AR.- El presidente del Gobierno no pudo caer más bajo hace pocas semanas al dar su más sentido pésame por Igor González Sola, un terrorista de ETA que se suicidó en la cárcel de Martutene.

Ahora se anuncia que el Gobierno comenzará la semana que viene a tramitar las peticiones de indulto para los condenados por delitos de sedición.

Si bien el Gobierno está obligado a tramitar las peticiones de indulto que le llegan y que no tienen por qué prosperar, a nadie se le escapa que el Ejecutivo está negociando los apoyos para los Presupuestos y desde la Generalitat están presionando para activar cuanto antes la mesa de negociación entre La Moncloa y el gobierno autonómico.

A este respecto, cabe recordar lo dicho por Pedro Sánchez hace casi un año, concretamente, el 14 de octubre, cuando garantizó que los presos del «procés» cumplirían de manera íntegra sus penas. «El acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento, reitero, su íntegro cumplimiento», dijo, y añadió que «nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento».

No debería extrañarnos esta nueva traición a los españoles si nos atenemos a las evidencias acerca de los antecedentes criminales del PSOE. Preferimos que se ocupe directamente la narración de los siguientes hechos históricos:

El 14 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, marqués de Estella, encabeza un golpe de Estado. Antes dirige un telegrama conminatorio al capitán general de Madrid. Dice que tiene la fuerza y el pueblo. Alfonso XIII transige. Como algunos borbones a lo largo de la historia, lleva ya muchos años transigiendo en tono menor y quizás pensó que el animoso general jerezano le evitaría tomar por sí mismo decisiones más graves. Paradojas del destino, el PSOE recibe la dictadura ‘fascista’ con entusiasmo claramente mayoritario.

Primo de Rivera instaura al principio un Directorio exclusivamente militar. Más tarde entraron en sus gobiernos personajes tan notorios como José Calvo Sotelo, excelente ministro que fuera de Hacienda; el ex gobernador militar de Cataluña Martínez Anido, como responsable del Ministerio de Gobernación y Joaquín Benjumea y Burín, conde de Guadalhorce, al frente de Fomento. Junto a estos, la presencia nada menos que de un notabilísimo representante del PSOE. Y es que Primo de Rivera, implacable con anarquistas, separatistas y comunistas, buscó y obtuvo la cooperación oficial del Partido Socialista y de su central sindical, la UGT. El jefe de los socialistas españoles, Largo Caballero, fue nada menos que consejero de Estado en la dictadura militar primorriverista. El decreto de organización corporativa de noviembre de 1925 instituyó los comités paritarios dominados por los socialistas que, luego, trataron de sacudirse el sambenito de colaboracionismo explicando el uso propagandístico que habían hecho de esos comités. Como siempre, embusteros compulsivos y tramposos con sus bases.

Las elecciones de 1933, las segundas que celebraba la agitada II república, se saldaron con el aplastante triunfo electoral de la CEDA de Gil Robles, lo que desconcertó por completo a las izquierdas. Aquel inesperado y rotundo triunfo vino a confirmar el fortísimo entronque popular de las derechas, algo que el PSOE no quiso ni pudo aceptar nunca. «Frente a la traición, nuestro deber es la revolución», peroraba Largo Caballero en uno de sus incendiarios discursos post electorales. Es decir, si las urnas no nos dan la razón, quitémosle la razón a las urnas y apostemos por la asonada revolucionaria. Ni Ceaucescu lo hubiese expresado mejor.

El Partido Socialista se pone francamente a preparar la revolución. Ojo, la revolución no fue otra cosa que el intento de revertir de facto el curso de los acontecimientos electorales. Si el PSOE hubiese tenido de su lado al ejército, es fácil deducir cuál habría sido su estrategia.

El diario «El Socialista» pasaba por alto los esfuerzos conciliadores de Besteiro para proclamar, contra los lamentos de concordia lanzados por «El Debate»: «¿Concordia? No, ¡guerra de clases! ¡odio a muerte a la burguesía criminal! ¿Concordia? Sí, pero entre los proletarios que quieran salvarse y librar a España del lubridio». El entonces líder socialista, Largo Caballero, inicia también su largo ciclo de amenazas con la invitación a la lucha callejera.

