Diputados de las Cortes Constituyentes festejando la aprobación de la Carta

Por Luis Zapater/Artículo publicado en AD en 2013.- Cada sociedad tiene en una etapa histórica determinada su peculiar “día de la infamia”. Para la generación estadounidense que vivió la II Guerra Mundial el día de la infamia fue un funesto 7 de diciembre de 1941 cuando oleadas de aviones japoneses torpederos y bombarderos en picado destrozaron la flota estadounidense en la base naval de Pear Harbor en las Islas Hawai. La generación estadounidense anterior a la guerra del 41 había tenido como “día de la infamia” el 24 de octubre de 1929, cuando Estados Unidos se despertó con el crack de la bolsa de Nueva York, dando comienzo a la mayor crisis de la historia del capitalismo (“la Gran Depresión”) de la que Estados Unidos salió gracias precisamente a la guerra, crisis que sin duda será superada por la actual crisis económica española.

Diez años antes, el pueblo alemán había tenido su “día de la infamia” el día en que fue sancionada la Constitución de la República de Weimar, tal y como lo requerían los que querían convertir a Alemania en una nulidad política y militar, el 11 de noviembre de 1919, curiosamente al año de otro día aún más funesto para el pueblo germano (el 11 de noviembre de 1918, cuando se produjo el armisticio). Los alemanes, que vivían explotados para complacer a las voraces potencias saqueadoras aliadas que establecieron indemnizaciones multimillonarias a pagar hasta el año 2010, -las cuales fueron terminadas de cumplir por la Sra. Merkel-, denominaron a los políticos que participaron en su redacción y votación “los traidores de noviembre”.

El 6 de diciembre de 1978 el pueblo español perdió una oportunidad histórica. Aquél día de hace 35 años un pueblo que podía empezar a vivir su andadura sin ser tutelado como menor de edad por un Estado autoritario, fue presa, bajo las promesas de una falsa libertad, de la mayor traición que ha visto su Historia. A Los 7 traidores que participaron en su redacción (Gabriel Cisneros, Miguel Herrero, José Pedro Pérez Llorca, Manuel Fraga, Gregorio Peces-Barba, Miquel Roca y Jordi Solé Tura), se les llamo “Los padres de la Patria.”

Durante los casi tres años que transcurren desde la muerte de Franco hasta la aprobación de la Constitución actual tuvo lugar el desmantelamiento del Régimen anterior, cuyo punto culminante fue la Ley para la Reforma Política de 1977, Ley aprobada mayoritariamente por los mismos que habían jurado sus principios, desde S.M. hasta los Procuradores que participaron, no en el “haraquiri” como se dijo, sino en el “seppuku” (palabra correcta japonesa para describir el suicidio) del régimen. Sólo el 11,87% de los Procuradores en Cortes votaron en contra (59), frente a los 425 que votaron a favor (un aplastante 85,5% a favor del cambio) y 13 abstenciones. En un brillante discurso el Procurador D. Blas Piñar describía perfectamente la Ley, dando a entender enérgica pero exquisitamente que a él no le “vendían la burra”, porque para él no era una mera reforma, sino una completa subversión y trastocación del orden anterior, conclusión que se extraía de una simple interpretación a partir del mero sentido común del articulado de la misma. La promesa de una vida tranquila o incluso nuevas prebendas era más reconfortante para la inmensa mayoría de los Procuradores que el cumplimiento de un juramento.

También en 1977 se produjo la polémica Ley de Amnistía por la que se ponía en la misma balanza a los posibles delitos contra los derechos fundamentales cometidos por los servidores del Estado junto a los crímenes de los terroristas, gracias a la cual, y en un gesto de “generosidad” de la joven democracia española, salieron los terroristas de prisión. Justo al día siguiente de que el Consejo de Ministros ratificase el proyecto de Ley, (el 15 de octubre de 1977), un comando de ETA-Militar asesinaba a Augusto Unceta, presidente de la Diputación de Vizcaya, y a sus dos escoltas. La amnistía, -comunicaron los terroristas,- «es parcial, pero aunque fuese total no variarían nuestros planteamientos, ya que nosotros iniciamos la lucha porque Euskadi está oprimida».

