Numerosos juristas han criticado que el Gobierno se autoconcediera poderes ilimitados, de forma inconstitucional, mediante el Real Decreto de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, pero nada se ha dicho de los motivos de este totalitarismo, más allá de culpabilizar al coronavirus de la crisis económica que estaba anunciada desde 2018.

La realidad es que se han tomado medidas tardías o dicho de otra forma, se ha impulsado la pandemia, por motivos bien conocidos en España y a nivel internacional. Entre otras causas se pueden destacar el empobrecimiento masivo de la población para controlarla mejor y aumentar su dependencia de los políticos, el empobrecimiento del sector empresarial para aumentar el poder económico del los políticos, aumentar el gasto público para reforzar los dos motivos anteriores y para aumentar la corrupción.

Esta estrategia es heredera de los anteriores gobiernos de Zapatero y Rajoy, endeudando al país, debilitando el tejido empresarial y empobreciendo a la población.

Ya se ha anunciado en la mayoría de los países ricos que va a aumentar la deuda pública a niveles desconocidos, una enorme cantidad de dinero que van a gestionar las corruptas administraciones públicas.

España es uno de los líderes en corrupción del mundo y, lógicamente, los poderes plenipotenciarios van a utilizarse para llevar la corrupción a unos niveles nunca vistos.

El 9 de abril el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aprobó la Orden TMA/336/2020, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

En teoría el objetivo de esta norma consiste en ayudar a las personas con problemas de vivienda. Los requisitos hacen que sean muy pocos los beneficiarios potenciales; sin embargo, crea un negocio innecesario que puede ser descomunal, un negocio del que se beneficiarán los políticos municipales, autonómicos y estatales.

El artículo 5.4 establece subvenciones para quienes compren viviendas destinadas “al alquiler o cesión en uso” “de hasta un máximo de 400 euros por metro cuadrado de superficie útil” y “Esta subvención es compatible con cualquiera otra subvención concedida por otras Administraciones Públicas para el mismo objeto”. Ni que decir tiene que los políticos van a comprar viviendas sin pagarlas,mediante subvenciones estatales, autonómicas y municipales. Sin duda, Sánchez supera en descaro a Rajoy que ya era más descarado aún que ZP en cuanto a la corrupción.

Esta medida no puede entenderse como necesaria con el elevado parque de viviendas deshabitadas y de inversores inmobiliarios.

Para impulsar al máximo la corrupción, según el artículo 5.6 de la referida ORDEN: “la ayuda se podrá conceder mediante adjudicación directa y se pagará al beneficiario con carácter previo a la formalización de la escritura pública de compraventa”.

¿Cuánto dinero habrán robado ya las autoridades públicas de las medidas destinadas al sector empresarial?

La propiedad privada está pasando a manos de las autoridades públicas que nos están llevando a un nivel de totalitarismo y corrupción nunca visto. Apelo a la responsabilidad hacia las generaciones venideras para impedirlo.