El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos.

El magistrado tomó esta decisión después de escuchar a Calvente en sede judicial el pasado 29 de julio. También ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente.

Los delitos de malversación y administración desleal apuntados en el auto conllevan penas de prisión. En el caso de la malversación, este delito podría ser atribuido tanto a personas concretas de la dirección de Podemos como a la propia formación como persona jurídica.

EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN

Calvente explicó a Europa Press que Mónica Carmona, otra antigua letrada del partido, y él mismo estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos el pasado mes de diciembre.

Irregularidades que, según su versión, habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido o también sobresueldos. También dirige sus sospechas contra la Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.

El exabogado de Podemos presentó denuncia en Barcelona por estos hechos y fue remitida después a los juzgados de Madrid por ser los competentes para investigar. El instructor citó al abogado para que se ratificara en una comparecencia que duró casi tres horas y media.

Un día después, Escalonilla dictó varios autos en los que imputó al partido como persona jurídica y a varios dirigentes del mismo. También requirió abundante información y documentación tanto a Podemos como a organismos públicos, al grupo de policía judicial, al Tribunal de Cuentas, al Registro Mercantil, al Registro de Cooperativas de Madrid y a entidades financieras.

POR QUÉ SE INVESTIGA A PODEMOS

El origen de la denuncia son tres asuntos: los movimientos de la llamada “caja de solidaridad” del partido, la reforma de su sede en Madrid y los contratos de consultoría en la campaña electoral de abril de 2019.

La caja de solidaridad es un fondo creado al que sus altos cargos y cuadros intermedios donan todo lo que cobren que exceda de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para revertirlo en iniciativas sociales. Sin embargo, Calvente encontró cantidades en reintegros que rompían ese tope prefijado y denunció además que de esa hucha habían salido 50.000 euros para una consultora-productora que tiene entre sus fines “revertir el sistema a través de la comunicación como proceso de empoderamiento”.

El juez también quiere averiguar los posibles contratos con la empresa portuguesa ABD Europa LDA, una entidad especializada en “estudios de mercado y sondeos de opinión” con la que Podemos suscribió contratos de prestación de servicios en febrero y abril de aquel año; y con Neurona Comunidad S.L., una consultora que está en el punto de mira de las autoridades bolivianas porque pudo recibir pagos no justificados del expresidente Evo Morales. “Esta empresa fue constituida el 19 de marzo de 2019 expresamente para contratar con Podemos los gastos de campaña electoral”, sostiene la denuncia, que destaca que el partido de Pablo Iglesias “ha celebrado contratos presuntamente irregulares con la empresa Neurona Comunidad SL en las elecciones generales celebradas este año 2019”. Dicha empresa ya salía en un informe del Tribunal de Cuentas referente a la campaña electoral abril de 2019. El órgano fiscalizador advertía de irregularidades por valor de 400.000 euros.

Por último, la tercera línea de investigación son posibles sobreprecios en las obras de remodelación de la sede de Podemos. El abogado expulsado admite que la licitación de la obra de la sede fue “falsa”. Presupuestó los trabajos en 649.936 euros y los adjudicó por el doble.

REACCIÓN DE PODEMOS

A raíz de todas estas diligencias, la representación legal de Podemos ha dirigido un escrito al instructor en el que solicita la nulidad de las mismas alegando que el juzgado sólo le ha proporcionado “los primeros 41 minutos y 52 segundos” de la comparecencia que prestó Calvente el 29 de julio, a pesar de que en realidad la declaración se alargó casi tres horas y media.

Para Podemos, mantener las actuaciones acordadas sin haberle facilitado la totalidad de la comparecencia de Calvente, pues en ella se basan los autos dictados por el juez, genera “una evidente indefensión al no poder esta parte verificar lo practicado en su integridad en dicha declaración a los efectos de ulteriores recursos, de declaraciones testificales o de las personas investigadas, entre tantas otras diligencias que puedan practicarse”.