Un día antes del encuentro del Papa Francisco y Pedro Sánchez en el Vaticano, más de cien personalidades y una treintena de asociaciones de la sociedad civil española han hecho pública una carta en la que manifiestan al Santo Padre su «preocupación» por «las leyes profundamente divisorias» que pretende llevar adelante el Gobierno de coalición y le piden «no dejar solo en manos» del Ejecutivo «la difusión» de los temas que se van a abordar durante la audiencia de este sábado.

En la misiva, suscrita por un nutrido grupo de académicos, empresarios, políticos y representantes de la sociedad civil, los firmantes advierten a Francisco de que España atraviesa una «grave crisis territorial, social e institucional», encabezada por «los efectos de la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas».

En este clima de incertidumbre, «probablemente el más difícil desde el fin de de la Guerra Civil», los firmantes señalan que a las instituciones públicas españolas les resulta «cada vez más difícil discernir el bien, actuar con justicia, y saber diferenciar lo necesario de lo superfluo».

Ese ambiente de confusión es el que ha propiciado, según los firmantes, que la audiencia de Sánchez con el Papa se produzca «poco tiempo después» de que los partidos que forman el Gobierno de coalición hayan reiniciado en el Congreso de los Diputados la tramitación de la ley de eutanasia, pese al informe desfavorable del Comité de Bioética de España.

«El Gobierno no ha tomado en consideración dicho informe, mantiene la tramitación de la ley y ha presentado enmiendas a su propio texto para ampliar aún más los supuestos en los que se pueda practicar la eutanasia», advierten los firmantes, quienes recuerdan al Papa que esta nueva norma permitirá «proclamar la eutanasia como un derecho» y una prestación más del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En la carta enviada de «forma urgente» al Papa, estos representantes de la sociedad civil también explican a Francisco la intención de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de elaborar una nueva ley del aborto para permitir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de las menores sin tener que contar con el consentimiento de sus padres.

Entre las leyes en marcha, los firmantes incluyen además la ley educativa, que según advierten, sigue su tramitación «sin escuchar a la comunidad educativa». «El texto contiene los fundamentos para restringir el derecho de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos, obligar al adoctrinamiento en la ideología de género, y situar en condiciones muy difíciles a la escuela concertada (mayoritariamente de iniciativa cristiana) así como la impartición de la clase de cultura católica en la escuela», apuntan.

Los firmantes denuncian además ante el Papa que «el dominio de los medios de comunicación que posee el Gobierno» inclina a considerar «una posible presentación de los resultados de la audiencia con su Santidad en unos términos que, en relación con los aspectos reseñados, pudieran provocar confusión en el conjunto de los ciudadanos y, en especial, entre los católicos».

Ante esta realidad, ruegan a Francisco que «no deje solo en manos de la comunicación gubernamental la difusión del tratamiento dado a aquellos temas medulares, como la eutanasia, el aborto, los derechos de los padres y las condiciones de la enseñanza o la ideología de género».

Entre los firmantes se encuentra Justo Aznar, director del Instituto de Ciencias de la Vida de la UCV; Elena Postigo, miembro de la Academia Pontificia para la Vida; Jaime Mayor Oreja, ex ministro del Interior; Mónica López Barahona, miembro del Comité Director de Bioética del Consejo de Europa; María San Gil, ex presidenta del Partido Popular en el País Vasco; Manuel González Barón, director de Cátedra de Oncología Médica y Paliativa; Ignacio Sánchez Cámara, catedrático de Filosofía de la Universidad Rey Juan Carlos; Luis Peral Guerra, Ex-Senador, Portavoz Educación Comisión de Educación y Deporte; Manuel J. Silva Sánchez, Abogado del Estado en excedencia y exmiembro del Consejo de Estado, y Carlos Cremades Carceller, entre otros. Además otras treinte asociaciones se suman a la misiva, entre las que se encuentran muchas pro familia y pro vida, como Asociación Familia y Dignidad Humana, la Federación Europea One of Us España o la Federación Española de Asociaciones Provida.