El Defensor del Pueblo, en su informe de 2019 dedica un apartado a la educación en Cataluña, en el que se recoge que en las escuelas, pero también en las universidades de esta comunidad autónoma, no se respeta la neutralidad ideológica. Así por ejemplo, recoge que “ante la evidencia de que en numerosos edificios públicos de Cataluña se venían exhibiendo con carácter ocasional o permanente símbolos, pancartas y propaganda de naturaleza política y partidista, se formuló en marzo de 2019, a la consejería del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña y a otras autoridades de la comunidad autónoma, el recordatorio del deber legal de Respetar la neutralidad ideológica en las fachadas e interior de los edificios públicos, pues la apariencia de imparcialidad es complemento necesario del deber de las administraciones públicas a que se refieren el artículo 103.1 de la Constitución española y el artículo 30.2 del Estatuto de Cataluña”.

Desde la Asociación para una Escuela Bilingüe (AEB) su presidenta, Ana Losada, explicaba que el informe es “demoledor” para Cataluña en muchos ámbitos, pero en lo que se refiere a la educación, habla de que se “vulnera la neutralidad ideológica en los centros”, que se justifica como libertad de expresión. Losada ha mostrado su satisfacción porque el Defensor ratifica las denuncias que ha venido haciendo la plataforma en este sentido, y recoge algunos casos “graves”, como la encuesta que se repartió en el instituto “El Morell” de Tarragona, en la que se preguntaba a los alumnos si se sentían independentistas; también los diferentes actos que se llevaron a cabo en algunos centros tras conocerse la llamada sentencia del “Procés” o el informe de Plataforma per la Llengua para analizar el nivel de catalán de los niños. Para hacerlo, esta entidad independentista se coló en los centros sin tener el permiso de los directores ni del Departamento.

Para Losada también resulta sorprendente que las mismas pruebas que en el Defensor del Pueblo “causan preocupación y advertencia” las nieguen tanto la Ministra de Educación, Isabel Celaá como el consejero Josep Bargalló. “Negar el adoctrinamiento responde simplemente a un interés político”, sentenciaba la presidenta de la AEB

PROPUESTA PARA LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN

Ana Losada también ha señalado que la asociación se ha puesto en contacto con los portavoces de los grupos parlamentarios de la comisión de educación para presentarles sus propuestas de enmiendas a la ley de educación que está en marcha. Propuestas que van en la línea de que el Ministerio dote de herramientas a la Alta Inspección para vigilar que se cumplen los preceptos constitucionales respecto a la educación en Cataluña. Porque ahora, señala Losada, no lo está haciendo. Para la presidenta de la AEB se tiene que poner fin a esta situación porque si no, “el problema se perpetuará en el tiempo”. Y al final, sólo los ciudadanos, los particulares, “defenderán la igualdad de derechos” pero no las instituciones.