SB.- El BOE del pasado 29 de abril de 2020 publicaba el nombramiento del jerezano Santiago Yerga Cobos como director general de Migraciones. El que fuera en otro tiempo abogado, ahora nombrado alto cargo del Gobierno, tiene sobre sus espaldas la amenaza de una condena por un delito continuado de deslealtad profesional.

En efecto, desde que por auto de 27 de noviembre de 2013 se acordara por el Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez de la Frontera, la apertura de juicio oral contra el letrado, la causa está pendiente de celebración de juicio. Sin embargo, por causa de la enorme demora del Juzgado, que tardó casi tres años en señalar fecha, y después de haber sido suspendido en varias ocasiones, aún no ha podido celebrarse. La falta de colaboración del abogado en el desarrollo de la causa ha coadyuvado también a la demora del procedimiento, siendo así que en una de las ocasiones en que estaba señalado el juicio, no pudo celebrarse por la incomparecencia del acusado que decidió no presentarse en el Juzgado, dejando incluso en evidencia a su abogado, y dando lugar que se emitiera frente a él una orden de busca y captura.

Los hechos que se le imputan al director general denotan la calidad profesional y personal de un abogado que, según consta en los propios autos, ignoró un asunto que se le había encomendado y mantuvo durante más de cinco años la apariencia de que había interpuesto una demanda y de que existía un procedimiento en curso en defensa de los intereses de sus clientes, y todo ello teniendo en cuenta que uno de los perjudicados por esa actuación absolutamente reprobable y desleal, era uno de los mejores amigos del abogado desde su adolescencia.

Yerga debería enfrentarse al juicio por este delito el próximo día 7 de mayo, pero la actual crisis sanitaria y la consiguiente suspensión de la actividad judicial impedirán de nuevo que lo haga, de forma que el juicio quedará postergado previsiblemente para el año 2021 o 2022, habida cuenta del colapso del Juzgado de lo Penal que lo tramita.

La pena a la que se enfrenta el letrado no es de cárcel sino de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía, pena que en fechas ya cercanas a su jubilación probablemente no preocupen mucho al letrado dedicado a las políticas migratorias. No así la responsabilidad civil a la que se enfrenta, ya que, como consecuencia de sus actos, la familia afectada tuvo que permanecer seis años en una vivienda con riesgo de ruina y filtraciones, a la espera de celebración de un juicio que nunca llegó.

El tipo de delito y la cercanía y relación de los perjudicados con el abogado, ponen en entredicho la integridad y honorabilidad de la persona que el Gobierno ha puesto al frente de las políticas migratorias de nuestro país, y que ya ha ostentado otros cargos políticos de la mano del PSOE, desde que fuera nombrado coordinador de políticas migratorias de la Junta de Andalucía.