Varias ministras, en la cabecera del 8M, kilómetro 0 de la propagación del coronavirus en España.

El Gobierno regional ya alertó a la Delegación del Gobierno de Madrid el 7 de marzo, un día antes de la macro manifestación del Día de la Mujer, de que estaba tomando medidas de salud pública a causa del Coronavirus. Lo hizo a través de dos correos electrónicos en los que le informaba de las resoluciones adoptadas en materia de protección de la salud de las personas mayores y los sanitarios. La justicia investiga en estos días la actuación de la Delegación del Gobierno en relación con esa manifestación multitudinaria, que según algunos partidos se convirtió en una máquina de infecciones por Covid-19.

Los emails fueron enviados el 7 de marzo por la Dirección General de Salud Pública al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y en ellos se daba cuenta de las resoluciones que se habían adoptado el día antes en relación con los mayores y sanitarios, con medidas de restricción en algunos centros para protegerlos del avance de la enfermedad.

En la primera, se refiere a la suspensión de actividad en hogares y clubs de la tercera edad, una de las primeras medidas que se adoptó, a partir del 6 de marzo, para limitar los posibles focos de infección.

La segunda se refiere a limitaciones en la actividad formativa de los centros sanitarios, una medida que también se llevó a cabo entonces y por la que se suspendieron las prácticas de formación de alumnos en cualquier centro sanitario.

En ambas resoluciones, que se publicaron en el Boletín de la Comunidad de Madrid, se señalaba también que eran producto de «la emergencia en la salud pública» causada por el virus Covid-19.

Las dos resoluciones fueron remitidas al juez que investiga la actuación del delegado del Gobierno por la consejería de Sanidad, como prueba de que desde la Comunidad de Madrid sí se le había alertado de la adopción de medidas ante la grave emergencia sanitaria.