Javier Guerra.- En estos días en lo que todos, lamentablemente, tenemos más tiempo libre del que deseamos, les invito a hacer una prueba. Escriban en cualquier buscador de noticias «Pablo Iglesias» y vean los resultados. Se trata de un ministro de un Gobierno del que, además, es vicepresidente. En un momento como el actual, lo menos que podemos pedir a un poder ejecutivo es que haga cosas y tome decisiones. No es el momento de teorizar, sino de hacer. En el resultado de la búsqueda: ¿cuántas cosas ha hecho?, y ¿cuántas ha dicho? Mientras lo que se espera en este momento de nuestros gobernantes es que tomen decisiones para salvar vidas y salvaguardar el estado de bienestar, a este hombre se le sigue yendo la fuerza por la boca.

Como vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias está desaparecido, como esperando a que otros se den el batacazo. Pero sigue activo como líder de Podemos. Sigue hablando con un discurso ideológico zafio, pero que él debe considerar una genialidad estratégica.

En los últimos días, además, Iglesias ha actuado como un demagogo irresponsable. Sus declaraciones sobre el artículo 128 de la Constitución podrían ser usadas en sus clases de Ciencias Políticas como descripción de la demagogia. Aprovecha un momento de extrema sensibilidad social para soltar un discurso manipulado con el que pretende refrendar su posicionamiento ideológico.

Pero, qué es lo que dice el artículo 128 de la Constitución. Que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuera su titularidad está subordinada al interés general». ¿A quién se lo recuerda Iglesias?: ¿a los empresarios y trabajadores que fabrican o distribuyen los alimentos que comemos?; ¿a los empresarios o trabajadores que producen la ropa que vestimos?; ¿a los que construyen las casas en las que vivimos?. Claro que la riqueza está subordinada al interés general. Es la base de nuestra economía, incluso de la más liberal.

La propiedad privada está reconocida como un derecho en el artículo 33 de la Constitución. Y cuando una propiedad es imprescindible para garantizar el interés general, el Estado puede obligar a su propietario a venderla. Eso es lo que se llama una expropiación forzosa. En el fondo, una operación de compra y venta que no merma el patrimonio de nadie.

Cualquier constitución moderna, incluida la de Estados Unidos, reconoce esta posibilidad. Hace unos días hemos visto, además, cómo el presidente de Estados Unidos utilizó una ley de guerra para obligar a General Motors a fabricar material sanitario.

En el ideario de Pablo Iglesias, la realidad no es esta. En su lógica, el Estado es el propietario, el gestor, y el planificador. Y los bienes no se expropian, sino que se confiscan. Su apelación a la Constitución española es un juego de trilero para que parezca que la Carta Magna dice lo que él quiere que diga. En un momento en el que cree que el mensaje podría calar. Lo que viene siendo una demagogia de diccionario.

El problema de difundir en este momento una interpretación tan estatalista e insidiosa de la Constitución es el efecto que una manifestación así pueda tener en las personas que generan la riqueza que necesita la sociedad. Esas declaraciones, pronunciadas por un comunista declarado, provocan inseguridad en un momento en el que lo que necesitamos es todo lo contrario. De ahí la irresponsabilidad. Lo dice un vicepresidente del Gobierno que cree hablar en nombre del Estado. Y no es así, cualquier proceso que implique cambios no voluntarios en la propiedad debe der refrendada por la Ley y por la justicia (además de ser compensada).

Por eso es el momento de que alguien del Gobierno le recuerde que no está ahí para teorizar, que hay un problemas muy grave y muy concreto y que, con su cháchara, no ayuda. Alguien del Gobierno debe salir para dar un mensaje constructivo a los empresarios y autónomos, preocupados como todo el mundo y comprometidos como todo el mundo. Merecedores, como todo el mundo, de un aplauso en estos momentos, y no de las bofetadas de Iglesias.

* Javier Guerra es senador del Partido Popular.