En tiempos de rojos, hambre y piojos: El Gobierno recorta su previsión de crecimiento del empleo y eleva el déficit al 1,8%
Rueda de prensa del Consejo de Ministros
El Gobierno prevé que los Presupuestos de 2020 eleven el déficit y el gasto. Así figura en la senda de objetivos de estabilidad que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros y que contemplan un desequilibrio del 1,8% del PIB en 2020: 1,3 puntos más que el vigente aprobado por Rajoy y una por encima de lo que preveía el mismo Ejecutivo en octubre, sin tener en cuenta los Presupuestos para este año. De este 1,8%, la Seguridad Social acumulará la mayor parte de los números rojos (1,1% de objetivo) frente a Estado (0,5%) y comunidades autónomas (0,2%).
El Consejo de Ministros ha aprobado también este martes la nueva senda de estabilidad presupuestaria del conjunto de administraciones públicas para el periodo 2020-2023. El Gobierno ha recortado sus previsiones de crecimiento para 2020 en dos décimas al 1,6%, que seguirá bajando al 1,5% en 2021 para luego registrar un 1,6% en 2022 y un 1,7% un año más tarde.
El empleo también sufre un duro recorte: de crecer un 2% en 2020 como estimaban en octubre ha pasado de hacerlo un 1,4% en 2020, 2021, 2022 y 2023. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, señaló en rueda de prensa que el crecimiento del PIB es “más robusto y equilibrado” que en anteriores fases expansivas y que supera al de la UE.
Con menos crecimiento, la Administración relaja su proyección de mejora de sus números rojos. Para los siguientes años, el déficit se va al 1,5% en 2021 (con un punto de déficit de la Seguridad Social, una décima en las regiones y cuatro en el Estado), el 1,2% en 2022 (tres décimas del Estado y nueve de la Seguridad Social) y un 0,9% en 2023 (con ocho décimas del sistema y una décima del Gobierno Central). En el caso de las corporaciones locales, el objetivo es de equilibrio financiero.
El límite de gasto no financiero, que fija el máximo de desembolso ministerial para la elaboración de los Presupuestos de 2020, alcanza los 127.609 millones de euros, un 3,8% más que los 122.899 de la prórroga de las cuentas de 2018 en 2019. Ello supone un aumento del techo de gasto de 4.710 millones que da una idea de las medidas expansivas que contendrán las cuentas de 2020. Solo la subida de las pensiones este año arrojaban un aumento del gasto de 1.400 millones, por lo que el alza del gasto que contendrán las cuentas, más allá de la vinculación de las prestaciones con el IPC, estará en el entorno de los 3.300 millones de euros.
Eso sí, pese a este aumento del déficit y del gasto, choca que el objetivo de deuda pública permaneza inalterable frente a lo previsto en octubre, con un 94,6% del PIB frente al 95,8% que el Ejecutivo auguraba para 2019. El pasivo de las administraciones no bajará de la frontera psicológica del 90% hasta 2023: en 2021 adelgazará al 93,4%, en 2022 se irá al 91,7% y, por fin, en 2023 menguará al 89,8%. Las metas vigentes aprobadas por Rajoy preveían un pasivo del 92,5% para este año.
Montero ha apuntado que estas previsiones no incorporan el impacto que pueda tener una futura reforma de las pensiones, pero ha abierto la puerta a que se modifiquen en el futuro, de forma que “el Estado asuma más déficit y descargue gastos a la Seguridad Social más propio de los Presupuestos que del sistema”.
La ministra ha anunciado que aprobarán próximamente en Consejo de Ministros la creación del impuesto a los servicios digitales, a las transacciones financieras y el nuevo plan de lucha antifraude, en forma de proyecto de Ley, mientras que el resto de alzas fiscales figurarán en los Presupuestos de 2020, que el Ejecutivo presentará “lo antes posible” y que prevé “entren en verano”.
Calviño no ha aclarado si la Comisión Europea, con la que tiene un “diálogo constante”, ha dado su visto bueno a la senda de déficit, aunque ha incidido en que “no tiene por qué pronunciarse ahora” sino que lo hará cuando el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado.
El Gobierno también ha aprobado la compra centralizada de medicamentos de 391 millones de euros para diez comunidades, que han decidido y que, en palabras de Montero, recogerán ahorros por esta decisión, además del Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
