Algunos medios de la prensa española se han hecho eco de un estudio realizado en los Estados Unidos que habla de “la agonía del campo español”.

El Gobierno, tan preocupado por la batalla del relato y por la conquista de la opinión pública (no en vano ha financiado con 15 millones a un conjunto de televisiones privadas), no se ha dignado en reconocer la labor, indispensable para el desarrollo del confinamiento y para el sostenimiento del país, de este conjunto de héroes anónimos al que se añaden cajeras, repartidores, reponedores y otras de las llamadas “profesiones productivas”.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una actitud mucho más prudente de las que este Gobierno nos tiene acostumbrados, ha reconocido, sin embargo, algunos de los problemas fundamentales por los que está pasando el sector, como es la escasez de mano de obra para la campaña de recogida de alimentos de verano (cifrada, por su ministerio, en un número comprendido entre 100.000 y 150.000 trabajadores).

Por el contrario, a pesar de las buenas intenciones, el ministro está demostrando, hasta este momento, ser incapaz de afrontar con la determinación y la valentía que merecen, la resolución de estos problemas. La drástica reducción de la mano de obra, unida a un desplome del consumo (vinculado, fundamentalmente, al “cerrojazo a la hostelería”) y la saturación de la capacidad de almacenamiento de los productores van a provocar, según el informe estadounidense, unas pérdidas que, en el peor de los casos, pueden prolongarse hasta bien entrado el año próximo.

Las reivindicaciones del mundo rural son silenciadas, constantemente, por las principales televisiones del país que, entre otros muchos déficits, son incapaces de explicar las consecuencias que, para miles de agricultores y ganaderos, están generando las medidas adoptadas por el Estado de Alarma.

Ese es, por ejemplo, el caso de los productores de “lechazo” o “cochinillo” publicado por el periódico El Mundo y recogidos en la rueda de prensa semanal que dio el eurodiputado Jorgé Buxadé el 13 de abril, cuando se refirió a que dichos productores están viendo “imposibilitado” su acceso al mercado para colocar sus productos como consecuencia del cierre de todos los negocios vinculados al sector hostelero.