educación Isabel Celaá, que educó libremente a sus hijas en un colegio concertado y católico del País Vasco niegue ahora esa misma libertad al resto de los españoles? Es una contradicción que solo produce desconcierto y una inevitable desconfianza hacia sus intenciones.

La pregunta es obligada: ¿ tan descontentas están hoy sus hijas de haberse formado en un centro diferenciado y en la religión católica? Quizás ellas tengan la respuesta a lo paradójico de la persecución que hace hoy su madre, desde su alta responsabilidad, contra los colegios en la que se han educado.

Su inexpresiva e imperturbable imagen, es la demostración más palpable de que, por razones que se nos ocultan, su determinación es torpedear directamente la línea de flotación de la libertad de la que han gozado hasta ahora los padres para educar a sus hijos en centros en los que se garantice una formación integral desde el punto de vista académico, humanístico y religioso.

De esta forma nos hemos educado muchas generaciones de españoles durante la dictadura y después en la democracia, donde el nivel de calidad de los centros tanto públicos como privados se podía medir por los bajos índices de fracaso escolar y por las incontables promociones de estudiantes que terminaban brillantemente sus carreras profesionales en Universidades públicas o privadas con el consiguiente beneficio para sus familias y para la propia sociedad española.

Lo cierto es que desde 1970 España ha sufrido demasiados cambios en educación, como lo atestigua nada menos que siete leyes educativas, camino ya de la octava: LGE (1970), LOECE (1980), LODE ( 1985), LOGSE (1990), LOPEG (1995), LOE (2006) y LOMCE (2013). A esta sopa de siglas se añadirá finalmente la LOMLOE o Ley Celaá que, si Dios no lo remedia, será aprobada en el pleno del Congreso del jueves día 19.

Todas estas leyes han sido fruto de intensos debates, discrepancias e incluso polémicas públicas y han venido impuestas por la mayoría parlamentaria de unos u otros partidos, nunca por un pacto de Estado como hubiera sido lo deseable. La actual Ley Celáa añade a esta nueva imposición ideológica de dirigismo claramente estatalista, unos factores que la hacen aún más alarmante.

Su tramitación se produce en una situación de excepcionalidad de la vida normal de las instituciones del Estado como consecuencia de la pandemia y por lo tanto carece del procedimiento y debate sosegado que la discusión de una ley de esta transcendencia exige. A esto se añade la falta de transparencia y cuenta además con el rechazo total de sectores de la comunidad educativa como son las organizaciones de colegios CECE y Escuelas Católicas, asociaciones de padres y sindicatos representativos del sector e incluso colectivos relacionados con la educación especial que ven en peligro los centros dedicados a este tipo de alumnado.

Pero lo que ha encendido la llama de un incendio en las puertas de Ferraz ha sido la exclusión del castellano o español como lengua oficial del Estado, suprimiendo su carácter vehicular y contraviniendo taxativamente lo dispuesto en la propia Constitución en su art. 3 : “El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Sorprende el argumento utilizado por la propia portavoz del grupo socialista en la Comisión de Educación: “ la Constitución habla del castellano pero no del español…(sic)”

La Asociación de Academias de la Lengua Española, integrada por 23 miembros que encabeza la Real Academia Española, ya se pronunció en el sentido de considerar indiferente que se hable de castellano o español, términos que son totalmente equiparables en la letra y el espíritu que sin lugar a dudas se manifiesta en este artículo de nuestra Carta Magna.

Pero estas Ley modifica también el régimen de conciertos cercenando el derecho de los padres a la libre elección de centro al suprimir la “demanda social” en la planificación escolar que no será tenida en cuenta por las administraciones, obligándose a que existan solo plazas públicas para todos, aunque no se demanden. Así mismo se discrimina la educación diferenciada en el acceso a los fondos públicos, precisamente cuando está reconocida en otros países europeos y en EEUU como un modelo con resultados académicos y formativos muy eficientes para ambos sexos y que, la elección de ,los padres, puede y debe coexistir con el de la educación mixta en términos de igualdad.

Mediante sendas sentencias, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional ya se han pronunciado a favor de ambos modelos educativos -conciertos y diferenciada-. No tener en cuenta los argumentos de dicho Tribunal, es evidente que responde al objetivo de intentar reformar la Constitución de facto como pretenden hacerlo con la lengua española o la federalización de las CCAA en el caso de la gestión de la crisis sanitaria, al renunciar el gobierno a su coordinación y hacer dejación de sus funciones para debilitar aun más el papel del Estado e incluso la figura de quien constitucionalmente lo representa.

Otros aspectos de la reforma como son el arrinconamiento cada vez mayor de la asignatura de religión o la “bien” programada inclusión de la ideología de género en los contenidos sobre sexualidad de la nueva asignatura de Valores éticos y cívico reflejan, junto con los anteriores argumentos, la apuesta ideológica del partido socialista y sus socios por enterrar el régimen democrático del 78 e implantar, sin prisas pero sin pausa, una república federal bolivariana en suelo europeo.

Al hilo de esta arriesgada revolución. el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha decía en su lengua castellana y española tan denostada hoy por esta ley: “La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar, por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”. Al menos, si no la vida, levantemos la voz para que no nos arrebaten la libertad.