“Las más difíciles de explicar son las verdades evidentes que, toda la gente ha decidido no ver”(Ayn Rand)

En estos momentos en los que el gobierno liberticida, negligente, criminal de Pedro Sánchez nos anuncia lo que, con ambigüedad calculada, ha dado en llamar “desescalada” (como si es que nos hubiera tenido a los españoles practicando montañismo durante el arresto domiciliario, o algo parecido), somos muchos los que nos preguntamos si realmente ha servido para algo el confinamiento, la limitación del derecho a transitar libremente y de otros derechos constitucionales; así como que se haya paralizado toda clase de actividad productiva, salvo algunas empresas de las denominadas “esenciales” por el propio gobierno, cuando decretó el estado de alarma.

Me dirán que, algo hemos de suponer que se habrá frenado la propagación del virus y que en alguna manera habrá influido para que no hayan sido más los muertos y contagiados. Pero, difícilmente se puede afirmar que el arresto domiciliario generalizado y el cierre de la casi totalidad de las empresas hayan servido para algo más que, implantar un régimen liberticida y casi totalitario, mientras no se lleve a cabo una campaña para realizar pruebas diagnósticas, tests, a la mayoría de los españoles.

Por supuesto, tampoco hemos de olvidar las terribles consecuencias que este parón suscitará en la economía española, y las enormes dificultades a las que nos enfrentaremos para intentar ponerla en marcha de nuevo, de forma que se vuelva a crear empleo y riqueza.

El gobierno de Pedro Sánchez sigue sin saber cuánta gente está contagiada, cuánta se ha curado (una vez contraída la enfermedad) y por lo tanto, cuanta gente se ha inmunizado. El gobierno sigue sin saber cuánta gente está pululando por doquier contagiando al resto de la población, y puestos a no saber, ni siquiera sabe con exactitud cuántos han sido los españoles que, han muerto en los últimos cuarenta y tantos días por el coronavirus.

¿Nos hemos de resignar y rezar todo lo que sepamos para que no acabemos contagiados, y para que, si acabamos infectándonos superemos la enfermedad, de la mejor manera, sin esperar nada o casi nada de las autoridades?

¿Debemos aceptar la idea de que, el gobierno nos ha abandonado a nuestra suerte y que, no debemos esperar nada de él?

¿Debemos aceptar la idea de que se contagiarán los que les toque, y que unos sobrevivirán y otros morirán o arrastrarán terribles secuelas durante el resto de sus vidas?

Soy de los que, desde el momento en que el gobierno ordenó a los españoles que se encerraran en sus casas, afirmé que, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y sus secuaces carecían de un proyecto, de un plan de acción para enfrentarse a la crisis de salud pública que, nos ha conducido a una mortandad que, a estas alturas es calificable de genocidio.

Sánchez e Iglesias no realizaron ningún diagnóstico de la situación (aparte de no tomar en cuenta las advertencias que les llegaban de todos los organismos internacionales y de multitud de gente, de que nos íbamos a enfrentar a una crisis sanitaria de enorme magnitud, letal), de manera que, no podían definir qué objetivos a corto, medio o largo plazo, pretendían alcanzar; ni tampoco hicieron un estudio de qué medios materiales y humanos disponían, y por supuesto, tampoco se plantearon alguna clase de evaluación para comprobar si se alcanzaban algunos de los objetivos pretendidos.

El gobierno camina desde hace ya casi dos meses, sin rumbo, sin mapa, sin brújula; no sabe a dónde va y, aparte de hacer propaganda para tapar sus vergüenzas (con la entusiasta colaboración de los medios de manipulación de masas a los que riega generosa y espléndidamente con nuestros impuestos), se dedica a hacer propaganda, como si cuando el temporal amaine pretendiera convocar elecciones.

Es por ello que, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, habrá más de uno que se pregunte: ¿a quién sirve el Gobierno, a quién sirve el Estado? o, más todavía ¿quién, quiénes se sirven del Estado?

Cualquier persona medianamente informada considera que las parcelas, o departamentos fundamentales de un gobierno son: la policía, para proteger a las personas de los criminales; las fuerzas armadas, para proteger a sus compatriotas de posibles invasores extranjeros; los tribunales de justicia, para resolver disputas que puedan surgir entre los ciudadanos de acuerdo con leyes objetivas, y especialmente respecto de los contratos y pactos entre particulares; defender los derechos de las personas y así prevenir cualquier uso arbitrario de la fuerza física.

