Varios colectivos han pedido al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona que anulen los expedientes sancionadores incoados por incumplir las limitaciones de circulación durante el estado de alarma y que abonen las cantidades ya recaudadas.

Papeles y Derechos Denontzat, Iruñea Ciudad de Acogida, Karabana Mugak Zabalduz, Salhaketa y SOS Racismo han celebrado este jueves en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona una rueda de prensa en la que han dado a conocer la resolución del Defensor del Pueblo de Navarra a una queja interpuesta por estos colectivos por la “indebida aplicación” del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, en los procedimientos sancionadores incoados por supuestos incumplimientos en las restricciones de movilidad durante el estado de alarma.

Beatriz Villahizán, de SOS Racismo, y Ramón Yanci, de Iruñea Ciudad de Acogida, han leído en castellano y euskera un comunicado en el que han explicado que el Defensor del Pueblo ha recomendado al Consistorio que “no se sancione a los ciudadanos por el tipo de desobediencia a la autoridad” en los casos en los que se produzca un “mero incumplimiento de la limitación de circulación sin que exista desobediencia a ninguna orden directa e individualizada dada por una autoridad o agente”.

Según han explicado, la resolución del Defensor precisa que “para que exista este tipo de desobediencia a la autoridad o a sus agentes se requiere un mandato expreso, concreto y determinante, una individualización de ese mandato y, sobre todo, la oposición clara a ese mandato”.

Por ello, han exigido al Ayuntamiento de Pamplona y al Ejecutivo foral que acepten esta resolución, que anulen los expedientes sancionadores incoados, que devuelvan las cantidades recaudadas por estas multas, así como una disculpa a la ciudadanía “por la acción indebida llevada a cabo”.

Por su parte, piden al Parlamento de Navarra que inste al Gobierno de Navarra y los ayuntamientos que hayan iniciado expedientes sancionadores de este tipo a que acepten la resolución del Defensor del Pueblo.

Asimismo, han animado a las personas que hayan abonado las multas por estas sanciones a reclamar a la institución que la haya tramitado la devolución de esta cantidad y a interponer una queja ante el Defensor del Pueblo de Navarra. A quienes hayan recibido notificación de multas les recomienda recurrir a la institución responsable y solicitar el “archivo definitivo del expediente”.

Beatriz Villahizán, de SOS Racismo, ha criticado que durante el estado de alarma “la estrategia de control de la movilidad de la ciudadanía ha estado basada en el miedo y en el castigo” y ha afirmado que “ha estado atravesada por la discriminación estructural y la xenofobia” con “paradas e identificaciones racistas”.

Ha rechazado, además, el “uso de la ‘Ley Mordaza’, ampliamente criticada por varios grupos y formaciones políticas” y ha opinado que el uso del artículo 36.6 de esta ley ha sido “una aberración jurídica y un uso interesado”.