Pedro Sánchez, en Lanzarote

Las comunidades autónomas recibieron ayer con estupor la maniobra de Sánchez para descargar en ellas toda la responsabilidad ante la pandemia, sobre todo por la falta de liderazgo que demuestra. Fuentes territoriales subrayaron que la posibilidad de que una comunidad solicite el estado de alarma en su territorio existe desde 1981. No es una novedad. Pero la solución, insisten desde varias comunidades de distinto signo, no es esa en este momento. Los barones populares reclamaron una mayor coordinación y un plan nacional, mientras que los nacionalistas descartaron la solicitud de esa medida excepcional. Al menos por ahora.

En el País Vasco, la mera idea de regresar al estado de alarma genera sarpullidos en Sabin Etxea, sede del PNV. Iñigo Urkullu recela de esta fórmula. El lendakari se decanta por mantener la toma de decisiones en el País Vasco y de ahondar en una relación bilateral con el Ejecutivo central basada en la «lealtad». «No hay necesidad de otro tipo de figuras», sentenció, informa Adrián Mateos.

«Ahora parece que el virus sí que entiende de territorios», comentó Torra tras conocer la nueva posición de Sánchez, según Efe. Por parte de la Generalitat, la posibilidad de solicitar un «estado de alarma autonómico» no se contempla. De inmediato tras conocerse el ofrecimiento por parte del Gobierno, la consejera de Salud catalana, Alba Vergés, consideró que «no es una herramienta imprescindible», y que el ejecutivo autonómico cuenta con suficientes instrumentos para activar sus planes de emergencia, informa Àlex Gubern.

Para Galicia, la propuesta de Sánchez es «decepcionante». Fuentes de la Xunta consultadas por ABC no ocultaron su malestar porque «después de cinco meses, la solución pase por decretar 17 estados de alarma», e incidieron en que «es una herramienta constitucional impropia» para lidiar con una crisis sanitaria. «Esto no está previsto para una pandemia», insistieron, y recordaron que el Gobierno se comprometió con las autonomías a buscar una alternativa legislativa para combatir la pandemia sin recurrir a la limitación de derechos y libertades. De hecho, la vicepresidenta Carmen Calvo llegó a reconocerle en mayo a Alberto Núñez Feijóo que existía un grupo de juristas convocado por su departamento encargado, precisamente, de detallar «un plan b» legal al estado de alarma. Entonces, Feijóo concedió un voto de confianza por entender que el Gobierno necesitaba «tiempo para organizarse», informa José Luis Jiménez.

Desde la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno señaló que el Gobierno «no puede pasar del todo a la nada». «Debe asumir el liderazgo y su responsabilidad en la coordinación entre administraciones», advirtió.

También el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó que «la solución no es ofrecer a las comunidades el estado de alarma para su territorio, figura que ya existe desde hace casi 40 años». «Llevamos meses pidiendo una herramienta sin tener que recurrir al estado de alarma. El Gobierno de Sánchez no puede echarse de nuevo a un lado», subrayó.

Unidad de acción

Desde Murcia, Fernando López Miras advirtió de que «España no puede permitirse 17 estrategias diferentes para frenar una pandemia». «Las comunidades asumimos nuestras competencias. Pedimos que el Gobierno central asuma las suyas», avisó. El presidente regional exigió al Ejecutivo de Sánchez que garantice «la coordinación y la unidad de acción» para frenar el virus.

En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso acogió con prudencia la propuesta de Sánchez y se limitó a comentar que si es necesario solicitará la declaración del estado de alarma y «todo aquello que haga falta» para «proteger la salud de los ciudadanos», ante el aumento de los casos de coronavirus en la región.