Llegada del rey Juan Carlos a la clínica este viernes por la noche

Las finanzas del Rey Juan Carlos llevan años bajo sospecha, si bien en las últimas semanas las informaciones publicadas en prensa española, suiza y británica sobre las investigaciones que se siguen sobre el presunto cobro de comisiones ilegales han terminado por provocar que la Casa Real reaccione este domingo anunciando que Felipe VI renuncia a la herencia que podría percibir de su padre y suspendiendo su asignación anual.

Aunque no fueron las primeras noticias que surgieron sobre la fortuna del Rey emérito, fue la apertura de la pieza 5 del ‘caso Tándem’ o ‘caso Villarejo’ en el verano de 2018 la que hizo que se empezaran a investigar judicialmente posibles comisiones ilegales o existencia de testaferros la difusión de una serie de audios grabados en 2015 por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en una conversación con el empresario Juan Villalonga y la examiga de Don Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

En esa charla, grabada en Londres, ella afirmaba que el Rey emérito había cobrado comisiones por la negociación de la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartirlas.

La pieza 5, conocida como ‘Carol’, se cerró provisionalmente en la Audiencia Nacional sólo dos meses después debido a la falta de pruebas y a la inviolabilidad de la que gozaba don Juan Carlos en el momento de los hechos por ser jefe del Estado. Desde que abdicó en Felipe VI, el exmonarca es aforado ante el Tribunal Supremo.

A pesar del archivo de esta pieza, el juzgado dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para investigar la adjudicación del AVE a la luz de aquellos audios, pues en la conversación se identificaban tanto el contrato como personas, importes y posibles mordidas en una información que se complementaba con “otros documentos hallados” durante la instrucción judicial.

El Ministerio Público abrió entonces diligencias secretas, que se encargaron a un fiscal diferente a los titulares del ‘caso Tándem’, por la sospecha de presuntos delitos de cohecho y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales por parte de las empresas adjudicatarias. Se trata de una fase de investigación previa en la que se dirime si la cuestión debe archivarse o si hay materia como para dar traslado a un juzgado.

En el marco de estas actuaciones, el encargado del caso ha interrogado a Shahpari Zanganeh, la esposa del traficante de armas Adnan Khashoggi, por ser la supuesta encargada del reparto de comisiones en la operación de adjudicación del AVE, así como a la propia Corinna, en calidad de testigo, en septiembre de 2019.

En esa ocasión, la empresaria alemana puso en conocimiento de los investigadores españoles, según explicó su abogado, “los hechos limitados de los que tiene algún conocimiento”, pues asegura que apenas tiene datos y que lo que sabe llegó a ella a través de terceros, pues no participó en la operación.

A día de hoy, las diligencias de Anticorrupción siguen secretas. En paralelo, la Fiscalía suiza también ha venido investigando también esas presuntas comisiones ilegales, que habrían sido depositadas en una cuenta de aquel país. En el marco de esas pesquisas, un registro en los despachos del gestor de fondos Arturo Fasana y del abogado Dante Canonica revelaron la existencia de una cuenta en Ginebra vinculada a una fundación panameña desde la que se habrían transferido a una cuenta de Corinna 65 millones de euros.

Este hecho se reveló hace sólo dos semanas y la empresaria alemana admitió, a través de un comunicado enviado por sus abogados, esa transferencia, pero la enmarca en una donación del Rey emérito en el año 2012 como “regalo no solicitado” para ella y su hijo por el “cariño” que les tenía. Así, la desvincula de las supuestas comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca, pues insiste en que no participó en los acuerdos que llevaron a este contrato.

La información publicada por el diario británico ‘The Telegraph’ este fin de semana acerca de que Felipe VI aparece como beneficiario de dos fundaciones llamadas ‘Zagatka’ y ‘Lucum’, esta última investigada por recibir una supuesta donación de Arabia Saudí de 65 millones de euros, ha llevado al actual Rey a renunciar a la herencia de su padre y a suspender la asignación anual que éste recibía desde su abdicación.

Pero este no es el único frente judicial que afecta al Rey emérito, ya que Corinna zu Sayn-Wittgenstein ha anunciado su intención de denunciarle ante los tribunales británicos por amenazas y el acoso que dice sufrir desde 2012, cuando salió a la luz su relación después del viaje que realizaron juntos a Botsuana, para que no revele secretos de Estado que, según ella, le acusan de tener en su poder.

Además del exmonarca, dirigirá también su denuncia contra el que entonces era director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), general Félix Sanz Roldán, de quien asegura que está detrás de la “campaña” en su contra y de amenazarla personalmente en Reino Unido.

Nada más conocerse las últimas noticias sobre las supuestas cuentas y donaciones atribuidas al Rey emérito, tanto Esquerra Republicana (ERC) como Unidas Podemos y el Grupo Plural registraron sendas peticiones en el Congreso pidiendo la creación de una comisión para que investigase las presuntas irregularidades cometidas por Juan Carlos I.

En concreto, la iniciativa de los independentistas catalanes y del Grupo Plural, que integran Junts, Compromís, Más País y Bloque Nacionalista Galego (BNG), pretendía que la Cámara Baja investigase las presuntas cuentas irregulares del Rey emérito en Suiza y otros paraísos fiscales, así como determinar las correspondientes responsabilidades “civiles, éticas y políticas” del exjefe del Estado.

Por su parte, el texto de Unidas Podemos hablaba de la “presunta comisión de, entre otros, posibles delitos de blanqueo de capitales” e indicaba que “no resulta descartable que los mismos se estén ejecutando actualmente o se hubieran ejecutado con posterioridad” la abdicación de don Juan Carlos, esto es, en 2014, momento en el que, según subrayaban, “dejó de ser inviolable”.

No obstante, como en iniciativas similares presentadas en ocasiones anteriores -también por parte de los de Pablo Iglesias-, la Mesa del Congreso, sobre el criterio expresado por los letrados, rechazó el pasado día 10 tramitar ambas peticiones. Una votación en que la se evidenció una nueva división entre los socios de Gobierno, pues mientras Unidas Podemos apoyó tramitación, el PSOE apoyó su inadmisión junto al PP y Vox.

En su informe, los letrados justificaron su rechazo reiterando los antecedentes y la interpretación que el Tribunal Constitucional viene haciendo sobre la posición de la Jefatura del Estado, que, según alegan, el Rey es “inviolable” conforme a lo que establece la Carta Magna. Los servicios jurídicos de la Cámara siempre se han opuesto a calificar iniciativas de control a la Corona.