Como era previsible y lógico, el Gobierno recibió ayer la autorización del Congreso para prorrogar el estado de alarma mientras duren los efectos más demoledores del coronavirus. Así lo requiere la protección de la salud pública en momentos tan críticos. La medida está más que justificada porque no puede existir más prioridad que sacar a los españoles de esta trampa mortal de la naturaleza. Sin embargo, el Gobierno notó ayer cómo el tono de la oposición, aun siendo leal y responsable, se endureció para denunciar el ocultismo, la falta de transparencia y la imprevisión en la gestión de Pedro Sánchez desde el inicio de esta crisis.

El PP y el resto de partidos tienen perfecto derecho de hacer oposición porque ello no implica deslealtad alguna, ni ausencia de compromiso en una lucha común. Es su obligación retratar a un Ejecutivo cuando ha permanecido pasivo durante semanas pese a la seriedad de las advertencias sobre la enfermedad, y no por ello incurre en una conducta antipatriótica. Una crisis de esta magnitud debe dar opción a cualquier Gobierno a actuar con cierto margen de error y no ser criminalizado -aunque la izquierda nunca entendió esto antes-, pero eso no le concede patente de corso para ocultar datos relevantes a la opinión pública. Y eso es exactamente lo que hizo Sánchez durante semanas al infravalorar la amenaza del virus. Por eso existe una obligación moral de censurar sus errores, criticar su política de comunicación y su filtrado de preguntas al propio presidente del Gobierno, y denunciar su negligencia. Este Ejecutivo ha sido imprudente e incluso temerario, y eso no lo puede obviar la oposición, ni la Prensa libre en su labor de fiscalización de los poderes públicos, de sus errores y sus abusos.