Francisco Coll Morales.- Tras la gradual disipación de la pandemia, así como el levantamiento de las medidas de distanciamiento social, el duro shock de oferta que mantenía congelada a la economía española comienza a amainar. La fase de reactivación de la economía, aunque a priori notablemente progresiva, ha comenzado a darse en las distintas autonomías que, con la apertura de los comercios, comienza a mostrar mayores signos de actividad económica, así como recuperación del empleo que, ante la situación, se encontraba suspendido a la espera de una reapertura que permitiese la reincorporación, así como el desarrollo de sus funciones.

De esta forma, como recogen los datos oficiales que muestra el Instituto Nacional de Estadística (INE), con la apertura de la economía, el empleo que se encontraba suspendido, dada la aplicación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ha comenzado a reincorporarse nuevamente. Una reincorporación que, pese a ser lenta, ya comienza a mostrar, aunque muy débiles, signos que podrían suscitar el optimismo sobre una economía que, a la luz de las previsiones que ofrecen los distintos organismos multilaterales, prevé encontrarse en una grave situación de deterioro cuando todo esto pase. Pues, pese a esa reincorporación, no debemos olvidar que las previsiones arrojan una tasa de desempleo cercana al 22 % para cuando la crisis se disipe por completo.

En este sentido, preocupa mucho una situación como tal, pues si hablábamos ya de un elevadísimo desempleo estructural antes de la crisis que hoy nos acontece, con niveles que rozaban el 15 %, no hay ni qué decir de la situación que se presentará cuando los pronósticos que hoy se ofrecen, meses más tarde, se materialicen en nuestra economía. Pues, ante semejante situación de desempleo, con una contracción en el PIB que podría alcanzar el 15 %, así como un déficit que podría llegar a situarse por encima del 10 %, recuperar el empleo perdido, así como generar empleo nuevo que saque a España de un atolladero que, como decíamos, se muestra estructural, va a ser una misión muy complicada para los gobernantes que hoy se encuentran en el poder.

Una misión para la que, además, comenzamos a ver serias dificultades que deberían ser paliadas desde la política fiscal y económica que estos gobernantes aplican. En este sentido, situaciones que están poniendo sobre las cuerdas a unos empresarios que, a la luz de los datos, muestran un elevado grado de vulnerabilidad y con el que deberíamos ser muy cautelosos. Pues, aunque el Gobierno tienda a olvidarlo, dejándose llevar por los cantos de sirena de un IBEX al que tilda de representante de los empresarios españoles, el tejido empresarial en el país se compone en su totalidad de pequeños y medianos empresarios. Tanto es así que el 99,9% del tejido empresarial se compone de pymes, de las cuales, el 89 % posee entre 9 y 0 empleados.

Tampoco deberíamos olvidar que, dado su escaso tamaño, estamos hablando de unas pymes que poseen recursos muy limitados. De hecho, hablamos de unas empresas que debido a la situación provocada por la crisis de 2008 se vieron abocadas a despedir a sus trabajadores antes que otras empresas con más recursos, provocando la destrucción del 93 % del empleo. Pues, aunque sean pequeñas, hablamos de un tejido que soporta el 70 % del empleo en el país. Por ello, con una caja media que roza los 60 días —días que una empresa puede contener sus costes fijos sin generar ingresos—, así como con una liquidez que en su cómputo estaríamos hablando del 3 % de la liquidez total del tejido empresarial europeo. Hablamos de un tejido empresarial que, definido en una expresión, podría catalogarse como un tejido empresarial muy vulnerable a situaciones como la actual.

Además, en este contexto, cabría resaltar la situación que, por el momento, se está viviendo en estas empresas. Unas empresas que, a la luz de los datos, han reabierto sus comercios, han puesto en marcha su flujo de costes fijos, han reincorporado a sus plantillas, pero, por desgracia para estos, siguen sin recuperar sus niveles de ingresos, dada la situación que, coyunturalmente, experimenta el consumo en el país. Una situación que, habiéndose hecho eco de ella el Banco de España, muestra cómo la prematura reapertura, no viéndose compensada con una reactivación cuasitotal del consumo, está llevando a estos pequeños empresarios a asumir más costes con una caja que, ante un confinamiento que excede los 100 días, se muestra prácticamente inexistente.

Esto, dada la situación, debería ser un motivo que, ante los datos y en aras de favorecer a la economía, así como a los agentes económicos, llevase a nuestros políticos a repensar su actuación, a la vez de aplicar nuevas medidas, más ambiciosas, que compensasen la situación. Medidas que podrían comenzar con una extensión de los ERTE, así como la permisividad de que aquellos trabajadores inmersos en un ERTE puedan ir reincorporándose a su puesto de trabajo, sin la necesidad de perder dicha condición. Esto permitiría a los empresarios ir recuperando la normalidad, así como los niveles previos, sin necesidad de incurrir en más gastos fijos que, como conclusión, podría obligar a la empresa a echar el cierre ante una insolvencia anunciada.

De querer garantizar el empleo, la única manera de hacerlo es haciendo que este sea rentable, financiera y económicamente hablando, para el empresario. Extinguir los ERTE con la reactivación económica, obligando a la compañía a afrontar una situación en la que no puede seguir conteniendo los gastos fijos que dicha reapertura supone para estos empresarios, podría derivar en situaciones de quiebra, de pérdida de capacidad productiva, que no solo tendría externalidades negativas en el desempleo, sino que, atendiendo a los precedentes, estaríamos hablando de una recuperación que se tornaría mucho más lenta.