Santiago Abascal, en el Club Siglo XXI.

El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no han admitido las trece querellas presentadas por Vox contra líderes políticos o altos cargos desde octubre de 2014 porque los hechos no constituyeron «ilícito penal alguno», según los datos aportados por estos órganos. Las acciones fueron dirigidas contra Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Dolores Delgado, Quim Torra (hasta en tres ocasiones), Artur Mas, Carles Puigdemont o Roger Torrent, entre otros.

Ese año, la formación presidida por Santiago Abascal puso en marcha en redes sociales una campaña para defender el «ordenamiento constitucional y la unidad nacional», llamada ‘Vox te defiende’. En ella, un grupo de abogados trabajaron «de forma voluntaria para dar ideas y enfoques jurídicos», según rezaba la iniciativa, que tuvo poco impacto (apenas seis comentarios y 38 veces compartido en Facebook).

En estos cuatro años y medio, la campaña judicial tampoco ha tenido una respuesta efectiva en los tribunales cuando el partido ha liderado la acusación. Todas las querellas a líderes políticos han sido inadmitidas. Y solo en las causas del ‘procés’, su gran escaparate mediático, o contra la cúpula de los Mossos por presunta pasividad en el referéndum ilegal de 2017 (seguida por un juzgado barcelonés) han tenido un éxito parcial. Los abogados de Vox fueron oportunistas y se personaron antes que nadie como acusación popular -tras abonar las pertinentes fianzas- cuando el procedimiento penal ya estaba iniciado.

Por ejemplo, a la causa del ‘procés’ en el Supremo llegaron por arrastre desde el TSJC tras la querella de la Fiscalía contra la Mesa del Parlament por tramitar las «leyes de desconexión». En cualquier caso, pese al portazo de los tribunales solo la presencia en la causa del ‘procés’ justificaría la hiperactividad judicial de Vox. Y en esta estrategia se encuentra una de las razones de su irrupción electoral el 28-A: 2,67 millones de votos y 24 diputados.

Bien es sabido que la judicialización de la política forma parte de la batalla partidista. Ello gracias a la posibilidad de que las formaciones pueden ejercer, como persona jurídica, la acusación popular en un procedimiento penal (pese al recurrente debate en el mundo judicial de que habría que restringir a los partidos este derecho constitucional, una excepción en Europa).

El paradigma fue la personación del PSOE en ‘Gürtel’ desde que estalló en 2009. Después cogería el testigo Izquierda Unida con los ‘papeles de Bárcenas’ en 2013. También UPyD tuvo un papel clave en el ‘caso Bankia’, que ahora se juzga, y el PP fue parte activa en la acusación de los ‘ERE’ fraudulentos en Andalucía, que ya espera sentencia.

Con este panorama mediático-procesal, los estrategas de Vox vieron una oportunidad de emprender acciones judiciales vinculadas a la defensa de la unidad nacional. Y la inestabilidad en Cataluña desde la sentencia del Estatut en 2010 dio munición al plan. No fue casualidad que la primera iniciativa fuera una querella contra Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, por la consulta del 9 de noviembre de 2014. Vox le acusó de rebelión y sedición ante el TSJC. La acción tuvo poco sentido procesal, porque meses antes este mismo órgano ya había archivado otra similar de Manos Limpias, el pseudosindicato especialista en acudir a los tribunales.

Contragolpe conservador

La segunda acción tuvo lugar dos días después del 9-N. Vox quiso dar un golpe de efecto y se querelló contra Mariano Rajoy por dejación de funciones. Pero el Supremo inadmitió la querella porque el presidente «no tiene obligación directa de perseguir supuestos hechos delicivos». El siguiente movimiento llegó en junio de 2015 y el objetivo fue Santiago Espot, promotor de la pitada al Himno Nacional en la final de la Copa del Rey en Barcelona (fue juzgado y absuelto por la Audiencia Nacional).

