La compra de votos del PSOE andaluz se extiende también a Granada
Contrato por el que Leandro Martín prometió a un vecino de Vegas del Genil (Granada) que lo contrataría si resultaba elegido alcalde en las elecciones de mayo de 2015
En las elecciones locales de 2015, Leandro Martín López, candidato del PSOE a la Alcaldíadel pueblo granadino de Vegas del Genil, le ofreció a E. L., un vecino del municipio, un contrato en el Ayuntamiento de 1.500 euros al mes con la condición de que solo se lo daría si ganaba esos comicios. El entonces candidato y hoy primer edil de la localidad, lo reconoce. Es más, asegura que ofreció más cosas a otros vecinos y colectivos. Televisiones, aires acondicionados… «Promesas electorales», según el socialista. «Compra de votos», según la oposición.
El contrato que firmó Martín indica que pensaba crear —si ganaba— una oficina de Consumo y otra de Asesoramiento Psicológico al Consumidor y que al frente de esos organismos estaría E. L. Cuando llegó el día de votar, el resultado no pudo ser más apretado. El PSOE de Leandro Martín perdió por solo cuatro votos. Cada papeleta valía oro. Ganó el PP, pero un pacto de los socialistas desalojó a los populares del mando. Entonces llegó el momento de que Martín cumpliera su promesa. Debía contratar a E. L. Un puesto para un organismo público sin concurso de mérito, oposición, publicidad o igualdad. A dedo.
Pero nunca lo hizo. Incumplió el contrato y no creó la oficina que le había prometido en el Ayuntamiento para colocarlo. Martín asegura que, fruto de esa decisión, E. L. se enfadó y filtró el contrato. Fuese así o no, el caso es que el documento llegó a manos de la candidata del PP, María del Carmen Ros, quien acudió a la Justicia para denunciar lo que considera que fue la compra de voluntades.
La Fiscalía revisó la documentación y elevó la causa a la Audiencia de Granada. Entendía el fiscal que había indicios de un delito electoral, que acarrea penas de entre seis meses y tres años de cárcel. «A juicio de este instructor —escribía el fiscal—, resulta evidente que el contrato de prestación de servicios firmado es una dádiva o promesa de ella». Según la Ley, se delinque si se «solicita directa o indirectamente el voto […] por medio de recompensas, dádiva, remuneración o promesas de las mismas».
Compra «encubierta»
Añadía el fiscal que resultaba determinante el que «el citado contrato se haya firmado en fecha próxima a las elecciones y que E. L. esté empadronado en Vegas del Genil». En opinión de la Fiscalía, la firma de ese contrato de promesa de un puesto de trabajo público es «la manera encubierta de solicitar el voto a una persona o grupo de personas» cercanas a E. L., «lo que supondría de un modo indirecto solicitar el voto».
La Fiscalía iba un poco más allá y alegaba que el hecho de que no se contratara a E. L. no es prueba de que no hubiese compra de voto. El delito se produce, señala, si el vecino vota al socialista, le contrate luego o no. Y añade el fiscal que, de haberse llevado a cabo la contratación de E. L., el candidato del PSOE podría haber incurrido en otro delito de prevaricación, además de haberse saltado «los principios de toda contratación de la administración: mérito, capacidad, libre concurrencia, etc».
Recurso desde Rusia
Aunque el Juzgado archivó la causa en 2017, la candidata del PP, María del Carmen Ros, recurrió. Se encontraba en Rusia cuando se comunicó el cierre del caso y pidió un aplazamiento, además de presentarse como víctima de asunto y no como testigo. De esta forma, explica su abogado, el plazo para recurrir es más amplio. Al socialista, esta decisión le pilló también en el extranjero. Estaba de viaje de novios. Su defensa argumentó que la popular había alegado fuera de plazo. La denuncia, en ese momento, pasó a estar archivada, pero la pasada semana, la Audiencia Provincial retomó el caso. Así, el jueves pasado, los jueces estudiaron la reapertura de esta presunta compra de votos en Granada. Según las partes, se prevé que esta semana se comunique la decisión a las partes.
Para entender este caso, hay que recordar la situación económica por la que pasaba España en 2015, cuando ocurrieron los hechos. Entonces la crisis económica copaba titulares. Desahucios, cortes de luz, desempleo… Y en Vegas del Genil E. L. era un persona muy conocida por ayudar a la gente con menos recursos. Les asesoraba para evitar embargos, les aconsejaba cómo gestionar impagos. «A mí me conocía mucha gente, yo arrastraba muchos votos», indica E. L. «Le presenté mi proyecto a Leandro Martín y él me firmó un precontrato», explica.
Este vecino cree que se aprovecharon de él y llegó a denunciar al ya alcalde Leandro Martín «por incumplimiento de contrato. Porque no me dio el empleo». Sin embargo, acabó retirando la denuncia:
«Mi abogado me dijo que si la mantenía me podían pillar a mí por este caso, así que la quité». Poco más quiere saber ya de este caso:«Para mí esto fue como si me arrollara un tren. Pillé por todos lados, me dieron palos todos», manifiesta este vecino de Vegas del Genil.
