Manuel I. Cabezas González.- «Es hora de recortes», «es el momento de apretarse el cinturón» («¿y de bajarse los pantalones?», se preguntaron muchos), «es época de vacas flacas», «pintan bastos», «la fiesta ha terminado»… vociferaron los de la casta política en el poder local, autonómico, estatal y europeo, cuando la crisis de 2008 nos hizo caer del caballo. Y a coro, sin desafinar y sin pestañear, los “todólogos”, siguiendo las consignas de la voz de sus amos, se dedicaron a repetir el mantra de que la ciudadanía debía arrimar el hombro y arrostrar los costes de la crisis, negada bobalicona e interesadamente por Zapatero y sus huestes durante demasiado tiempo. Ahora bien, lo grave es que de estas palabras se pasó a los hechos consumados y amenazantes, tanto para los ciudadanos como para el Estado del bienestar: primero, con Zapatero; luego, con Rajoy; y, ahora, con Sánchez, a causa de su funesta e insensata gestión de la pandemia del Covid 19.

Zapatero. Zapatero, después de negar reiteradamente la crisis de 2008, tuvo que dar su brazo a torcer y adoptar, tarde y mal, varios paquetes de medidas injustas (según sus propias palabras) e ineficaces (basta con ver dónde nos llevó): reducción y congelación de los sueldos de los funcionarios; congelación también de las pensiones; eliminación del cheque-bebé; reducción de la ayuda oficial al desarrollo; recorte en inversión pública estatal; amputación del gasto farmacéutico; etc. Con estas medidas se empezó a cavar la fosa del Estado del bienestar, al tiempo que se ponía en entredicho el poder adquisitivo de los ciudadanos y se agravaba, aún más, la crisis y sus consecuencias nefastas para la gran mayoría de la sociedad española.

Rajoy. Con la mayor parte del poder municipal y autonómico, y con la mayoría absoluta en las elecciones del 20N de 2011, Rajoy se creyó que tenía patente de corso. Y, desde que tomó posesión del poder, se dedicó a mantener, incrementar y profundizar los recortes de Zapatero y a proponer nuevas medidas para intentar yugular la crisis y propiciar la salida de la misma. A las reformas estructurales (del sistema financiero y del mercado laboral), se añadieron nuevas subidas de impuestos (IRPF, IBI) y de precios de productos de primera necesidad, y nuevos recortes en sanidad, educación, investigación, dependencia, etc.; recortes con los que se siguió cavando la tumba del Estado del bienestar. Ahora bien, todo esto fue sólo «el principio del principio» (Soraya Sáenz de Santamaría) o sólo «un gesto, una señal» (Mariano Rajoy) o un simple aperitivo. Con los primeros presupuestos del Estado de Rajoy (2012), llegaron recortes más duros y nuevas subidas generalizadas de impuestos para hacer frente al déficit de 44.000 millones de euros. Por eso, con Rajoy pintaron también bastos para los ciudadanos asalariados, ya que fueron nuevamente los paganos.

Sánchez. Con Sánchez, con sus socios podemitas de Gobierno y con los apoyos de los nacionalistas-independentistas vascos y catalanes, lo peor se vislumbra en el horizonte. Con su nefasta gestión de la pandemia del coronavirus, al final del túnel de la “desescalada” se atisba un nigérrimo futuro. Con su “inacción” y su equivocada, inepta y funesta acción, el Gobierno Sánchez no nos ha ahorrado ni la muerte, por el momento, de 38.382 compatriotas (17 de mayo de 2020), ni la ruina económica de España. En efecto, España es el país con mayor mortalidad por Covid 19 (572 personas por millón de habitantes). Y también es el país con mayor destrucción económica. Según FUNCAS, el PIB, a causa de la hibernación de la economía, sufrirá una caída en torno al 20% y no se recuperará hasta 2023. El paro, en junio de 2020, puede llegar al 20%; y si se contabilizasen los ERTES como desempleados, el porcentaje de parados llegaría al 34%. Por eso, se incrementarán y se desbocarán peligrosamente tanto el déficit de las cuentas públicas como la deuda; y decenas de miles de pequeñas y medianas empresas desaparecerán.

