Pío Moa.- Llamo bestial a la sentencia última de unos cuantos jueces del Tribunal Supremo porque creo que es preciso cierto grado de bestialidad psicológica para profanar tumbas y ultrajar restos humanos, como pretende el gobierno, y avalar tal pretensión, ya que de eso se trata.

Por otra parte la prevaricación consiste en dictar sentencias a sabiendas de que son injustas y contrarias a la ley. En la carta abierta a esos jueces recordé que la sentencia no solo vulnera técnicamente los derechos de la familia y de la jurisdicción de la abadía, y de las leyes al respecto, cosa que saben perfectamente los jueces, sino que los vulnera al servicio del gobierno de un sujeto estafador, obsesionado con profanar la tumba de un gran personaje histórico. Parece bastante claro que la sentencia es ilegal, convirtiendo a dichos jueces en un tribunal político al servicio de las obsesiones del citado estafador, su gobierno y los partidos separatistas que le siguen y apoyan. Parece bastante claro asimismo que esos jueces no ignoran nada de todo ello. Por tanto, se trataría de una clara prevaricación.

El delito aumenta porque se ha realizado en nombre de una ley tiránica y antidemocrática de falsificación sistemática de la historia desde el poder, agravada por su exaltación del crimen, al querer hacer pasar por víctimas en defensa de la libertad a los numerosos asesinos y torturadores del Frente Popular que, abandonados por sus jefes, fueron capturados, juzgados y fusilados por el bando nacional. Esa ley ataca además las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra y se trata, por tanto, de una ley radicalmente anticonstitucional, pese a lo cual ha venido funcionando con sus autores (PSOE, comunistas y separatistas) y luego con el PP. Este hecho no refrenda ni justifica dicha ley sino que, por el contrario, degrada más profundamente la democracia, de cuya regeneración vienen hablando los políticos desde hace muchos años sin hacer nada al respecto, sino al contrario. Es cierto que en este caso los jueces pueden argumentar que se limitan a cumplir una ley que ellos no han hecho, pero al hacerlo sin protestas y con aparente entusiasmo contribuyen a la tiranía.

Si estos jueces han prevaricado, como parece evidente, deberían ser acusados. Yo no sé ante quiénes, ya que están en el Tribunal Supremo, pero algún grupo o partido debería tomar la iniciativa. Porque aparte de la cuestión puramente legal, se trata de una sentencia puramente política, que ataca la raíz de la democracia, la monarquía y la unidad nacional decididas en referéndum de 1976, y también en la Constitución.

Utilizar la ley contra la libertad y la democracia es en sí misma una tremenda aberración que tiene en España un precedente: el Frente Popular salido de unas elecciones fraudulentas y que en pocos meses demolió la legalidad republicana que decía defender. Las leyes justas son el medio de impedir que las discrepancias e intereses naturales en toda sociedad degeneren en choques violentos. El crimen sistemático del Frente Popular, conglomerado de totalitarios y separatistas, fue el origen de la guerra civil, cuyo espíritu parece querer reavivar esta sentencia.