En vídeo, Monasterio durante el debate de candidatos de EL PAÍS y la cadena SER.

Vox ya no quiere cerrar los canales autonómicos de televisión sino privatizarlos. Si en las 100 medidas que hizo públicas en octubre pasado el partido ultranacionalista pedía “cerrar […] las televisiones autonómicas”, en el programa electoral para las 12 comunidades autónomas que renuevan sus asambleas el domingo limita el cierre a “agencias, observatorios e institutos autonómicos superfluos y aquellos organismos redundantes que dupliquen a los del Estado”. En cambio, propone la “reestructuración y privatización de empresas públicas” y cita el “análisis de la explotación privada a través de concesiones administrativas en casos como empresas de gestión de agua, metro, televisiones autonómicas”.

En el debate entre candidatos a presidir la Comunidad de Madrid organizado por El País y la Cadena SER, la cabeza de lista de Vox, Rocío Monasterio, fue preguntada expresamente si cerraría o privatizaría la televisión autonómica. “La auditaría y creo que la tendríamos que cerrar”, contestó sin comprometerse.

También ha desaparecido del programa de Vox para las elecciones europeas la propuesta de “suspender [el] espacio Schengen [de libre circulación de personas] hasta que exista la garantía de que no lo utilizarán los criminales para huir de la justicia (como han hecho los golpistas separatistas)”. Ahora, Vox se conforma con “impulsar una reforma de la euroorden” para incluir “de manera explícita el delito de rebelión y sedición”, de los que está acusado Puigdemont.

Algunas propuestas, sin embargo, no se han suavizado. El programa pretende “excluir la enseñanza del Islam de la escuela pública”. Francesc de Carreras y Diego López Garrido, catedráticos de Derecho Constitucional, creen que esta propuesta vulnera la libertad religiosa y el artículo 27.3 de la Constitución: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

“Una cosa es que los poderes públicos puedan no incluir la enseñanza religiosa en la escuela y otra que, si la incluyen, se discrimine a una confesión respecto a otra”, subraya López Garrido.

En España hay dos millones de musulmanes y entre 15.500 y 16.000 alumnos estudian religión islámica, la gran mayoría en la enseñanza primaria, según datos de la Comisión Islámica de España. En Ceuta y Melilla, siete de cada 10 estudiantes que cursa religión en la escuela pública elige la confesión musulmana, según el Ministerio de Educación.

Riay Tatary, presidente de la Comisión Islámica de España (equivalente a la conferencia episcopal católica), no quiere pronunciarse sobre Vox, pero recuerda que la enseñanza de la religión musulmana en la escuela pública es “plenamente constitucional” y se basa en el acuerdo de cooperación de 1992, con rango de ley. Los padres pueden elegir, mediante un formulario, que sus hijos estudien religión islámica y el organismo que preside Tatary facilita profesores a todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña y Murcia.

En materia educativa, Vox propone “introducir como falta disciplinaria muy grave del personal docente funcionario” lo que califica como “adoctrinamiento ideológico o transmisión de valores políticos a lso alumnos, así como la necesidad de contar con el consentimiento expreso de los padres “para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales”.

En materia fiscal, plantea reducir al menos el 50% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para familias con hijos y exención total del mismo para familias numerosas (tres o más hijos), al margen de cuáles sean los ingresos familiares y de que se trate o no de una vivienda de lujo.

(El País)