Las revueltas violentas producidas en Cataluña por la publicación de la sentencia del procés están generando una ingente factura económica para la región. Un impacto que a medio plazo puede frenar al turismo, pero que también afecta a otros sectores. El que se ha llevado el primer golpe de la traca económica que han generado las protestas ha sido el transporte de mercancías: cada día de disturbios el sector se deja 25 millones de euros.

Son los cálculos que maneja la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer). De estos 25 millones, quince proceden del transporte internacional que se deja de realizar y diez del comercio nacional interrumpido por las protestas. «Nos hemos convertido en rehenes de las movilizaciones», explica a este periódico el secretario general de la organización, Juan José Gil.

Los radicales han puesto en el punto de mira de sus protestas las principales infraestructuras de transporte de la región. En los últimos días estos grupos han paralizado el aeropuerto de Barcelona-El Prat, la conexión de alta velocidad entre la Ciudad Condal y Gerona y la autopista de peaje AP-7. Entre todas ellas, es la última la que tiene carácter estratégico para el transporte de mercancías.

Esto se debe a que la AP-7 es, a la altura de La Junquera, el principal paso fronterizo entre España y Francia por carretera. Una «puerta» por la que circulan el 60% de los productos españoles que se exportan a Europa por esta vía. Según Fenadismer, esto se traduce en que cada día más de 20.000 toneladas de productos agrícolas, mercancía general, hidrocarburos y productos siderúrgicos y de construcción cruzan hacia Francia. Esta semana, sin embargo, los 10.000 camiones que normalmente transitan diariamente esta carretera han sido sustituidos por convoyes de radicales independentistas.

Los transportistas no tienen alternativa a la AP-7. La Generalitat prohibió el año pasado que los camiones circulen por las carreteras nacionales cuando pasen por la región. «Es un problema adicional a las protestas. Los turismos pueden tomar desvíos, pero los transportistas no. Algunos se están arriesgando, pero se enfrentan a multas de hasta 500 euros», explica Gil. Ante esta tesitura, las organizaciones de transportistas han reclamado a la Generalitat que levante temporalmente el veto a los camiones. Además, han remitido cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los Ministerios de Fomento e Interior, para que garanticen el tránsito de la AP-7.

Pese a ello, en el sector son bastante pesimistas respecto a la respuesta del Gobierno. «No es la primera vez que las protestas independentistas bloquean las carreteras. El Ejecutivo nunca toma medidas para evitar que esto suceda», explican fuentes de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que asimismo aseguran que el sector ya se dirigió al Ejecutivo de Pedro Sánchez antes de que se publicara la sentencia para conocer si tenía «algún plan» para evitar el colapso.

Toda esta situación amenaza con debilitar la demanda exterior, ya que el 80% de las exportaciones españolas hacia Europa viajan por carretera. «Los clientes están empezando a buscar alternativas. No pueden esperar porque muchos de los productos de los que compran a España son perecederos», explican desde Fenadismer.

El ataque impacta sobre un sector que se resistía a la desaceleración. Las exportaciones son el motor económico que estaba ganando peso en el PIB, ante el desplome del consumo interno. Pese al proteccionismo y la guerra comercial, las ventas al exterior crecieron un 2% hasta julio. Si bien a esta misma altura de 2018 aumentaban con más fuerza, un 3,8%, el déficit comercial se ha reducido un 3,6% frente al año pasado.

Repunte exportador

Todo ello provoca que la demanda exterior aportará este año, según el Gobierno, seis décimas al crecimiento, frente a la aportación negativa de 0,3 puntos del año pasado. Precisamente, Cataluña era, junto a Madrid, la comunidad que más estaba contribuyendo hasta julio a este avance, con 0,7 puntos del crecimiento total y un aumento del 2,8% de sus exportaciones. Una situación positiva para la maltrecha economía catalana que, ante los tumultos independentistas, ahora está en jaque.

Pero no solo el comercio transfronterizo se está viendo afectado por las protestas de los radicales. Los comercios urbanos están quedando desabastecidos por los disturbios violentos que se viven en las últimas horas en las ciudades. Una crisis que puede recrudecerse hoy, cuando está convocada una huelga general para toda Cataluña. El presidente de la patronal logística UNO, Francisco Aranda, califica de «ilegal» esta movilización y advierte de la «incertidumbre» que está generando en la industria catalana. «Nadie sabe cuando recobraremos la normalidad», sentencia.