A partir de ahí, no sólo el terrorismo se envalentonó por la debilidad cómplice del Estado, sino que, dada la percepción por la ciudadanía de la pérdida progresiva de principio de autoridad (fundamental en toda sociedad) desde la muerte de Franco, se sucedió una ola de delincuencia juvenil multiplicándose los homicidios, asesinatos, violaciones, y sobre todo, los robos con violencia o intimidación. Recuerdo que aquella ola de inseguridad ciudadana se palpaba no sólo en la preocupación que mostraban los más allegados, sino también en la calle.

También en octubre de 1977 se firmaron por los representantes políticos de la nueva casta llamados a gobernar, los “Pactos de la Moncloa” para garantizar estabilidad económica y política al país y evitar un golpe de Estado. Tales pactos fueron un duro golpe a los derechos sociales que habían conseguido los trabajadores durante el régimen anterior. Así, en materia económica destacaba la flexibilización del régimen laboral, a través de mecanismos de contratación temporal (sobre todo de jóvenes) y mayores facilidades para el despido de personal, reconociéndose el despido libre para un máximo del 5% de las plantillas de las empresas; el derecho de asociación sindical; fijación en el 22% del límite de incremento de salarios (inflación prevista para 1978); Se acordó mantener el aumento de los salarios por debajo del nivel de inflación, lo que supuso un recorte del 7% del nivel de vida de los asalariados. A cambio, se prometieron algunas reformas sociales y económicas las cuales tardarían en llegar y otras nunca llegarían. Este fue el caso, por ejemplo, de la promesa de restituir a los sindicatos el “patrimonio sindical” -el enorme patrimonio acumulado por el sindicato vertical durante casi cuarenta años- del que sólo se beneficiarían Comisiones Obreras y UGT, creando un importante agravio comparativo.

Durante el año y medio anterior a la aprobación de la Constitución de 1978, y tras la legalización de los partidos políticos y las primera elecciones democráticas de junio de 1977 en la que resultaría vencedora la UCD de D. Adolfo Suarez, se produjo el debate, redacción y presentación de enmiendas a la futura Constitución. Se trató de que todos los grupos que tendrían buena acogida en el Sistema (hasta los separatistas) tuvieran algo que decir, menos el nacionalismo español y la izquierda extraparlamentaria. Con afán de aglutinar a la población española en torno al centro (centro izquierda o centro derecha) los servicios de información del Estado orquestaron provocaciones que sirvieran para desprestigiar a los dos extremos, que costaron la vida de decenas de personas, como ocurrió en la matanza de Atocha (octubre 1977) de la que se culpó a toda la ultraderecha, mientras en el Caso Scala de Barcelona (enero de 1978) se acusó a la CNT de incendiar una discoteca con resultado de muertes.

Como las labores de la cloacas del Estado no garantizaban suficientemente el triunfo del experimento del “consenso”, con el fin de lograr la aprobación de la Constitución, la Televisión Nacional y la Radio Nacional de España fueron empleadas a fondo para aprovechar el monopolio de los medios de comunicación en manos del poder (residuo de la época franquista) para lanzar únicamente propaganda a favor de la aprobación de la Constitución. Así, a los partidarios del régimen anterior se les dio el dilema “o Constitución o Comunismo”, mientras a sus opositores se les dijo: “O Constitución o continuación del franquismo”. El resultado fue que se votó a la Constitución del miedo.

Sé que los defensores del Sistema me dirán: “pero la Constitución la votó nada menos que un 88,54% del electorado, por lo que fue el resultado de la voluntad mayoritaria de la inmensa mayoría del pueblo español”; pero eso es una verdad a medias. Hay que tener en cuenta que si la participación fue de un 67,11%, hubo casi una tercera parte de españoles (32,89%) que se abstuvieron, lo que constituye un alto índice de no participación. De otro lado, entre votos en blanco (3,57%) o votos contrarios (7,89%) hubo un 11,56% que no la aceptaron, de manera que entre los abstencionistas, en blanco y los contrarios hubo un 44,45% de españoles que no se manifestaron a su favor, todo lo cual, teniendo en cuenta la presión mediática a su favor, es un resultado que aunque democrático le impide tener legitimidad plena, porque no hubo oportunidad de manifestar otra opción.

