En esta fotografía del 26 de mayo de 2020 puede verse un letrero en la sede del Departamento para la Seguridad del Empleo, en Olympia, Washington. (AP Foto/Ted S. Warren, archivo)

La delincuencia está aprovechando un incremento en la pérdida de puestos laborales para robar subsidios por desempleo de estadounidenses a nivel nacional, lo cual complica una situación ya de por sí difícil para millones de personas con dificultades financieras y para las abrumadas oficinas estatales de desempleo.

Si bien no hay una medición exacta de cuántas solicitudes fraudulentas se han presentado, los estados desde Washington hasta Maine han registrado un aumento en esos delitos y varias agencias federales están trabajando para combatirlos.

“Aproximadamente el 10% de los pagos (de seguro por desempleo) son indebidos en las mejores épocas, y estamos en la peor de las épocas”, le dijo Scott Dahl, inspector general del Departamento del Trabajo, a la subcomisión de Operaciones del Gobierno de la Cámara de Representantes. Dahl estimó que al menos 26.000 millones de dólares en subsidios podrían desperdiciarse, y la mayor parte de ese dinero terminaría en manos de estafadores.

Esto obliga a las personas desempleadas, quienes ya de por sí están pasándola muy mal debido a la pérdida de un empleo, a luchar por los subsidios que necesitan y a los que tienen derecho.

“Estamos profundamente preocupados por el bienestar de estas personas y cuándo resolverán esto y obtendrán el dinero que necesitan para seguir viviendo”, dijo Eva Velasquez, presidenta y directora general de la organización sin fines de lucro Identity Theft Resource Center, la cual ha registrado un fuerte incremento en las solicitudes de ayuda contra el fraude a las prestaciones por desempleo.

Desde mediados de marzo, 42,7 millones de personas han solicitado apoyo gubernamental por desocupación, aunque algunas han sido recontratadas conforme los estados van permitiendo que los negocios reabran. El jueves, el gobierno federal informó que 21,5 millones de personas están recibiendo la ayuda. Eso crea una oportunidad adicional para los delincuentes. Unos 600 dólares adicionales a la semana en subsidios hace que el fraude sea más lucrativo.

Además, las agencias estatales de desempleo se han visto abrumadas por las solicitudes y están trabajando para que aquellos en dificultades reciban el dinero lo más rápido posible. En algunos casos, los expertos de seguridad dicen que los nuevos procesos, la carga de trabajo adicional y los sistemas obsoletos podrían haberle facilitado el trabajo a los delincuentes.

“Este es ‘El Dorado’ para ellos y es el infierno para las víctimas”, dijo Adam Levin, fundador de la empresa de seguridad de datos Cyber Scout.

Los expertos en seguridad dicen que la mayor parte del fraude parece ser cometido por delincuentes que utilizan datos robados para presentar solicitudes usando la identidad de alguien más. A menudo la información se ha obtenido de filtraciones previas de datos o de ataques directos a los sistemas estatales.

En muchos casos, las víctimas no saben que se han visto afectadas hasta que solicitan los subsidios y se enteran que alguien más lo hizo por ellos. Algunos incluso dejan de recibir sus pagos cuando un delincuente usurpa sus beneficios.

Las víctimas deberían reportar un presunto fraude al estado y a su empleador, y denunciarlo ante la policía.