El miedo estaba ya latente, pero el vicepresidente Pablo Iglesias, lo desató estrepitosamente hace unos días: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (Artículo 128 de la Constitución)», dijo en Twitter. Inmediatamente las alertas saltaron en el mundo empresarial ante la posibilidad de que el Gobierno pueda sobrepasar, con los poderes plenos que le otorga el estado de alarma, líneas rojas hasta ahora respetadas. La banca -incluida como actor público a través de Bankia en el programa electoral de Unidas Podemos- y los suministros, en especial energéticos, son los sectores más preocupados.

El temor a una intervención mayor del mercado es un hecho entre los empresarios del Ibex y el mundo económico. También la oposición ha criticado duramente que un vicepresidente se dedique a insuflar más inseguridad a la sociedad en un momento en que la situación ya es extremadamente incierta. Pablo Casado lamentó la «deriva» del Gobierno de Sánchez hacia las tesis de Unidas Podemos e instó al jefe del Ejecutivo a dejar de lado las agendas «radicales». «No estamos para hacer ingeniería social, no estamos para asaltar los cielos. Estamos para acabar con el virus y rescatar a una economía que puede causar estragos», advirtió el líder del PP, informa Mariano Calleja.

Un miembro del consejo de administración de varias compañías, que solicita guardar el anonimato, se muestra tajante: «Lo que está ocurriendo es muy grave. Lo malo no es que intervengan empresas, sino que se intervenga el mercado. Y de hecho ya han empezado a hacerlo con la prohibición de los despidos». El mercado deber ser «vigilado y regulado» para que sea «eficiente y no genere desigualdades», pero nunca intervenido: «Eso es Venezuela».

Este tipo de medidas, asegura la misma fuente, son contraproducentes porque generan una distorsión muy fuerte en el funcionamiento de la economía: «¿Qué va a pasar cuando una empresa quiera despedir y no pueda? Tendrá que acogerse a un concurso de acreedores y en vez de ir cinco personas a la calle irá toda la empresa». El economista y presidente de la patronal logística, Francisco Aranda, asegura que se ha puesto en marcha una «política antiempresarial»: «La única medida que nos quedaba a las empresas para sobrevivir que era poder adaptar nuestra fuerza laboral, ha sido gravemente bloqueada desde el Estado. La actitud es tan lesiva que si no se tratara de una decidida política antiempresarial, sólo se puede achacar a una monstruosa falta de conocimiento de la realidad».

Más leña al fuego

El problema es que recuperar el proceso de destrucción del tejido productivo es lento y costoso y por eso los economistas inciden en que el foco debería estar puesto ahora en evitar el cierre de empresas para no hundir la economía y complicar una recuperación que se antoja larga y costosa. «Hasta ahora, había días que me preocupaban más las UCI, y otros que lo hacía más la gestión del Gobierno. Por desgracia últimamente me preocupa siempre mucho más el Gobierno», se lamentan desde otra gran compañía. También Marcos de Quinto, diputado de Ciudadanos y exvicepresidente mundial de Coca-Cola, ha sido muy crítico: «Populismo es hacer creer a los trabajadores que la seguridad en su puesto de trabajo radica en que Iglesias decrete que no pueden ser despedidos. El espejismo puede durar unos meses, pero de nada sirve si las empresas quiebran, cierran y la inversión huye ante tanta hostilidad».

La falta de responsabilidad por parte de Iglesias, que ha añadido una dosis extra de incertidumbre en un momento ya de por sí incierto es otra de las principales críticas. Pues ya se sabe que incertidumbre y economía no son buenos compañeros. José Carlos Díaz, profesor de economía de la Universidad de Alcalá y anteriormente ligado al PSOE, lanza un dardo en esta dirección: «Yo no estoy en contra de este artículo de la Constitución, si hay empresas estratégicas que se caen y necesitan el apoyo del Gobierno, creo que es razonable que se les dé. No sería la primera vez. Lo peligroso es que un vicepresidente del Gobierno, en un momento de máxima incertidumbre lance un mensaje así. El resultado será menos inversión y más paro».

Así, la «radicalización» del primer Gobierno de coalición de la historia, preocupa. La prohibición de los despidos, medida cocinada en los fogones de Unidas Podemos y a la que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se había opuesto, se ha entendido como una peligrosa conquista. «Es evidente que el ala más radical del Gobierno está intentando tomar medidas que son totalmente contraproducentes para la economía. Utilizar una crisis sanitaria para utilizar ideas totalmente desmontadas por la realidad es muy irresponsable», asevera el economista Daniel Lacalle, también secretario de economía del PP.

La falta de comunicación con la patronal empresarial es otro de las señales que también inquieta a las compañías. La CEOE supo del nuevo endurecimiento de las compañías en funcionamiento apenas unos minutos antes del anuncio oficial de Sánchez y los autónomos han reiterado en numerosas ocasiones la falta de escucha por parte del Ejecutivo de Sánchez.

«Estamos asistiendo con enorme preocupación a una política económica hostil contra la iniciativa empresarial», se lamenta Aranda. «Esto se refleja en que se están adoptando medidas continuas que le afectan muy negativamente a las empresas sin consultar previamente con sus representantes», incide. En su opinión, el peligro está a la vuelta de la esquina: «En esta hoja de ruta, el siguiente paso sería la toma de control de empresas por parte del Estado que ojalá no se produzca, pero eso nos llevaría a un escenario económico y social muy peligrosos». Y la marcha atrás no es sencilla: «Los inversores y ahorradores no olvidan estás políticas hostiles con facilidad y es muy complicado volver a generar confianza. Sánchez debería aclarar que su línea de trabajo no va por ahí. Si no, volver otra vez a generar empleo será una tarea muy difícil y la responsabilidad será suya».