De otro lado, resulta revelador en cuanto a la falta de legitimidad la ausencia de unas verdaderas Cortes Constituyentes, como ha ocurrido en otros procesos constitucionales del Derecho Comparado. A esto hay que añadir otras tropelías jurídicas, como el hecho de que los entes preautonómicos fueron sacados de la chistera sin que ni siquiera hubieran sido recogidos en los pactos de la Moncloa. No se informó al pueblo del alcance real del Título VIII de la Carta Magna, principal responsable del actual enfrentamiento regional entre los españoles y de nuestro desastre económico, porque el referéndum fue un contrato de adhesión en el que unos malos consejeros promovieron que nuestro pueblo ratificara el mecanismo legal supremo para legalizar su propio suicidio, sin ser informado de la “letra pequeña”. En fin, una estafa de proporciones gigantescas aprovechando la ignorancia política de un pueblo que siempre ha carecido de sentido crítico con los gobernantes, y más todavía tras 38 años durante los cuales la consigna del poder era “No se meta en política…haga como yo”, frase que era una trampa, dado que el Generalísimo que la pronunció era el único que podía permitirse el lujo de no necesitar a la política para gobernar.

No hubo, pues, Cortes Constituyentes, y todo fue resultado de la voluntad de Monarca, al que alabó en su día Felipe González diciendo que es un hecho inédito en la historia que un rey que recibe de manera absoluta los poderes del “Estao” de una “dictaura” se despojara de los mismos por el bien del pueblo, hecho que a su entender aún no ha sido suficientemente reconocido. Sin embargo, a la luz de la evolución política de la Corona y de los escándalos que todos conocemos, ya podemos afirmar que el fin principal que perseguía S.M. el Patrón del Bribón era el buen vivir (“a mi dejádmelo todo hecho” le dijo a Suárez), de manera que esa pérdida de potestades fue una manera de evitar responsabilidades cómodamente. De la misma manera, había abandonado al poco de morir Franco al pueblo saharaui a su suerte frente al invasor marroquí, como abandonó a Carlos Arias, a Suárez y a Aznar cuando ya no les hacía falta.

La costumbre de evitar responsabilidades pasó del vértice de la pirámide del poder a sus súbditos, y se fue generalizando una manera de gobernar por la que ningún político es responsable de nada. De la idea de servicio (público) se pasó a la de vicio, y la corrupción se institucionalizó. Curiosamente, y siendo yo sólo un pequeño de poco más de diez años ya intuía en aquel entonces (por el año 1980) que aquello no podía funcionar, que este régimen acabaría mal (tal vez en una guerra civil) por su ausencia total de principio de autoridad. Esto se tradujo en la vorágine carnavalesca de proclamación de pretendidos “derechos históricos” y autodeterminaciones varias. En Valencia en aquellos años “¡Llibertat, amnistía, Estatut d,Autonomia!” eran reivindicaciones populares muy festejadas en la calle, a lo que añadían los progres de bragueta “¡y una tía cada día!”.

