Santiago Abascal, en la Asamblea de Vox celebrada el 8 de marzo en Vistalegre

ED (R) Los candidatos de VoxHabla presentan un abultado recurso ante el Comité Electoral en el que aportan pruebas de las numerosas irregularidades que ha habido durante el proceso, como en Valencia. Piden su nulidad y una investigación interna para «depurar responsabilidades»

Este jueves, 24 de septiembre, los militantes de Vox están llamados a las urnas para votar telemáticamente a las pocas candidaturas que han logrado superar la primera fase de las primarias destinadas a dirigir los comités provinciales del partido, y que solo han sido convocadas en aquellos lugares en donde la formación de extrema derecha cuenta con más de 500 militantes. Pero, para contrariedad de la dirección, el proceso se ha saldado con la presentación de una avalancha de recursos ante el Comité Electoral (CE) en los que los candidatos críticos relatan las numerosas irregularidades y la vulneración de derechos que consideran que ha cometido la dirección del partido, así como las dificultades que han sufrido frente a los rivales, considerados como «oficiales».

«Ha sido un pucherazo en toda regla. Todo va a seguir igual. Algunas gestoras desaparecen pero los comités provinciales seguirán en manos de los mismos», advierte Fernando Moya, portavoz de la asociación VoxHabla, que aglutina a buena parte de los críticos de la formación de extrema derecha que se consideran perjudicados.

La dirección de Vox proclamó el pasado 14 de septiembre las candidaturas a primarias que consideró válidas, anunciando que el proceso solo se celebraría al final en siete de las 19 provincias que tenían derecho a hacerlo al contar con ese medio millar de afiliados. En las 12 provincias restantes, al haber sido admitido solo un candidato -el oficialista-, se le ha dado como ganador. Mañana, jueves, los militantes de la formación de extrema derecha votarán telemáticamente esas pocas candidaturas que han pasado la criba y han logrado avales suficientes para concurrir a estas primarias cargadas nuevamente de polémica. La proclamación definitiva, una vez se resuelvan las impugnaciones, será el 4 de octubre.

Entre las denuncias más sonadas que han llegado ya al Comité Electoral está la de Juan García Sentandreu, que acaba de desvelar sobre este candidato en Valencia. Sentandreu, que ha aportado pruebas de un supuesto «complot» en el proceso de primarias de la formación verde, es abogado y ha enviado a este órgano interno de Vox una grabación «absolutamente repugnante» del supuesto fraude por lo que solicita la apertura de un expediente por infracción «muy grave» y la retirada de la candidatura del oficialista José María Llanos, portavoz del partido en Les Corts, que ha sido la ganadora al ser el único que ha conseguido los avales suficientes para optar al cargo.

La candidatura de Llanos, según el relato de Sentandreu, aprovechó el periodo habilitado para conseguir avales para llevar a cabo una «campaña en la que cargos de la organización, identificándose como tales, llaman personalmente o remiten WhatsApp masivos a los afiliados para solicitar coactivamente y bajo engaño el aval para la candidatura del actual presidente de la gestora provincial». «La llamada se realiza a toda la militancia y por distintos medios», por lo que Sentandreu sospecha que «tienen acceso ilimitado a los datos de afiliación».

Un dosier con numerosas irregularidades

Pero esta no es la única denuncia de este colectivos de críticos. Este fin de semana VoxHabla enviaba al Comité Electoral un dosier de 42 páginas denunciando con todo lujo de detalles los problemas que han tenido los aspirantes alternativos para la recogida de esos avales tanto en Barcelona, como en Sevilla, Granada , Alicante, Murcia, Asturias y Toledo. Los firmantes, además del valenciano Juan García Santandeu, son Sayde Chaling Chong, de Barcelona; Manuel Pérez, de Sevilla; Ignacio Pozo, de Granada; Pascual Mónica Pruneda, de Alicante; Alfonso Galdón y Julio Bueno de Murcia; Rodolfo Espina, de Asturias, y María Isabel Moreno, de Toledo. Esas pruebas son 131 documentos que se adjuntan al recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, con pantallazos de redes, vídeos y audios que demostrarían la vulneración e irregularidades cometidas durante el proceso. «En Vox hay miedo y mucho ‘síndrome de Estocolmo'», afirma el portavoz de VoxHabla.

El documento desgrana las «presiones» e incluso «amenazas» a cargos electos y coordinadores del partido «para que se posicionen a favor de la candidatura oficialista», o las «tretas» empleadas para «inducir a error en el aval». También denuncian el «uso indebido» de entrevistas y vídeos, y la utilización de canales de Telegram oficiales o cuentas en las redes sociales por parte de coordinadores y concejales para apoyar a los actuales presidentes de las gestoras que concurren a las primarias. El caso de Sevilla es uno de los más paradigmáticos junto con el de Valencia que este grupo de críticos pone de relieve.

Otro de los casos que sacan a la luz es el del oficialista Joan Garriga, candidato a presidir el comité provincial de Barcelona. En su lista figura Juan Cremades, que es a la vez miembro del propio Comité Electoral, órgano que decide qué candidaturas cumplen o no los requisitos para presentarse a estas primarias. VoxHabla cree que esta circunstancia vulnera varios artículos del Reglamento Interno de Procesos Electorales (RIPE) ya que no puede ser «juez y parte» del proceso.

La última «cacicada» que denuncian es que el Comité Electoral, en un comunicado emitido este mismo lunes, ha acordado «la suspensión y anulación» de aquellas candidaturas que mantengan reuniones presenciales desde hoy dado que han detectado casos «en los que no se han observado las debidas medidas de precaución sanitaria impuesta por la COVID». Este órgano cita un acto de campaña del candidato en Alicante, Rafael Ramos, -que cuenta con el respaldo del diputado, el militar Manuel Mestre- y enlaza una noticia del diario Esdiario en la que se ve al aspirante rodeado de simpatizantes en un local público, algunos sin mascarilla.

Por este motivo, el Comité Electoral ha acordado suspender la campaña de Ramos. Además, recuerda que «las candidaturas tenían la obligación de solicitar autorización para cualquier reunión prevista en cualquiera de los formatos» con el fin de «coordinar oportunamente con comunicación nacional» y no se ha solicitado estos permisos por lo que también acuerda que «no se celebrarán las reuniones en modo telemático que no tengan la autorización expresa del Comité Electora».

Por todo ello, estos críticos piden la nulidad de las primarias y «una nueva convocatoria en verdaderas condiciones de igualdad». Además, exigen que se abra «una investigación que depure las responsabilidades» contra aquellos cargos orgánicos que han vulnerado el principio de «neutralidad» que recoge el artículo 12 del citado Reglamento Interno de Procesos Electorales porque creen que estos dirigentes «han traicionado ese principio para beneficiar a los aspirantes -en su mayoría presidentes de las actuales gestoras- impuestos por la dirección».

Pero estas no han sido las únicas incidencias. En Sevilla un fallo informático a la hora de registrar los avales impidió que la lista del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, Manuel Pérez Paniagua, que concurría bajo el lema ‘Volver a ser Vox’, pudiera presentarse. Según denunció, la candidatura fue retirada «sin comunicación oficial» pese a haber superado la cifra de 143 avales que se exigían para presentarse. También en Baleares ha habido impugnación: Santiago Galán, que competía contra el portavoz en el Parlament, Jorge Campos, ha asegurado que el proceso no ha sido limpio y ha habido hechos presuntamente irregulares que lo han descabalgado de la carrera por lo que se reserva el derecho de emprender acciones de ahora en adelante.