El Gobierno consuma su nuevo ataque a la escuela concertada. PP, Cs, Junts per Cat y Coalición Canaria no lograron este miércoles sacar adelante sus enmiendas en defensa de la escuela concertada en la Comisión para la reconstrucción social y económica del Congreso. Estas formaciones buscaban impedir que sólo los centros públicos pudieran acceder al plan de recuperación por el coronavirus. El texto, cuya versión definitiva se votará el viernes, salió adelante con el voto favorable de PSOE, UP, ERC y la abstención de Bildu. Esto supone que los 2.000 millones de euros de inyección económica prometida por el Gobierno irán a parar sólo a las escuelas públicas y no también a las concertadas.

PSOE y Unidas Podemos incluyeron entre las medidas el punto 18.1, que contempla un incremento de las recursos en las escuelas para “fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo”. A continuación, se señala claramente que “la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa”.

Los siguientes puntos del borrador también suponen velados ataques a los centros concertados. El segundo punto señala que “las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública al objeto de poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes”. En la misma línea sigue el tercer punto, que anuncia “la elaboración de un plan de extensión de la Educación Infantil con una red pública e integrada de recursos que garantice una oferta suficiente para todos los niños y niñas menores de 3 años. El sistema será de carácter gratuito y público”.

“NO ENTENDEMOS POR QUÉ SE NOS QUIERE EXCLUIR”

La escuela concertada se muestra perpleja ante esta decisión “sectaria” e “ideológica” del Gobierno. Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, señalaba este miércoles en “El Cascabel” que “no tiene sentido excluir a estas familias porque han pasado el Covid igual que las demás”.

Escuelas Católicas ha denunciado por su parte que esta decisión “discrimina a las familias que eligen la enseñanza concertada, trata de hundir a todo un sector aprovechando la debilidad provocada por la pandemia y consolida el tono absolutista de Podemos” frente a la pluralidad educativa que corresponde a una sociedad democrática y prevalece en toda Europa. “Se están aprovechando las circunstancias para introducir cuestiones ideológicas ajenas a las consecuencias del COVID-19 en el ámbito educativo que con toda seguridad luego se consolidarán en la futura LOMLOE”, asegura.

CONTINUOS ATAQUES A LA ESCUELA CONCERTADA

A la polémica suscitada por la falta de consenso en la Ley Celaá y su desprecio del criterio de demanda social, se suma ahora esta decisión de PSOE y Podemos de excluir a la red de centros concertados de las ayudas económicas para facilitar la seguridad en el próximo curso.

Sin la enseñanza concertada, el sistema educativo español no podría en la actualidad satisfacer la demanda de puestos y dar cumplimiento al precepto constitucional de la libertad educativa. Con esta maniobra, el Gobierno no pretende eliminar de forma directa esta oferta educativa sino intentar ahogarla para reducir poco a poco su presencia en el conjunto del sistema educativo. Un proceso inaceptable que atenta contra la libertad de educación consagrada por la Constitución y esencial para una convivencia social armónica.

CASADO: “NO DEJEN FUERA LA LIBERTAD DE LOS PADRES”

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha sido muy crítico en las últimas horas ante la postura de PSOE y Podemos sobre este tema. A su juicio, se trata de un ataque “sectario” contra la libertad de elección de las familias a la hora de escoger el centro educativos en el que quieran que estudien sus hijos. El líder de los populares ha asegurado que se trata de un gran error porque “atenta gravemente contra la libertad de elección de las familias y en un asunto tan importante para los padres como es la educación de sus hijos”.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, reiteró que no habría intención de acuerdo por parte de la formación naranja si el Gobierno sigue manteniendo su posición de excluir a las escuelas concertadas de las ayudas por la Covid-19. “No dejen fuera la libertad de los padres de elegir dónde quieren educar a sus hijos por sesgos ideológicos de algunas ideas políticas”, subrayó.

El PP también declaró que el Gobierno debe dar su apoyo a todos los centros escolares del país, y que con esta decisión se está dejando fuera de esas ayudas a un gran porcentaje de la comunidad educativa de nuestro país, ya que uno de cada cuatro alumnos pertenece a la escuela concertada.

LA ESCUELA CONCERTADA BENEFICIA A TODOS

En el año 2018, el número de alumnos alcanzaron el 1.521.196, lo que supone 24.085 más que en el ejercicio de 2017. En total, estos centros contaron con 130.448 trabajadores, lo que se traduce en 3.355 más respecto al año anterior.

Por tanto, las escuelas católicas cada vez cuentan con una mayor demanda. 71.031 alumnos son de nacionalidad extranjera. El 15% de los alumnos inmigrantes están escolarizados en la Escuela Concertada. También la Iglesia realiza un gran esfuerzo en el ámbito universitario. En las quince universidades de inspiración católica existentes en España, se concentran el 65% de los alumnos matriculados en universidades privadas presenciales. Esto es unos 115.000 alumnos en 2018, 2.500 más que en el año anterior.

El Vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanal, recordó el pasado mes de junio en la presentación de la memoria de la Iglesias el ahorro de “más de 3.300 millones de euros” que supone la educación concertada para las arcas públicas. Y es así porque el gasto público por alumno en la enseñanza pública es casi el doble que en la concertada. Según el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación de 2018, el gasto público en centros educativos públicos no universitarios es de 5.436 euros por alumno. En cambio, el coste en la concertada fue de 2.886 euros por alumno.

El artículo 27.3 de la Constitución garantiza el derecho de los padres a elegir la educación en valores que desean para sus hijos. “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, dice exactamente.