La madrugada del 13 de marzo de 2019 la Policía ingresó a la casa de Luis Alfredo Ariza en el barrio pobre de Macarao, en el oeste de Caracas, y lo detuvo bajo acusaciones que aún a la día de hoy, no están claras. Minutos después, en una calle cercana a su vivienda, lo ejecutaron de un disparo en el pecho.

Es la versión que repite desde ese día su madre, Miriam Gamarra, con base al relato de testigos y de la viuda de Luis Alfredo, que ese día dormía a su lado cuando los funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, convertida en una especie de policía política del tirano Nicolás Maduro, irrumpieron en la casa aquella fatídica madrugada.

«Yo sé que aquí nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, pero una de las cosas de las que yo me agarro es que mi hijo no era ningún delincuente», dijo a Efe Gamarra, sollozando ante el recuerdo de quien fuera su único hijo.
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La mujer de 40 años tiene grabados a fuego los detalles de ese 13 de marzo: iba camino a su trabajo cuando asesinaron a su hijo, las casas de ladrillos naranja de Macarao fueron testigos de su retorno apresurado al barrio cuando una llamada le alertó del suceso.

Pero ya no vio más a su hijo, solo un arma -que insiste no era de él- junto a una gorra negra y un charco de sangre en el lugar en que lo asesinaron.

Nunca olvidará cómo la sangre de Luis Alfredo manchaba la calzada.

MUERTOS POR «RESISTIR A LA AUTORIDAD»

Según un informe de febrero pasado del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), durante 2019 murieron en el país caribeño 2.113 menores de 30 años por «resistir a la autoridad». Casi 6 cada día.

Y en otro informe más reciente, la ONG detalló que durante 2019, por cada 1.000 muertes violentas causadas por los delincuentes, la Policía produjo otras 802, como si la justicia se tratase de un «ojo por ojo».

El dato, dijo a Efe el director de la OVV, Roberto Briceño León, es «altísimo» y permite asegurar que la Policía venezolana es una de las que más muertes causa en el mundo, si se atienden a las proporciones entre población y fallecimientos en enfrentamientos.

«La Policía venezolana mata 40 veces más que la Policía estadounidense, y si lo tomas en comparación con otro país como Brasil (…), la Policía venezolana mata 7 veces más que la Policía brasileña», dijo Briceño León a Efe.

Los datos de la OVV también señalan que un civil tiene 110 veces más probabilidades de morir en un enfrentamiento que un policía.

«Siendo así, ¿esos individuos son delincuentes, son especialistas, significaban realmente una amenaza, que los matan tanto?», se preguntó Briceño León.

El especialista señaló que muchos de los casos se producen luego de un allanamiento de morada sin orden judicial previa, la captura del acusado y su posterior muerte tras lo que la Policía reporta fue un enfrentamiento, pese a que la víctima ya estaba bajo custodia de las autoridades y sin arma.

MUCHAS MUERTES, UN PATRÓN

Este es el patrón que llevó al deceso de Luis Alfredo Ariza, según los reportes de sus familiares y defensores.

«(Explicaron) que hubo un enfrentamiento, el informe (policial) dice que él estaba caminando por ahí y estaban pasando los funcionarios, le dieron la voz de alto y que él se enfrentó a ellos, cuando a él lo sacaron de la casa», dijo a Efe entre lágrimas su madre.

En un caso similar, perdió la el joven Jessé Gabriel Pérez, el 11 de julio de 2018 cerca de Santa Lucía, en otra población pobre y llena de dificultades del céntrico estado de Miranda.

«Irrumpió el FAES como a las 5.30 de la mañana aproximadamente, llegaron golpeando, amenazando, robando, se llevaron varias personas presas y posteriormente mataron a mi hermano. Lo ajusticiaron ahí mismo, donde vivimos», dijo a Efe Ruth Pérez.

El suceso aún causa dolor a esta ama de casa de 36 años, madre de dos mujeres jóvenes que crecieron viendo como la violencia desgarra su familia y su comunidad.

«El FAES volvió a irrumpir 8 meses después (de la muerte de Jesse), golpearon a mis hijas, a mi hija mayor la desnudaron, mataron a dos vecinos más (…), un funcionario me dijo que si le daba la gana me mataba, sacó su arma de reglamento y me la puso en la cara», recordó.

En el expediente reposa que Jessé Gabriel Pérez se resistió a la autoridad, advirtió su hermana Ruth.

Pero al mismo tiempo, puso en duda la versión oficial y destacó que a su hermano, antes de morir, jamás se le acusó de nada.

LAS FAES, UN CUERPO CUESTIONADO

En julio de 2019 la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, recomendó en un informe sobre la situación venezolana disolver las FAES por la presunta vinculación de sus efectivos en ejecuciones extrajudiciales.

Y en septiembre de ese mismo año, Bachelet afirmó en su actualización del informe que su oficina «ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país», al tiempo que lamentaba que no se hubiera seguido su recomendación de disolver esa fuerza policial.

La expresidenta chilena no fue la primera en apuntar a las FAES por presuntas violaciones a los derechos humanos, pero sí la figura de mayor peso en hacerlo.

Sus declaraciones de entonces envalentonaron a la oposición venezolana y a familiares de las víctimas, que denunciaron la represiva política policial del tirano Nicolás Maduro.

Pero el mandatario no solo esquivó las críticas, sino que salió en defensa de las cuestionadas fuerzas especiales, que definió como «una necesidad para la paz» de Venezuela.

«Tienen todo mi apoyo, todo el apoyo institucional, legal (y) constitucional para que desarrollen sus funciones», aseveró Maduro en un acto de graduación de policías en diciembre de 2019, mientras denunciaba la presunta existencia de «una campaña mundial» para eliminar ese cuerpo policial.

EL APOYO DE MADURO, «INASUMIBLE»

Este apoyo de Maduro a las FAES es «inasumible», dijo a Efe la cofundadora de la ONG Cofavic, que defiende los derechos humanos, Liliana Ortega.

«Es harto conocido por las cifras oficiales de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las cifras de las ONG en Venezuela, que hay un grave problema de ejecuciones en los procesos que desarrollan las FAES», agregó.

Desde 2012 hasta marzo de este año, Cofavic identificó 11.328 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

«El 71 % de estos casos ocurren bajo operativos de seguridad especiales, más del 90 % en zonas vulnerables», dijo Ortega, dibujando sin pretenderlo el tipo de operaciones que adelanta la FAES en los barrios pobres de Venezuela.

En todo caso, apuntó que cuando se habla de la Policía en Venezuela debe hablarse de una «reestructuración a fondo» y del fin de la impunidad a través de la Justicia, un paso necesario para que los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales puedan cerrar una etapa dolorosa.

«El 99 % de los casos de violaciones de derechos humanos no llegan a juicio, (y) ese mensaje tan nocivo para los presuntos criminales y para quienes se desvían de sus funciones policiales es un contexto apropiado para multiplicar la violencia», señaló.