A la vez que todo lo anterior, también más de una persona que haya llegado en su lectura hasta aquí, añadiría que un estado eficaz es imprescindible para poder contar con los bienes y servicios, y normas e instituciones, que hagan posible que los mercados prosperen y que las personas tengan una vida saludable y feliz.

Pues, desgraciadamente, en la crisis de salud pública que estamos sufriendo (y también económica, y política, y hasta moral) si algo está demostrando el gobierno de Pedro y Pablo es que, para ellos lo importante es atender a los intereses de la clase dominante de la que forman parte, de las élites extractivas, en lugar priorizar el interés general, con actitud de servicio.

Me dirán ustedes que, lo que describo no es nada nuevo y que la administración española no funciona porque existe una voluntad premeditada para que las cosas no funcionen como sería deseable. Y, ciertamente es así, desgraciadamente. Pero debido a la crisis del coronavirus, sin duda alguna, el desgobierno en España se ha acentuado, porque el grupo de malvados e ineptos que encabeza Pedro Sánchez tienen como única y perversa intención que la cosa pública (y también la privada) no funcione para así poder continuar expoliando el país a su gusto; y es por ello que desde que se decretó el “estado de alarma” ha provocado un tremendo caos, una desorganización del aparato público de enorme magnitud.

Uno de los pasos que han dado es el de convertir la Constitución en papel mojado, incumpliendo día tras día sus más elementales preceptos. Otro paso ha sido aprobar normas inaplicables, casi imposibles de cumplir, y algunas también hay que decirlo, aberrantes.

Para ello cuentan con una red organizativa, a la cual mejor habría que llamar “contra-organización”, capaz de bloquear todo lo que funcione o pueda funcionar, plagada de “mediocres inoperantes activos” que, de forma inevitable acaban ocasionando parálisis funcional progresiva, generalmente acompañada de hiperfunción burocrática, con la que intentan disimular la falta de operatividad.

El coronavirus ha venido acompañado de otro virus: la creación de comités gubernamentales que no sirven para nada, que no producen absolutamente nada, pero a los que se asignan funciones de “seguimiento y control” que les permite entorpecer o aniquilar el avance de individuos brillantes y realmente creativos.

También hay que tener en cuenta otro factor importante de desgobierno: para remate del tomate, los diversos ministerios del gobierno frente-populista toman decisiones contrarias a las de otros ministerios, e incluso se adoptan decisiones contradictorias dentro del mismo ministerio.

A pesar de todo muchos habrá habrá que digan que, aún nos quedan políticos y funcionarios que de buena fe intentan hacer que los servicios públicos lo sean en el sentido de la palabra, que funcionen, pero lo cierto es que el sistema ha sido diseñado de una manera tan torticera que los políticos acaban siendo cómplices (por acción o por omisión), aunque no lo deseen, del desgobierno mientras que los funcionarios decentes terminan por desmotivarse y ser ineficientes.

En otros tiempos pretéritos, los regímenes tiránicos, despóticos, oligárquicos se servían de la fuerza; ahora los partidos políticos se apoyan para gobernar cada vez más en propaganda y artimañas cada vez más descaradas. Y en los terribles momentos que nos han tocado vivir todo ello ha llegado a extremos inconcebibles.

Decía el sociólogo alemán Robert Michels, hace aproximadamente un siglo que, los partidos políticos que actúan dentro del marco de la democracia formal representativa, todos sin excepción se rigen por lo que el llamaba “la ley de hierro de la oligarquía” que, los convierte inevitablemente en un simple aparato de poder; poder que se encuentra en manos de un reducido núcleo de personas que, a través de la organización, controlan al pueblo por un lado y se apoderan del Estado por otro.

Si hay algo característico de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y sus secuaces es que tienen como principal objetivo repartirse el botín del que se han apropiado cuando formaron gobierno con el apoyo de separatistas y etarras, consistente en las distintas instituciones y poderes que conforman el estado, la apropiación indebida de los bienes que pertenecen a todos los españoles.

Tras casi dos meses de enclaustramiento forzado, una gran cantidad de españoles se ha acabado dando cuenta de que, el gobierno negligente y criminal que preside Pedro Sánchez, carece de proyecto, de un plan para combatir la crisis de salud pública y menos todavía para encarar la post-crisis; inevitablemente apenas nadie acabará tomando al gobierno y las normas que él mismo decida, con suficiente seriedad, ni en España ni en el extranjero.

