La sentencia del supremo va más allá de analizar la urgencia del Decreto Ley, autoriza la exhumación y para mayor despropósito indica el lugar donde Francisco Franco debe enterrarse y aún más, para un mayor disparare el fallo regula la licencia de obra, manifestando que no es necesaria para sacar los restos de Franco.

Si nos atenemos a la regulación que el Código Penal sobre los delitos de odio, la exhumación de los restos de Francisco Franco, encaja en los elementos objetivos y subjetivos de ese delito.

Ya desde el Gobierno de Zapatero con su Ley de Memoria Histórica, hasta el Decreto-Ley del Gobierno de Pedro Sánchez ejecutando torticeramente el mandato de la Ley de la Memoria Histórica y haciendo cumplir una sentencia del Tribunal Supremo ponen de relieve ese odio a Francisco Franco y al franquismo.

A través de los medios de comunicación se ha ido lapidando y criminalizando a Francisco Franco y al franquismo.
Eso es lisa y llanamente un delito de odio.

Concatenando con el delito de odio, se ha producido la vulneración del principio constitucional de seguridad jurídica y con ello se han cargado el Estado de Derecho.

La Ley de Memoria Histórica, vulnera las leyes de amnistías, la Ley de Memoria Histórica, vulnera una transición (calificada de ejemplar) que dio origen a la actual Constitución.

El Decreto-Ley, vulnera los principios esenciales de esta figura, de urgente necesidad, después de cuarenta años.
La sentencia del supremo va más allá de analizar la urgencia del Decreto Ley, autoriza la exhumación y para mayor despropósito indica el lugar donde Francisco Franco debe enterrarse y aún más, para un mayor disparare el fallo regula la licencia de obra, manifestando que no es necesaria para sacar los restos de Franco.

Ni el concordato con la Santa Sede, ni la inviolabilidad de una Basílica, ni los derechos constitucionales de una familia se han respetado.

Es un escándalo de tal magnitud que quedará para la historia de España, el comportamiento miserable e ilegal de unos políticos que aprobaron una ley, vulnerando el principio de seguridad jurídica, de unos gobiernos movidos por el odio, distinto de la reparación, y de un Tribunal Supremo plegado al gobierno de turno y a la presión mediática de criminalizar a Franco y al franquismo.

Mención aparte merece el comportamiento de una Iglesia, que para no perder sus privilegios, ha actuado con una tibieza sin límites, traicionando a su protector, vendiendo su alma al diablo.

Un país que tergiversa la historia y que se mueve por el odio y que no respeta a los muertos ni el estado de derecho, está abocado a su destrucción.

La sentencia demuestra el nivel político y no jurídico de los Magistrados del Supremo.