Concepción Dancausa Treviño

Efrén Díaz Casal*.- Excma. Sra. Dª Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid:

El pasado martes día 5 remití a V.E un correo solicitando el cese por sus arbitrariedades en sus antiguos cargos, del ex subdelegado del Gobierno en Madrid y actual Secretario General Técnico de la Consejería de Vivienda y Administración Local, Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, así como su intervención para el cese del ex Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros, actual portavoz parlamentario del Grupo Popular andaluz.

Con fecha 6 del presente mes de mayo, el Jefe del Gabinete de V.E me remitió carta comunicándome que “la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recibido sus documentos relativos a las procesiones y reuniones con finalidad religiosa en lugares de tránsito público y al derecho de reunión y el escrito con que los acompaña”, omitiendo toda alusión a los términos exigibles al efecto como “se acusa recibo de su escrito en el que solicita…”.

Asimismo, Miguel Angel Rodríguez (MAR), silencia que la correspondiente tramitación y resolución del asunto esté en fase de estudio, a lo que agrega no haber atendido mi llamada telefónica sobre estos extremos en todo un alarde de descortesía, suscitando por tanto la sospecha de que mi solicitud a ido a parar a la papelera, que el derecho administrativo y el civismo constituyen un arcano para el Jefe de gabinete de V.E o ambas cosas, por cuanto la permanencia en su cargo constituye más un lastre que un apoyo.

Con posterioridad he recibido la información de que Concepción Dancausa Treviño, ex delegada del Gobierno en Madrid y por tanto ex superior jerárquica de Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda al que toleró los desmanes que figuran a continuación, es actualmente Viceconsejera de Vivienda y Administración Local, lo que me obliga a informar a V.E de las excesos de la aludida en su anterior cargo.

Informo a V.E que la resolución de 13/07/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida a la sazón por José Antonio Nieto Ballesteros, me comunica que “las reuniones con finalidad religiosa en lugares de tránsito público deben quedar sujetas al régimen general de comunicación de los artículos 8 a 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión (LODR)…”

El entonces Subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y actual Secretario General Técnico de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, en escrito de 02/11/2017, me confirma que “la Delegación del Gobierno en Madrid tramitará las solicitudes de procesiones religiosas conforme a la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión”.

Con la transigencia de la entonces Delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa Treviño a pesar de mis numerosas solicitudes en contra, el entonces Subdelegado del Gobierno en Madrid, Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, incumplió cuanto figura en su propio escrito y en la resolución del Secretario de Estado de Seguridad, vulnerando por añadidura la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, cuyo Artículo octavo dispone que “la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas”, en lugar de “solicitar autorización a los ayuntamientos” como ilegalmente se viene realizando.

La ejecutoria de los aludidos, además de quebrantar su juramento de respetar y hacer respetar la ley desde sus cargos, vulnera los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica deteriorando la paz social al subordinar la ley a su voluntad rebajando a España a la categoría de una dictadura bananera sin crédito alguno en el concierto internacional, ofende mi dignidad protegida por la Constitución e infringe la función que tenían asignada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público de “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.

Este inadmisible y descabellado proceder de Concepción Dancausa y Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, incompatible con inteligentes complicidades y honorables conductas, les inhabilita para los cargos que mancillaron con los hechos expuestos y para los que contra toda lógica y justicia detentan actualmente, por cuanto la vergüenza y sentido del decoro que sus conciencias pudieran albergar exigen su inmediata dimisión con carácter irrevocable, aunque por la gravedad de sus culpas deberían pedir perdón públicamente de rodillas a los españoles en la Plaza Mayor de Madrid en un acto televisado.

Ante la posibilidad de que los aludidos careciesen de vergüenza y sentido del decoro, a fin de impedir la repetición de sus arbitrariedades, evitar el contagio de su virus dictatorial guardando la pertinente distancia orgánica y social y como ejemplo de respeto al ordenamiento jurídico de nuestro Estado de derecho, V.E tiene la inexcusable e imperiosa obligación de requerir su cese al Consejero de Vivienda y Administración Local, siendo preciso resaltar al respecto el raciocinio de David Pérez García, Consejero de Vivienda y Administración Local, por su cómplice y necia inhibición de cesar a los personajes en cuestión con lo que borraría el error de haberlos nombrado.

En espera de la respuesta de V.E, y confiando que su civismo resolverá el presente asunto a la brevedad que las circunstancias exigen, con mi alta consideración,

*Coronel de Infantería (R)