Quim Torra en videoconferencia con Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos

El gobierno catalán ha decidido no aceptar la orden judicial que prohíbe el confinamiento en Lérida. Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha asegurado este lunes, tras una reunión con los consejeros Pere Aragonès, Miquel Buch, Alba Vergés y Meritxell Budó que «no aceptamos» el auto judicial y, por lo tanto, intentarán no cumplirlo: «Asumo las consecuencias que se deriven».

A primera hora de la mañana, Torra se ha reunido con los servicios jurídicos del gobierno catalán y los consejeros afectados por la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Lérida (en funciones de guardia), que anoche desestimó el confinamiento aprobado por el gobierno autonómico al considerar, entre otros motivos, que esta medida corresponde aprobarla en el Congreso de los Diputados.

«Continuamos considerando la resolución válida. Y esta tarde aprobaremos un decreto ley para reforzarla», ha indicado Torra, en la rueda de prensa posterior a la reunión en el Palacio de la Generalitat, y acompañado de Aragonès. La resolución a la que ha hecho referencia Torra se ha publicado este martes en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) y la Justicia la ha desestimado.

Para intentar burlar la decisión de la juez, el gobierno autonómico se reunirá extraordinariamente esta tarde para aprobar un decreto que, en opinión de Torra, dejará en papel mojado el auto judicial. De momento, el presidente autonómico solo ha avanzado que el decreto «reforzará» la resolución ejecutiva del confinamiento.

«Los Mossos cumplirán las resoluciones judiciales»

Mientras tanto, hasta la aprobación del nuevo decreto, Torra ha insistido en que la población de la comarca del Segriá tiene que hacer caso a lo que «recomienda» la Generalitat, porque «no podemos permitirnos el lujo de perder el tiempo con resoluciones judiciales». Además, el presidente autonómico no ha descartado recurrir el auto judicial: «Los servicios jurídicos están estudiando todas las opciones».

Aragonès, también en la rueda de prensa conjunta, ha defendido que, en su opinión, «según el marco normativo actual» no hace falta decretar un nuevo Estado de alarma, por lo que no ve necesario pedirlo al Gobierno para que lo apruebe el Congreso. Torra, sobre este punto, ha recordado que en el País Vasco y Galicia, este domingo, se prohibió votar a unos ciudadanos al estar infectados por el Covid-19.

Pese a esta posición del gobierno catalán, una de las claves, a partir de ahora, es la actuación de los Mossos d’Esquadra. En este sentido, Torra ha dejado claro que «los Mossos cumplirán las resoluciones judiciales» y se ha limitado a señalar, en la rueda de prensa, que lo que pide la Generalitat son «recomendaciones».

Pueyo pide «seguridad»

Por su parte, el alcalde de Lérida, Miquel Pueyo (ERC), ha pedido «claridad» al gobierno catalán a la hora de adoptar este tipo de decisiones. Pueyo, en declaraciones a RNE recogidas por Ep esta misma mañana, ha ironizado: «Me acosté con el espíritu del fiscal y me he levantado con la interlocutoria de la juez».

Desde su punto de vista, sin embargo, «no hay elementos o argumentos de tipo jurídico» que lleven a una juez a no confinar una parte de Cataluña en la situación actual, y, en su opinión, se deberían «estar tomando decisiones sobre bases científicas o sanitarias» y, por tanto, no sobre la base legal.

Pueyo ha reconocido que se vive una «sensación de desorden» y de «disgusto» en la comarca, a la que ahora se suma la de «incertidumbre» tras la decisión judicial. Así, para el alcalde de Lérida, la Generalitat y el gobierno catalán deberían llegar a «un acuerdo», porque se necesita «seguridad, claridad» y también «medidas concretas».

Los empresarios lamentan la «improvisación»

También se ha pronunciado este lunes el presidente de la Federación de Hostelería de Lérida, Josep Castellarnau, quien -en declaraciones a Efe- ha lamentado la «improvisación» del gobierno catalán a la hora de adoptar una medida para la que no tiene competencias legales y ha asegurado que los empresarios de la comarca están «desesperados».

Castellarnau ha criticado que, desde su punto de vista, lo que está ocurriendo es «un desbarajuste». «No somos marionetas, todos tenemos familia y unas responsabilidades y si se tenía que volver a confinar, antes se tendrían que tomar medidas económicas para poder aguantar el sector de la restauración», ha añadido.

En esta línea, ha denunciado que el anuncio tan repentino de un nuevo cierre al público de los locales ha cogido a empresarios del sector con mucho género comprado que, «si no se consume en pocos días, se echará a perder. Y eso, ¿quién nos lo paga?», se ha preguntado. Y ha añadido: «Tendríamos que haber actuado hace tres meses, y no hoy».

De la misma manera, el presidente de la Cámara de Comercio de Lérida, Jaume Saltó, ha explicado que es «desesperante» el no saber qué hacer y ha señalado que la «incertidumbre en el mundo empresarial es lo peor, porque no puedes controlar la situación y eso provoca mucho miedo».

«No entiendo cómo se puede improvisar tanto en cosas tan críticas como la economía de un país«, ha destacado Saltó, antes de añadir que »una mala decisión, a los políticos no les provocada nada, pero a los empresarios sí«.

EL GOBIERNO DESCARTA APLICAR EL ESTADO DE ALARMA PARA CONTROLAR EL BROTE DE LÉRIDA 

Por otra parte, e Gobierno descarta decretar el estado de alarma parcial para controlar el brote de casos de coronavirus desatado en Lérida porque sostiene que las comunidades autónomas disponen de las herramientas necesarias para actuar en este tipo de casos.

Fuentes del Ejecutivo han explicado que tras el veto judicial al endurecimiento del confinamiento en la comarca leridana del Segrià habrá que valorar ahora las decisiones a tomar, pero en todo caso son las autonomías las que tienen el papel “preponderante” en el control de la transmisión.

En este contexto, el Ministerio de Sanidad está para “ayudar” en todo lo que pida esta y cualquier comunidad para atajar los focos, aunque las fuentes reconocen que el auto judicial de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida -que es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)- es un “handicap” que hay que solventar.

La Generalitat y Sanidad mantienen un diálogo constante de intercambio de información sobre este brote, y esta misma tarde se reunirán para evaluar las medidas puestas en marcha, aunque ya el presidente catalán, Quim Torra, ha avanzado que no acepta el fallo de la magistrada y tomará decisiones mediante decreto.

De momento, insisten desde el Gobierno, las comunidades disponen de instrumentos para actuar, como ya ha ocurrido en la propia Lleida o en los brotes de A Mariña (Lugo) y Ordizia (Guipúzkoa) sin tanta carga legal como el confinamiento individual.

A la espera de lo que estimen los equipos jurídicos y la decisión final, existen otras alternativas menos duras que el confinamiento individual como el cierre o apertura de locales o la restricción de aforos en lugares públicos y comercios, aunque las fuentes consultadas reconocen que quizá no sean tan eficaces.