El final del túnel. Por lo tanto, la gestión de la crisis sanitario-económica del Gobierno Sánchez no sólo no ha permitido salvar vidas; tampoco ha salvado la economía, que se ha desplomado. Por eso, según ciertos economistas, para hacer frente a la crisis económica sobrevenida y para relanzar la economía y salir del túnel, España estará obligada a pedir el rescate a la Unión Europea. Y ésta nos sacará del atolladero económico, pero imponiendo condiciones draconianas y el control férreo de los “hombres de negro”, para impedir que España siga desgobernada por unos pícaros rufianesco. Y el Gobierno de Sánchez, como hubiera dicho W. Churchill, sólo podrá ofrecer a los españoles «sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor», es decir recortes y más recortes, impuestos y más impuestos, sacrificios y más sacrificios.

Ante estas perspectivas intervencionistas, tanto nuestro Estado del bienestar como los ciudadanos españoles de a pie estaremos, durante mucho tiempo, con el agua al cuello. Por eso, creo que es hora de que los ciudadanos nos preguntemos si no hay otras medidas alternativas y eficaces, diferentes del rescate de España por la UE, para salir de esta nueva y gravísima crisis con paso firme, seguro y decidido. Medidas alternativas, las hay. Ahora bien, la casta política no estará dispuesta a tomarlas y nunca las tomará, si los ciudadanos no les obligamos. ¿No sería más lógico, razonable y equitativo pensar, primero, en hacer recortes en gastos no fundamentales o claramente superfluos y despilfarradores, antes de tocar las paredes maestras de nuestro Estado del bienestar (sanidad, educación y gastos sociales) o el poder adquisitivo de los ciudadanos? Todos tenemos en mente ejemplos de otros tipos de recortes y de otras medidas, alternativas a las que ha adoptado siempre la casta política y de las que se habla mucho en las Redes Sociales, pero muy poco en los medios de comunicación “apesebrados”: subvenciones sin cuento, despilfarro generalizado, corrupción desbocada, economía sumergida endémica, políticas contractuales partidistas de las distintas administraciones, etc. Esto no es el chocolate del loro, como dicen siempre los “todólogos”. Y, si lo fuese, habría que predicar con el ejemplo.

Ahora bien, hoy quiero poner el acento en lo que creo es la madre de la mayor parte de los males económicos y políticos que nos aquejan: la organización territorial del Estado. Desde hace más de 40 años, vivimos en el Estado de las autonomías, que ha tenido sus aspectos positivos (descentralización del ejercicio del poder, acercamiento a las necesidades de los ciudadanos, solidaridad y convergencia entre las distintas regiones de España, etc.); y que ha proporcionado a las mismas cada vez más cotas de poder, de autogobierno y de autonomía. Ahora bien, según muchos analistas, este Estado de las autonomías ha sido un verdadero fiasco económico (despilfarro de recursos, corrupción y déficit, letales para el bienestar de los ciudadanos) y político (el nacionalismo y el independentismo, insaciables, han ido a más y son cada vez más pujantes y beligerantes). Este balance negativo ha disgregado España en un conglomerado de 17 taifas, en manos de una casta política que no ha estado ni está a la altura y que se está sirviendo del poder autonómico en beneficio propio y no en beneficio de la ciudadanía.

Ante la grave y crítica situación que estamos viviendo, debido a la pandemia del Covid 19, y ante la crisis económica en la que estamos inmersos, los ciudadanos españoles deberíamos poder elegir entre el “Estado del bienestar”, que nos ha costado tanto construir, y el “Estado de las autonomías”, que a todas luces es un fracaso. Y la casta política no debería olvidar aquella sentencia popular según el cual «cuando los políticos pierden la vergüenza, el pueblo les pierde el respeto». Por eso, me pregunto si la ciudadanía no tendría que pensar en instalar, en la plaza de todos los pueblos de España, la guillotina (por supuesto, en sentido figurado como se hace en Alfaro, el Domingo de Resurrección, con “la quema de los Judas”; o no, como diría Rajoy), para limpiar la sociedad española de tanto “sin vergüenza”. Ángela Merkel lo tuvo muy claro cuando tuvo que gestionar la crisis de 2008 y argumentó: «Cuanto más se tarde en hacer lo necesario, más caro será después hacer lo inevitable».