Tras un paréntesis de varios meses, el siguiente en la lista fue Pablo Iglesias por delitos de blanqueo de capitales, electorales y por comprometer a la paz del Estado por sus presuntos vínculos con el régimen chavista. Pero también fue inadmitida. Y casi de forma simultánea el partido de Abascal denunció en la Audiencia Nacional a Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, por detención ilegal y torturas a dos responsables de Vox, que desplegaron en el peñón una gran bandera nacional en junio de 2016.

Pero si hay un año clave en la estrategia fue 2017. Con el ‘procés’ en el ambiente, el partido cabalgó a lomos del contragolpe conservador, simbolizado en la bandera nacional de los balcones de toda la geografía. Sus acciones adquirieron más eco mediático y el ‘crowdfunding’ les permitió pagar las fianzas para personarse. Se sumaron querellas a la Mesa del Govern, el Sindicato Electoral en Cataluña, la cúpula de los Mossos «por hacer caso omiso a los avisos de posibles atentados»; la ministra de Justicia por no defender al juez Llarena; o a Puigdemont por demandar al magistrado en Bélgica.

También fue inadmitida en el Supremo en febrero pasado la querella contra Pedro Sanchez por su tesis doctoral o en abril al presidente catalán Quim Torra por defender la «vía eslovena» para Cataluña.

La otra lista: artistas, activistas sindicalistas y periodistas

La campaña ‘Vox te defiende’ no solo ha ido dirigida contra líderes políticos o altos cargos institucionales desde octubre de 2014, también contra particulares, artistas, sindicalistas agrarios, colectivos de estudiantes, periodistas y medios de comunicación. En esta lista se encuentran el productor televisivo Josep Maria Mainat, el tuitero Domingo Mir, tres miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el presunto asesino de Víctor Laínez en Zaragoza, el activista Santiago Espot, la escritora Pilar Rahola, el periodista Antonio Maestre o el cantante Pablo Hasél.

En algunos casos, los dirigentes de Vox anunciaron acciones legales contra ellos pero no han acudido a los juzgados, según han confirmado desde los tribunales superiores de Madrid y Cataluña tras consultar sus bases de datos.

De estas acciones, en el caso de los tres integrantes del SAT fueron condenados por un juzgado de Jaén a multas menores por un intento de agresión al secretario general Javier Ortega Smith en junio de 2017. En los juzgados de Madrid, además, se mantiene abierta una querella por injurias y calumnias contra el Sindicato de Estudiantes. En el caso del catalán Mainat, fue una querella por presuntas injurias al Rey por un mensaje en la red social Twitter.

Lista de querellados

Artur Mas: rebelión y sedición por el 9-N. TSJ de Cataluña (octubre de 2014)

Mariano Rajoy: incumplir la Constitución el 9-N. Supremo (noviembre de 2014)

Santiago Espot: promotor de la pitada al himno. Audiencia Nacional (junio de 2015)

Pablo Iglesias: blanqueo de capitales, delito electoral y por comprometer la paz del Estado. Supremo (noviembre de 2016)

Fabián Picardo: detención ilegal y torturas. Audiencia Nacional (noviembre de 2016)

Joaquim Forn y otros: desobediencia, prevaricación y abandono del servicio. TSJC (septiembre de 2017)
Carme Forcadell y otros: desobediencia. TSJC (septiembre de 2017)

Sindicato Electoral de Cataluña: prevaricación, desobediencia o conspiración para la rebelión. TSJC (septiembre de 2017)

Roger Torrent: prevaricación y desobediencia. TSJC (mayo de 2018)

Cúpula Mossos: rebelión, sedición y desobediencia por el 1-O. Juzgado de Cornellá (junio de 2018)

Quim Torra: incitación al odio, encubrimiento y cospiración para la rebelión (octubre de 2018-abril de 2019)

Dolores Delgado: prevaricación y denegación de auxilio judicial. Supremo (diciembre de 2018)

Pablo Echenique: calumnias, injurias continuadas y odio. Juzgados de Madrid (enero de 2019)

Pedro Sánchez: falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y contra la propiedad individual. Supremo (febrero de 2019)

Carles Puigdemont: rebelión. Audiencia Nacional (marzo de 2019)

Ada Cola: prevaricación y denegación del deber de prestar servicio público. Juzgados de Barcelona (marzo de 2019)