Resulta sorprendente que lo que veía un niño de 10 años después de su experiencia particular de la transición no lo vieran ilustres catedráticos, economistas, abogados del Estado, fiscales o empresarios. Supongo que se deberá a que el sentido común es el menos común de los sentidos en el pueblo español. A la luz del texto de la Constitución ratificado hace 35 años en referéndum, para una persona con inteligencia normal (y no necesariamente un profesional del Derecho) debería ser evidente prever todo lo que ha pasado durante los últimos años. Si el artículo 2º establece que la Constitución se fundamenta en la “indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles” y continúa diciendo que “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”, se percibe a simple vista una manifiesta contradicción por reconocer unas presuntas nacionalidades en una misma Nación, que se proclama indivisible. No es filosófica, ni siquiera metafísicamente posible ser y no ser a la vez. No se puede ser Nación y no serlo. No se puede ser nacionalidad dentro de una Nación indivisible. No se puede “estar un poquito embarazada” como decía De Gaulle. Esto pone de manifiesto que el artículo se redactó para tratar de complacer a los que creían en la unidad de la Patria, pero también a los que la detestaban, y como ya advirtió en su día Julián Marías, dicho artículo tendría indeseables consecuencias en el futuro.

De la misma manera, si se establecen unas competencias “exclusivas” del Estado en el art. 149, no pueden entenderse por tales aquéllas que puedan ser transferidas a las Comunidades por la vía del art. 150.2, que fue la trampa legal que la Constitución estableció a partir de la cual se orquestó el fraude del desarrollo competencial asimétrico a costa de las competencias exclusivas del Estado.

Siguiendo un razonamiento lógico, las injusticias que estamos padeciendo los españoles, (sobre todo en materia de seguridad), desde hace 35 años tienen un claro origen en el artículo 25.2 de la Constitución que sólo habla del principio de reinserción en el ámbito penal y penitenciario, único fin al que se debe atender en estas materias, de manera que lógicamente no sólo los trabajos forzados están proscritos, sino también la cadena perpetua o la pena de muerte. El escándalo habido con la Doctrina Parot y otros escándalos por escasas condenas por crímenes castigados por sentencia penal firme a cientos de años se comprenden a partir de ahí.

Sé que se me puede criticar por mi rechazo total a esta Constitución, sobre todo por aquellos que desde un apego irracional al Sistema me manifestarían que bastarían las reformas necesarias para salvar el texto “que ha garantizado una convivencia en libertad durante décadas”. Pero yo les digo que los presupuestos filosóficos sobre los que esta Constitución se asienta están errados, pues los cimientos de este entramado jurídico constitucional están en el art. 1º, donde se proclaman los cuatro valores constitucionales: Libertad, Igualdad, Justicia y Pluralismo” en un orden que como dijo Pérez Royo no es inocente, pues revela que para este Sistema lo primero es la Libertad, no la Justicia, y de ahí lo que tenemos hoy con tantos escándalos en el ámbito judicial, sobre todo aquellos que como he dicho se relacionan con la facilidad que este Sistema permite que los crímenes más atroces salgan gratis, permitiendo la vida en libertad tras breve periodo carcelario (en comparación al daño causado) a los criminales más abyectos.

De otro lado, hay que decir sobre los maravillosos años de convivencia en libertad que no basta con la proclamación de derechos y libertades fundamentales, sino que éstos deben ser garantizados por los poderes públicos para que verdaderamente sean reales y efectivos. ¿De qué sirve el valor libertad del art. 1º o la seguridad del 17 si la escasa efectividad del sistema judicial y penitenciario alienta al criminal a actuar? ¿De qué me sirve que la Constitución proclame la libertad y la seguridad si estoy indefenso (sin ni siquiera un garantizado derecho a la legítima defensa) ante un asalto de una banda armada de albano-kosovares? ¿De qué sirve la cacareada libertad de expresión del artículo 20 si el Código Penal de Gallardón permite dejar fuera de la Ley a todo aquel que no profese el pensamiento dominante? ¿De qué sirve el derecho a la educación del 27 si en la práctica se establece la imposición educativa forzosa del separatismo? ¿De qué sirve el derecho a la vida si el Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la Constitución, dice que ésta no garantiza el derecho a la vida del nasciturus en su contradictoria sentencia 53/85?

Frente a estos argumentos de gentes superficiales o interesadas está la realidad de que durante el franquismo los derechos que se reconocían eran reales y efectivos, y además estaban garantizados por un poder judicial verdaderamente independiente. Hoy día el problema no es la falta de independencia ya, sino el ostentoso y licencioso contubernio existente entre los confundidos tres poderes del Estado.

