Militantes de Vox Málaga en el acto electoral de Enrique de Vivero celebrado en el hotel Barceló.

Vox ha decretado un estado de excepción interno y ha prohibido a sus afiliados reunirse, incluso telemáticamente, sin autorización previa. La suspensión de este derecho fundamental llega en pleno proceso electoral para renovar a los comités provinciales del partido, cuando las distintas candidaturas deben exponer sus propuestas y programas; y en medio de una creciente contestación interna, mientras se multiplican las denuncias de presuntas irregularidades.

El Comité Electoral (CEL) de Vox, que dirige las elecciones primarias, ha ordenado este lunes la suspensión de todas las reuniones presenciales, basándose en que una de las listas que compiten en Alicante celebró un encuentro en un pub de Elche sin pedir permiso.

Aunque en aquel encuentro los asistentes no llevaban mascarilla ni guardaban las distancias de seguridad, la medida no tiene como objetivo evitar la propagación de la pandemia. La prueba de ello es que también se prohíben todas las reuniones telemáticas que no sean previamente autorizadas. Quienes desobedezcan esta orden, advierte el comité, serán expulsados del proceso electoral interno. La lista que organizó el acto del pub no ha sido descalificada, pero sí se ha suspendido su campaña.

El reglamento que regula las elecciones internas de Vox no prevé, lógicamente, la suspensión de un derecho fundamental como es el de reunión. Solo señala que el Comité Electoral, que controla el censo de los afiliados, puede convocar, a petición de las distintas candidaturas, reuniones de electores a través de los medios del partido, lo que no supone que no se puedan celebrar otras. Para justificar su drástica decisión, que algunos afiliados califican de ilegal, el CEL se ampara en la conveniencia de “coordinar oportunamente [estos actos] con [la dirección de] Comunicación nacional”; es decir, con el gabinete de prensa.

Esta medida llega en medio de una creciente contestación interna. Ocho candidaturas han presentado un recurso conjunto en el que denuncian múltiples irregularidades en las elecciones primarias en siete provincias: Barcelona, Murcia, Granada, Toledo, Sevilla, Alicante y Valencia.

El recurso denuncia que las gestoras nombradas a dedo por Madrid, que buscan revalidarse en el cargo, han utilizado el aparato del partido y sus recursos en beneficio propio, rompiendo la neutralidad que los responsables orgánicos y cargos públicos están obligados a guardar.

Los recurrentes aportan numerosas pruebas (mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas) de que las candidaturas del aparato han utilizado el censo de afiliados, del que solo ellas disponen, para llamar uno a uno a los miembros del partido desde la sede oficial y pedirles su aval, incluso bajo amenaza.

A la vista de este “fraude generalizado”, piden la anulación de las elecciones en esas provincias y la convocatoria de un nuevo proceso “en condiciones de igualdad”; la apertura de expediente disciplinario a los autores de las irregularidades y de una investigación para depurar las responsabilidades de los cargos del partido que las han permitido.

Al margen de este recurso colectivo, se han presentado numerosos individuales. En Madrid, la candidatura alternativa a la oficialista de Rocío Monasterio, proclamada ganadora por ser la única que ha obtenido suficientes avales, ha pedido la impugnación del proceso alegando que el Comité Electoral tardó una semana en ofrecer los resultados detallados cuando, al tratarse de un proceso telemático, su difusión debió ser inmediata, “por lo que no se garantiza la seguridad y transparencia necesaria”.

Para intentar disipar las sospechas de tongo, el CEL ha trasladado la responsabilidad a la compañía Telefónica, asegurando que “los sistemas telemáticos utilizados para la realización de los avales y votaciones durante el proceso electoral interno están auditados por el departamento de Ciberseguridad Informática” de dicha empresa.

La falta de neutralidad del Comité Electoral ha sido denunciada por varias candidaturas, que recuerdan que uno de sus miembros, el abogado Juan Cremades, forma parte como vicepresidente de la lista dada por ganadora en Barcelona sin necesidad de votación, en contra de las normas internas.

De las 19 provincias en las que inicialmente estaba previsto hacer primarias (por ser las únicas que superan los 500 afiliados), el CEL solo ha permitido su celebración en siete donde más de una lista tendría el aval del 10% de los afiliados. Desde el pasado sábado y hasta el jueves pueden votar telemáticamente o por correo.