Insisto: muchos de los que hayan llegado hasta este párrafo dirán que lo que describo no es nada nuevo, que la corrupción es una seña de identidad de la política española, que los corruptos no son unas cuantas manzanas podridas, y menos casos aislados. Y ciertamente es así; España padece un sistema, un régimen que se remonta a siglo y medio atrás, cuando la restauración monárquica del siglo XIX, al que Joaquín Costa describió en su libro Oligarquía y Caciquismo como la forma actual de gobierno en España.

Igualmente habrá quienes me digan que, entre otras cuestiones, la actual crisis de salud pública ha demostrado que “el régimen de las autonomías” es un invento de los redactores de la Constitución que no ha traído todo el bien que se pretendía, sino todo lo contrario, es un serio obstáculo, un problema añadido, un enorme lastre para combatir al coronavirus y encarar la postcrisis, y que habría que darlo por muerto, recentralizar las diversas competencias, que nunca debieron transferirse, y que lo único que han logrado es crear nuevos centros de (des)gobierno, nuevas camarillas de poder, nuevos niveles de la administración cuyo único objetivo es volver loco al ciudadano, arrogarse competencias cuando conviene y echar barones fuera cuando no.

También habrá quien señale que el sistema judicial no es independiente y no es igual para todos los ciudadanos, que los partidos eligen a los jueces, que se limitan a firman lo que los políticos esperan que firmen, y que vivimos en un estado de derecho en el que los abogados suelen recomendar a sus clientes que, renuncien a sus derechos, no sea que el juez y el fiscal acaben cabreándose. Y que si tienes dinero es menos traumático sentarse en el banquillo.

Y, en suma, que los que nos desgobiernan se limitan a prestar determinados servicios a los ciudadanos en las medidas estrictamente necesarias para que aguanten, toleren el desgobierno y lo vuelvan a legitimar con su voto, en un nuevo proceso electoral.

Parafraseando a Ortega y Gasset, la España oficial consiste en una especie de partidos fantasmas que defienden los fantasmas de unas ideas y que, apoyados por las sombras de unos periódicos (ahora también radios y televisiones, generosamente regados con dineros de nuestros impuestos), hacen marchar unos ministerios de alucinación.

E insistirá más de uno en que los argumentos descalificadores, tantas veces repetidos por mí (como por muchos más españoles decentes), en otros artículos, no parece que surtan efecto de clase alguna y que nadie se da por aludido. Pero, en esta ocasión, mi discurso es muy posible que tenga bastante más resonancia social que en ocasiones precedentes, y es muy posible que alguna autoridad acabe impulsando la necesaria regeneración de nuestro sistema institucional.

Como resultado de la crisis de salud pública, originada por el coronavirus y la inacción y negligencia criminal del gobierno, son muchos, cada vez más los españoles que están llegando a la conclusión de que la democracia es una palabra vacía de contenido, una simple coartada que algunos individuos políticamente organizados esgrimen para justificar la búsqueda del propio interés particular y de grupo. Y el resultado es el desgobierno: el que todos, ayuntamientos y comunidades autónomas, partidos y colegios profesionales, cuerpos de funcionarios y demás redes clientelares que se reparten el control del territorio institucional, actúen pro domo sua, barriendo siempre para casa, con sectaria ferocidad depredadora.

Pero… ¿por qué nadie hace caso, ni ciudadanos ni autoridades, de las denuncias que algunos realizamos?

La verdad es que, en lo esencial, es que son muchos los españoles que comparten el diagnóstico que se hace en el presente texto. Pero entonces, ¿por qué nadie hace nada por tratar de cambiar este fatal estado de cosas?

¿Acaso el cinismo amoral que impregna a la clase política también afecta a la sociedad española y hace que nadie esté interesado en limpiar esta pestilente pocilga en la que se ha convertido la política en España?

Lo vengo diciendo desde hace semanas, meses:

La única esperanza que le queda a España es que Su Majestad, el Rey de España, Felipe VI, coja el toro por los cuernos, ejerza de Jefe del Estado, contacte con los españoles decentes que, haberlos en el Congreso de los Diputados y los mismos promuevan una moción de censura, destituyan al gobierno de Pedro Sánchez, y se nombre un gobierno de salvación nacional, encabezado por buenos españoles, de probada experiencia de gestión, ajenos a los partidos políticos y que no tengan pretensiones de perpetuarse en el poder, a la manera de Cincinato en la antigua Roma.