La responsabilidad golpista del Octubre Rojo fue predominantemente socialista. La Comisión organizadora de la revolución de octubre estuvo compuesta por Largo Caballero, Enrique de Francisco y Anastasio de Gracia. Detrás de Largo Caballero estaban ya los cerebros del socialismo de la época: Araquistain, Álvarez del Vayo y Baraibar. Amparándose en su condición de diputados, los conspiradores contra la legalidad resultante de las urnas republicanas buscaban armas y preparaban planes. Indalecio Prieto, con la colaboración del financiero bilbaino Horacio Echevarrieta, preparaba lo que luego se llamó «el alijo de la turquesa», fantástico contrabando de armas descubierto en la localidad asturiana de San Esteban de Pravia el 10 de septiembre de 1934.

Otra prueba de la capacidad socialista para jugar todas las cartas la encontramos en un interesantísimo episodio ocurrido en las convulsionadas Cortes de entonces. Lo protagonizaron los en teoría antagónicos Prieto y José Antonio Primo de Rivera. En plenos preparativos de la revolución, el mismo Prieto defiende a Primo de Rivera de un suplicatorio para procesarlo por tenencia ilícita de armas. Ambos se elogiaron en una rocambolesca sesión plenaria.

Los resultados de aquella revolución golpista son por todos conocidos. Centenares de víctimas mortales, ciudades asturianas destruidas, una fractura social que tardaría décadas en restañar sus heridas y, para muchos, el preludio de la ya inevitable contienda civil. Solo el PSOE fue responsable de aquel agrietamiento súbito que, a partir de entonces, haría irreconciliables las posturas. Si pudiera emplearse en historia política el lenguaje penal, la culpa de aquella revolución-golpista y trasgresora de la voluntad popular fue de las izquierdas representadas por el Partido Socialista, en un puro movimiento de reacción ante la inminente toma del poder por las derechas, a quienes democráticamente correspondía.

Ni siquiera se esperó a que la tentativa golpista tuviese la complicidad de los errores gubernativos. El nuevo gobierno, con tres ministros de la CEDA, se conoció el 4 de octubre. A la mañana siguiente, cuando los ministros aún no habían tomado posesión aún de sus despachos, comenzó en toda España la huelga general revolucionaria decretada por el PSOE y la UGT.

El Consejo de Ministros decreta el día 6 el estado de guerra en toda España. En Madrid fracasa la revolución golpista tras esporádicos tiroteos en dependencias públicas. El ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, nombró asesor especial al general Franco, quien llamó inmediatamente al teniente coronel Yagüe para mandar una columna de desembarco sobre Asturias, que desde el principio apareció como el foco principal de la rebelión golpista. Franco se convirtió así en el principal valedor y defensor de la legalidad vigente, recibiendo las mismos parabienes y las mismas adhesiones que 48 años más tarde recibió el jefe del Estado español, a la sazón Rey, con ocasión de los hechos, bien conocidos, del 23 de febrero.

Con la rebelión golpista de 1934, el PSOE perdió toda la autoridad para condenar el Alzamiento de 1936, sin duda uno de sus argumentos recurrentes en los últimos años. No así el dato de que fuese un socialista, Prieto, el encargado de arramblar con todas las reservas del Banco de España. Pero eso ya es harina de otro capítulo.

Y es que los socialistas, como los nacionalistas, armados o desarmados, siempre han tenido un mismo objetivo: alterar la convivencia entre los españoles. Siempre se han distinguido por su resentimiento a España, a lo español. A diferencia de los comunistas, nunca lo han admitido, lo que eleva el grado de vileza de muchos de sus dirigentes.

El PSOE ha sido siempre un proyecto sin salida, un oximonon antiespañol, sustentado en las mentiras, la corrupción y las pistolas. Largo Caballero ya nos ofreció un amplio catálogo de propuestas violentas, como las aparecidas en «El Socialista» durante los agitados años de la república.

Cabe reseñar que socialistas fueron también los miembros de la Guardia de Asalto que asesinaron al dirigente derechista José Calvo Sotelo. O que ETA difícilmente habría sobrevivido tantos años sin el soporte y el apoyo político de una parte nada desdeñable de la izquierda nacional. O que un Gobierno socialista promovió y financió a una organización terrorista como los GAL.

Así que no nos engañemos más ni nos extrañemos de que hoy, este país no sea otra cosa que el resultado de aquello en lo que el PSOE ha querido convertirnos desde la famosa frase guerrista de que a España no la reconocería ni la madre que la parió.