Sé que también algunos bienintencionados me dirán como dijeron de la II República Unamuno y Ortega: “¡No era esooooo, no era esoooo!”, pero reitero que sólo alguien con mala voluntad o sin sentido común podía asegurar que no iba a ocurrir que lo que era previsible aquel nefasto día de diciembre de 1978 haya sucedido a lo largo de estos años.

De otro lado, cualquier lector bienpensante me podrá decir que como Profesor de Derecho Constitucional no tengo derecho a criticar o atacar aquello que es la base de mi profesión, pues me gano la vida dando clases comentando la Constitución. A esa recriminación les diré que una cosa es mi opinión personal sobre nuestra Carta Magna, nunca antes manifestada de manera tan cruda, y otra es el cumplimiento de unos contenidos lectivos que he cumplido a rajatabla, pero eso sí, permitiendo que el alumno, con conocimiento de la legislación y jurisprudencia constitucionales, saque las conclusiones que crea pertinentes. Yo, a diferencia de muchos políticos del sistema y de sus valedores (Magistrados del Tribunal Constitucional, Fiscales políticos, abogados del Estado), aunque la haya criticado, he respetado a la Constitución porque es la norma suprema que el pueblo aprobó en su día, es el fundamento del orden actualmente establecido, aunque la Constitución no respete ni a mi inteligencia ni a mi Nación.

Los que no hacemos ascos a la idea de patriotismo hemos tratado de combatir o en su caso capear este orden anti-nacional de la mejor manera posible. Recuerdo que entre mis compañeros de Carrera el día de la Jura de los nuevos letrados hubo a quien se le ocurrió “catar” (que no acatar) la Constitución. Llevo ya diez años “catándola” no sólo como profesor de Derecho Constitucional, sino como analista político, y he de decir que sabe muy mal.

Mi buen amigo D. Guillermo Blanquer Roselló, médico de Profesión, no era partidario cuando hizo el servicio militar en la Armada, de prestar el juramento de marras imprescindible para pasar de recluta a soldado, y advirtió a sus jefes y oficiales que él sólo quería jurar dar hasta la última gota de sangre por la independencia, unidad e integridad territorial de la Patria, pero no por el Rey ni por su Ordenamiento Constitucional. Tras dictamen de facultativo en psicología que estableció que no tenía patología mental alguna, evitó que se cursara la petición de manera colectiva (lo que le hubiera supuesto sanciones disciplinarias por falta muy grave según la Ley Orgánica 8/1998 de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas), y al final, el día de la jura, cuando se le preguntó en formación como a todos los demás, con la famosa frase del juramento lanzada por el megáfono, gritó, como en una pesadilla, y ante los familiares de los reclutas en la Jura, un fuerte ¡¡¡NOOOOOOOOOO!!!, que le valió las reprimendas de sus compañeros, sorprendidos y asustados de que pudieran arrestarlos a todos por su culpa perdiéndose el permiso tras la Jura.

6 de diciembre de 1978. Causa de las causas de nuestro desastre colectivo. A los que os autodenomináis “demócratas” del Sistema yo os digo sobre los “logros” de vuestra Constitución que donde vosotros veis tolerancia yo veo complicidad con el Mal. Donde vosotros veis progreso yo veo retroceso, y lo que llamáis intolerancia yo lo llamo las fuerzas vivas de la reacción, que hoy son las únicas fuerzas verdaderas que le quedan a la Nación.

Mi más firme propósito es que los sucesores ideológicos de los “7 magníficos” perpetradores de la mayor traición que han visto los siglos sean juzgados algún día por un nuevo tipo penal de delito de traición, que con carácter retroactivo y de manera excepcional sea aplicado para que al menos respondan ante las generaciones venideras por haber dejado en la mayor ruindad moral y material a la Nación con el Estado más antiguo del mundo. Ni aunque se os condenara a trabajos forzados por el resto de vuestra vida pagaríais el daño que le habéis hecho a España.

*Doctor en Derecho Constitucional.