La Unidad Militar de Emergencias (UME) y distintos batallones del Ejército han trabajado en Cataluña, como en otros puntos de España, a lo largo del estado de alarma para colaborar en la lucha contra el coronavirus. Tanto la UME como los batallones militares especializados han actuado en aquellos lugares en los que se les ha requerido, peticiones que se han canalizado a través de la Generalitat de Cataluña, en estrecha colaboración con el Gobierno de España. Pero no todas las Consejerías autonómicas han pedido apoyo militar para la desinfección del Covid-19. Unas renuncias que han tenido un coste económico para las arcas públicas y que, ahora, se van conociendo poco a poco.

Este es el caso de la Consejería de Justicia, que tiene a su cargo las prisiones de Cataluña y diversos edificios judiciales, y que está dirigida por la exdiputada y exsenadora Ester Capella (ERC). Su departamento se ha gastado, entre el 13 de marzo y el 21 de abril, 51.901,4 euros en limpieza y desinfección de algunos efificios públicos y espacios de las prisiones.

Tal y como figura en varias respuestas por escrito enviadas al Parlamento de Cataluña, consultadas por ABC, Capella confirma que dio órdenes para que se reforzasen las tareas de limpieza, añadiendo la desinfección, que realizan las empresas ya contratadas por la Generalitat. Un refuerzo que se incluye en los gastos aprobados por «vía de emergencia» con motivo de la pandemia.

Así, por ejemplo, el refuerzo en la limpieza de los juzgados de guardia del edificio judicial de Gerona ha supuesto un coste de 13.575,37 euros; el refuerzo en la limpieza del centro penitenciario de Mas d’Enric (Tarragona), donde está interna en semilibertad Carme Forcadell, ha tenido un coste para el erario público de 5.166,70 euros; y la limpieza del Centro Abierto de Barcelona (para mujeres) ha supuesto un cargo de 5.133,18 euros.

Los casi 52.000 euros gastados por la Generalitat se desglosan en veintiuna actuaciones concentradas, en este caso concreto, en un mes y en solo una Consejería catalana. Capella, en sus respuestas a preguntas del diputado autonómico Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois (Cs), concreta que su departamento «valoró» como innecesaria «la intervención» de la UME «para mantener los centros penitenciarios en el estado de limpieza y desinfección establecido por las autoridades sanitarias», de ahí que los trabajos de refuerzo se hayan contratado a empresas privadas con el correspondiente coste para las cuentas autonómicas. Una gestión que la consejera de Justicia considera que da buen resultado para «la desinfección preceptiva» en los edificios de su responsabilidad.

Por su parte, según cálculos aproximados del Gobierno de España todavía por concretar exactamente, entre la UME y el Ejército, solo en Cataluña, se han llevado a cabo unas 300 intervenciones en residencias de ancianos, además de otros equipamientos en ayuntamientos, Mercabarna, hospitales de campaña, aeropuertos…