Un hombre con una brecha en la cabeza, tras ser apedreado el domingo

Negro panorama el que viven desde el fin del confinamiento los vecinos del entorno de la Casa de Campo. En las inmediaciones de las estaciones de Metro de Batán, Casa de Campo, Alto de Extremadura y Lago, así como en el interior del principal pulmón verde de Madrid, los robos y agresiones se han convertido en una constante. Hartos de la indefensión a la que dicen estar sometidos, se han agrupado a través de las redes sociales para recopilar el mayor número de denuncias y reclamar una solución efectiva para el antiguo albergue juvenil Richard Schirrmann, convertido desde enero de 2019 en un recurso habitacional de emergencia para los menores extranjeros no acompañados (menas) llegados a la región. Pese a que los problemas comenzaron ya en aquella época, ha sido ahora, tras el levantamiento de las medidas más restrictivas de tránsito, cuando la situación se ha descontrolado por completo.

Así lo aseguran las decenas de afectados que en las últimas semanas han tenido que afrontar sucesivos trances; algunos más livianos, como amenazas o hurtos a la carrera; y duros otros, en los que los golpes y pedradas, propinados por un reducido grupo –pero muy violento– de estos internos, han provocado a sus víctimas lesiones de diferente consideración. Sin ir más lejos, la Policía Nacional arrestó la noche del pasado domingo a nueve menores por apedrear a varios vecinos –y sustraer la cartera a uno de ellos–, que intentaron ayudar a una mujer a la previamente habían robado los mismos agresores. Dos personas sufrieron brechas en la cabeza, que precisaron de puntos de sutura.

Este hecho, recalcan los moradores, es solo la punta del iceberg de una encrucijada con claros visos de enquistarse. «Desde que empezamos a poder salir, he atendido a dos mujeres a las que habían robado el teléfono móvil», recuerda Alberto, quien, harto de la tesitura, colgó en Facebook el último atraco vivido: «A la hora, vi que la publicación tenía más de 50 comentarios, donde la mayoría de usuarios relataba hechos similares». Fue así como decidió crear un grupo de damnificados para hacer frente a los abusos registrados. En apenas una semana, este singular club cuenta con 800 adeptos. «Es algo surrealista. El otro día estaba en la calle comentando el tema con un vecino y se acercó otro y nos contó que a él le habían dado una paliza entre seis menores», añade indignado.

Muy cerca del centro de emergencia se encuentra la Venta del Batán, una finca en la que su guardesa, Lidia Méndez, lleva 31 años viviendo junto a su familia. Aunque de seguir así la situación, no sabe si lo hará por mucho más tiempo. «Hemos tenido que llamar a la Policía porque desde el 5 de junio se han colado con palos hasta en tres ocasiones», expone, con el miedo evidente de sentirse atemorizada en su propio hogar: «Si les dices algo, te amenazan de muerte».

Un joven, pillado en pleno robo en un quiosco de la Casa de Campo

Tampoco viven ajenos a las preocupaciones en la terraza del Parque Félix, un bar muy próximo a la parada de Batán. «Han intentado robar a los clientes, además de molestarlos casi a diario», relata Paqui García, su propietaria. A ello se suma el asalto sufrido a finales de mayo por parte de dos jóvenes, captados en el interior por la cámara de videovigilancia tras reventar uno de los cierres: «Se llevaron botellas de alcohol, un molinillo de café, el cambio que dejamos para abrir al día siguiente (270 euros) y la caja registradora». Otra cámara grabó también recientemente a un individuo dentro de un quiosco de la Casa de Campo.

Desde la asociación de vecinos Unión Casa de Campo-Batán se ha solicitado una reunión con el responsable del distrito de Latina de la Policía Nacional, a fin de obtener información de primera mano sobre los hechos denunciados en internet. «Antes del estado de alarma, el Cuerpo puso en marcha un dispositivo conjunto entre las unidades de Latina y Moncloa-Aravaca (distrito al que pertenece la Casa de Campo) para reforzar los puntos más calientes», asegura su presidenta, Cándida Campiño. A finales de febrero, ya mantuvieron un encuentro con los responsables del antiguo albergue para conocer el tiempo de permanencia del nuevo espacio habitacional: «Nos dijeron que el proyecto iba para largo».

Por su parte, fuentes de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, de quien depende el espacio, explican que son «hechos aislados» y que la colaboración con la Policía es continua. El centro, creado mediante un contrato de emergencia la legislatura anterior, dispone de 66 plazas autorizadas. «Se abrió con 50, pero al mes se amplió a 66», añaden las mismas fuentes, antes de desglosar por categorías el número de profesionales que allí trabajan, un total de 86.

(ABC)